Denunciaron que la activista detenida por el régimen chavista Rocío San Miguel lleva más de 100 horas incomunicada

Los abogados de la experta militar siguen sin tener contacto con ella desde su detención el viernes acusada por una supuesta “conspiración” contra Nicolás Maduro

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Rocío San Miguel
Rocío San Miguel

Los abogados de la experta militar Rocío San Miguel siguen sin tener contacto con ella, que lleva “más de 100 horas incomunicada” desde su detención el viernes acusada por una supuesta “conspiración” contra el dictador Nicolás Maduro.

A la detención de San Miguel, al frente de la ONG Control Ciudadano que registra violaciones de derechos humanos, le siguieron las de cinco de sus familiares, un hecho que Juan González Taguaruco, parte de su equipo legal, denunció como “un patrón claro de desaparición forzada”.

Esto es lo que se sabe del caso, que es seguido con “preocupación” por la oficina de Derechos Humanos de la ONU, así como por el gobierno de Estados Unidos:

Detenida en el aeropuerto

San Miguel, de 57 años y con doble nacionalidad, venezolana y española, fue detenida el 9 de febrero a las 05H00 horas locales en el área de migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Al momento de su detención se encontraba con su hija Miranda, quien pudo avisar a sus allegados que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) habían detenido a su madre.

La información oficial se ha conocido a cuentagotas. Pasaron más de 48 horas hasta que el fiscal general, Tarek William Saab, informó el domingo por la tarde que había una orden de detención sobre San Miguel, mediante un mensaje en la red social X.

La fiscalía la vincula con “Brazalete blanco”, un presunto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Maduro.

Foto de archivo de la activista y defensora de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel (EFE/Jeffrey Arguedas)
Foto de archivo de la activista y defensora de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel (EFE/Jeffrey Arguedas)

Maduro, que suele denunciar complot para derrocarlo, dijo que su régimen neutralizó cinco “conspiraciones” en 2023. El mandatario, en busca este año de su tercera reelección, ya había sido acusado en 2014 a San Miguel de estar involucrada en “un alzamiento militar”.

Desaparición forzada

El equipo legal a cargo de la defensa de San Miguel, de 57 años, denunció la “desaparición forzada” de la activista y cinco de sus familiares, incluidos su ex esposo, José Gonzales De Canales Plaza, militar retirado de la Aviación, y su hija, Miranda.

“Hasta las 10:30 am de hoy 13 de febrero, la defensa técnica no se ha podido comunicar con Rocío San Miguel o con alguno de los cinco familiares que también habrían sido presentados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo”, apuntó la defensa.

“No sabemos del paradero de cada una de esas personas, de modo que persiste la desaparición forzada. Rocío San Miguel suma 100 horas incomunicada”, informaron este martes sus abogados en un comunicado.

Audiencia sin defensa privada

En un segundo mensaje en X publicado la noche del lunes, el fiscal Saab mencionó una audiencia de presentación de seis personas, en alusión a San Miguel y sus cinco familiares, ante un tribunal contra terrorismo.

Luego de ello, la fiscalía solicitó privación preventiva de libertad para San Miguel y su ex esposo. A ella le imputarán los delitos de “traición a la patria”, “conspiración” y “terrorismo”, cargos por los que han sido procesados otros activistas venezolanos.

Al ex esposo de San Miguel, que se retiró de la Fuerza Armada con el rango de coronel, lo procesarán por “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación”, según Saab.

Los otros cuatro familiares de San Miguel recibieron medidas cautelares que consisten en “presentaciones periódicas” en el tribunal que lleva la causa, indicó Saab, sin precisar la identidad de estas personas.

“En esa audiencia Rocío San Miguel no contó con abogados de su confianza que garantizaran el derecho a la asistencia legal, como parte del debido proceso establecido en el artículo 44 de la Constitución”, añadió el equipo legal de la analista.

(Con información de AFP)

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