El revelador informe sobre la situación carcelaria en Venezuela: muerte, hacinamiento, hambre, extorsión y denegación de justicia

La organización Una Ventana a la Libertad describe a los Centros de Detención Preventiva con una palabra: deshumanizados. Y agrega: “Venezuela no se arregló. Y, para la población que se mantiene encerrada en los Centros de Detención Preventiva (CDP), la situación se complicó más, debido a la no disponibilidad de presupuesto para cubrir sus necesidades dentro de los mismos, por las terribles condiciones para su salud y mínimas condiciones de vida, por el hacinamiento que, a pesar de las acciones de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial, Plan de Justicia Inmediata, creada en junio 2021 y la Misión Cayapa desarrollada por los CDP”.

Así lo refleja el informe “Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela 2023″ que recientemente presentó Una Ventana a la Libertad, dirigida por Carlos Nieto Palma; la coordinadora de investigación, Magaly Huggins Castañeda; además de Nohely Marín, Carol Carrero Marrero, junto a un equipo de investigadores regionales.

En los Alertas de la organización hay evidencia clara de que en Venezuela se criminaliza la protesta. Una Ventana a la Libertad dice que se contaron por participar en alguna protesta 525 detenidos (45.03%); en protestas pacíficas, 300 participantes (25.73%); por protestas a gritos, 200 participantes (17.15%) y en motines, 104 detenidos implicados (8.92%).

La ONG incluye como problema “un sistema educativo que permanece sin funcionar tres de los cinco días de la semana, pues su personal docente debe realizar actividades de sobrevivencia para poder pagar pasaje y alimentar a su familia; miles de niños que por falta de alimentos no pueden asistir a la escuela”.

Aunado a la “escasez de los servicios públicos de agua potable, energía eléctrica, gas, gasolina y diésel lo cual afecta a todo el país, a la red hospitalaria y al sistema educativo y a todos los venezolanos. Una economía dolarizada informalmente, que ha desaparecido al Bolívar como moneda nacional y que no puede controlar la subida constante del costo de alimentos, remedios y demás insumos fundamentales”.

“Y, una administración pública que no ha sido capaz de garantizar a todas las personas que se desempeñan en ella y que son la mayoría de la población, un salario mínimo equiparable a un ingreso que permita llevar una vida digna”.

“Son casi 25 años con todo un país y su población sometidos a un discurso violento que ha construido un mundo simbólico en el cual se ha instrumentalizado la manipulación, para excluir a unos por diferencias fundamentalmente políticas, independientemente de la posición social; un control social que es una guerra psicológica que, estimula el odio cuando se utiliza la violencia física, paramilitar o policial, para mandar el mensaje de que la violencia física aún al extremo -asesina- es aceptada dependiendo de quien la cometa: si estás de mi lado estas seguro, si no lo estas, mejor te vas o mueres”.

“En las muertes por homicidio el 71% de las víctimas no tenían antecedentes policiales, mientras que entre los fallecidos en las intervenciones policiales el 64% sí tenía antecedentes policiales. Podríamos decir que, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad pues, en Venezuela, no existe la pena de muerte y, así es como podemos llamar estas acciones que cuentan con el apoyo gubernamental”.

“Otro año sin lograr cambios importantes en las condiciones de vida, la dignidad y en general, el respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran detenidas en los casi mil Centros de Detención Preventiva (CDP) en Venezuela. Se ofrecen reformas que sólo terminan siendo propaganda, y al final los problemas siguen igual o continúan empeorando”, se asevera en el informe.

“Es un régimen absoluto sin equilibrio de poderes, que nos ha llevado a una crisis terrible que se asocia al caos y la mala administración económica del país, y a un manejo no claro de los ingresos nacionales y de la administración pública”.

“Sobrevivir es un reto cada vez más difícil. Un sistema de salud en crisis total; un sistema educativo caótico. Control absoluto de los medios de comunicación social; una economía dolarizada informalmente que, ha desaparecido al Bolívar como moneda nacional, y una migración forzosa de casi 8 millones de venezolanos”.

“Niños y adultos desnutridos, comiendo de la basura y ofertas de solución de problemas que son sólo propaganda para decir que Venezuela se arregló”.

Señalan “la cada vez mayor participación de venezolanos en el tráfico de drogas, la trata de blancas y la corrupción, no sólo en el país sino también en muchos otros países Latinoamericanos”.

“En Venezuela no existe la democracia, ahora vivimos rodeados de incertidumbre. Son casi 25 años con todo un país y su población sometidos a un discurso violento que ha construido un mundo simbólico en el cual se ha instrumentalizado la manipulación, para excluir a unos por diferencias fundamentalmente políticas, independientemente de la posición social; un control social que es una guerra psicológica que, estimula el odio particularmente cuando se utiliza la violencia física, paramilitar o policial, para mandar el mensaje de que la violencia aún al extremo -asesina- es aceptada dependiendo de quien la cometa: si estás de mi lado estas seguro, si no lo estas, mejor te vas o mueres”.

