La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de “regímenes autoritarios”, por lo que instó a reconstruir la democracia en el país caribeño.
El organismo se refirió entre otras personas a la candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, quien arrasó en las internas de la oposición.
El pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó su inhabilitación política para competir en esa y otras elecciones hasta 2036.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las inhabilitaciones administrativas en contra de personas opositoras y denuncia que dichas acciones son propias de regímenes autoritarios. En este sentido, exhorta al Estado a adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y garantizar la participación política de todos los sectores”, señala el organismo en un comunicado.
“Estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalienta la participación ciudadana en asuntos de interés público. Dicho patrón comprende detenciones arbitrarias de dirigentes opositores y sindicalistas, proyectos legislativos que restringen el funcionamiento de las asociaciones civiles, declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado y actos intimidatorios”, agrega.
Asimismo, para la CIDH, al apartar de la contienda a reconocidos dirigentes de la oposición “se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno”.
Adicionalmente, en su opinión, “se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.
El régimen venezolano denunció en 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos, que da base jurídica a la CIDH, y en 2017 hizo lo propio con la Carta de la OEA.
En su mensaje recordó que ningún órgano administrativo puede restringir a través de sanciones de inhabilidad o destitución los derechos políticos a elegir y ser elegido.
“Este tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal”, dijo la CIDH, subrayando que “en un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad”.
En Venezuela, añadió, “es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público”, y también se deben adoptar “con urgencia” medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y otros poderes públicos.
“Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas”, concluyó la organización, integrada por siete miembros que no representan a sus respectivos países de origen o residencia.
María Corina Machado aseguró que participará en las elecciones presidenciales de Venezuela pese a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, una medida que calificó de acto de “delincuencia judicial”. “Yo recibí un mandato del pueblo y lo haremos cumplir”, dijo el lunes pasado durante un acto frente sus partidarios en Caracas. “Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente porque la gente ya escogió quién es su candidato, punto”.
“No pueden hacer elecciones sin mi y sin los millones de venezolanos que nos apoyan”, reiteró.
La líder de Vente Venezuela aseguró que el dictador chavista busca “impedir” su candidatura ante el temor de una derrota y exigió “que se le pongan la fecha ya a las elecciones”.
La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió este sábado que sea revertida la sentencia que impide a Machado participar en las presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año, por considerar que constituye una “violación del debido proceso y del derecho a la defensa”.
La resolución de la justicia chavista provocó un fuerte repudio a nivel internacional.
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