La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue arrestada el viernes 9 de enero por la Policía política de la dictadura chavista cuando intentaba salir de Venezuela, en el marco de una investigación por presuntos planes golpistas contra el régimen de Nicolás Maduro, así lo dio a conocer la organización Provea a través de un mensaje en la red social X.
“Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas”, denunció la ONG.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón también se pronunció sobre la detención arbitraria de San Miguel y señaló que “allegados a la activista denuncian que desconocen su paradero a más de 24 horas de ocurrida la detención”.
Por su parte, el partido de la líder de la oposición María Corina Machado, Vente Venezuela, aseguró que con esta acción “el régimen sigue arremetiendo contra la sociedad civil como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos”.
La detención de la también experta en seguridad está relacionada con las investigaciones que está llevando a cabo el régimen venezolano en relación con los casos de conspiración denunciados por Maduro el pasado 15 de enero en la presentación de su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional.
Por estos hechos, hasta el 24 de enero, se contabilizaban 36 personas detenidas y 22 solicitadas por la Justicia chavista, según informó el fiscal general designado por Maduro, Tarek William Saab.
Entre los señalados por la dictadura chavista de estar vinculados con estas conspiraciones figura la periodista de Infobae Sebastiana Barráez, una acusación que fue rechazada por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y que la tildaron de “otro grave atentando al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y al debido proceso”.
Según esta organización, algunos funcionarios de alto nivel de la Fiscalía y autoridades del poder judicial han incumplido recomendaciones o protocolos de la ONU sobre abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas, dirigentes sindicales, estudiantiles, políticos y defensores de Derechos Humanos.
El CNP repudió que se pretenda continuar criminalizando a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de Derechos Humanos, sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al derecho de designar defensores privados.
Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó de la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que incluían el supuesto intento de asesinato de Nicolás Maduro.
(Con información de Europa Press)
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