En el informe, la ONG advierte que el índice de hacinamiento alcanzó más del 190% en el 2023; solo 4 estados, Cojedes, Mérida, Táchira y Trujillo, no tenían un número de detenidos mayor al cupo establecido. “Los más altos niveles de hacinamiento los encontramos en los estados Amazonas, Delta Amacuro, Aragua y Monagas”.

En cuanto a la Operación Cacique Guaicaipuro, se vieron afectados por estas acciones, 3.774 presos, aunque sólo 70 fueron trasladados a otras prisiones. El número de armas blancas o de fuego encontradas en los penales intervenidos, es bastante alto; 1.658 armas de los dos tipos.

“Si bien, el gobierno obtuvo lo que buscaba, es decir, propaganda, imagen pública nacional e internacional, los defensores de los derechos humanos de las personas detenidas, y sus familiares, nos quedamos esperando que realmente se produjera una toma de conciencia para que la Comisión especial para la Reforma del poder Judicial se convirtiera en una verdadera política pública, seria, coherente y estable a través del tiempo. Igual que la Comisión, el Plan Cayapa parece haberse ido a pique durante el 2023″.

“La Misión Guaicaipuro no es más que una acción de propaganda que no resolvió el problema de la inseguridad en las prisiones por el poder de los pranes, que las habían convertido en sus propios cuarteles, y sólo sirvió para aumentar el hacinamiento en algunos CDP”.

“Fue impactante llevar a los pranes que encerrarían en el CDP a esperar su traslado definitivo en la cancha deportiva del Colegio San Agustín, separado solamente por un muro de 3 metros”.

Los Alertas reportaron más de 1.747 hombres hacinados, 60 mujeres y 4 adolescentes, lo que hace un total de 1.811 personas detenidas para una capacidad de 410 cupos en los CDP; lo cual estaría hablando de un hacinamiento de 441,70%. “Este es un dato alarmante. El hacinamiento no se ha resuelto en los 3 años que lleva la Comisión Especial para la Reforma del Poder Judicial (CERPJ)”.

“En las medidas institucionales, los detenidos beneficiados en jornadas de asesoría jurídica ocuparon el primer lugar con 916 casos (54.11%) y 49 mujeres (2.89%)”.

Durante 2023 y en materia de salud reportados por los investigadores a través de los Alertas: “la tuberculosis con 34 casos (58.62%), la hipertensión 15 casos (25.86%), complicaciones pulmonares/respiratorias 11 casos (18.97%) y la diabetes 3 casos (5.17%)”.

“Las acciones del Plan Guaicapuro, al final, entraron en contradicción con las acciones de descongestionamiento o eliminación del hacinamiento que lleva a cabo la Comisión Especial para la Reforma del Poder Judicial y los CDP con el Plan Cayapa”. Un ejemplo significativo es el traslado de 100 presos a la sede de la DGCIM Boleíta.

“La tuberculosis es el problema de salud más serio de las prisiones al igual que en los CDP. Murieron 3 mujeres por enfermedades: tuberculosis, cáncer y desnutrición. En los hombres presos, la primera causa fue la tuberculosis y le sigue complicaciones pulmonares/respiratorias. En cuanto al hacinamiento, los datos que los investigadores obtuvieron fue del 197.68%”.

“Datos relativos a las acciones de descongestionamiento llevadas adelante en las prisiones durante el 2023: 100 mujeres fueron trasladadas para presentación, pero no sabemos que pasó luego con sus casos”.

“Las medidas tomadas en las prisiones por la Comisión especial para la Reforma del Poder Judicial en las prisiones o Centros Penitenciarios: sólo fueron liberadas 25 presas (2.89%). En cuanto a los hombres, fueron atendidos 717 presos (82.79%), siendo liberados 124 ((14.32%)”.

El principal problema para los detenidos son las múltiples dificultades que sus familiares, fundamentalmente madres, esposas, concubinas, hijas, hermanas y, en algunos casos, abuelas, deben enfrentar para cubrir sus necesidades en los CDP ya que muchos detenidos se encuentran lejos de las zonas donde están sus familiares.

“Las mujeres, aunque representan el 9.71% del total de detenidos, a finales del 2023, se encuentran en peor nivel de hacinamiento que los hombres; en los CDP es de 832.39%”.

Se pregunta la ONG, ¿Qué hacen 479 de los detenidos (20.74%), cumpliendo sentencia en los CDP monitoreados, y 1.831 (79.26%) detenidos procesados en los Centros de Detención Preventiva? “Pues, lo que venimos diciendo en Una Ventana a la Libertad, que los CDP fueron convertidos, sin informar a la ciudadanía, en las nuevas cárceles del Siglo XXI, en las cuales el debido proceso no existe. Son centros que, por las propias palabras de quienes están trabajando en ellos, la violación de los derechos humanos fundamentales es permanente”.

Uno de los hechos atroces que sufren las personas cuando van a asistir a su familiar detenido son la discrecionalidad y la extorsión: por ingreso de medicamentos y por traslado ante emergencias de salud.