Las 10 dinámicas criminales que marcarán la carrera presidencial de Venezuela este año

La mitad de la población mundial celebrará elecciones este año dado que unos treinta países elegirán a sus presidentes, entre ellos Estados Unidos, Rusia, India, Irán, México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; y en una veintena se prevén comicios legislativos: sólo en Europa, más de 400 millones de electores de las 27 naciones de la Unión Europea están llamados a sufragar a comienzos de junio para elegir a 720 eurodiputados.

Todas estas elecciones se llevarán a cabo en un contexto internacional perturbado por la invasión rusa a Ucrania, la guerra en la Franja de Gaza entre el grupo terrorista Hamas e Israel, y la tensión en el mar Rojo.

En lo que respecta a América Latina, son los comicios en Venezuela los que captan la atención mundial por varios factores, entre los que se destacan la intención de Nicolás Maduro de perpetuarse en el poder y la inhabilitación de su principal oponente, María Corina Machado.

“Venezuela se adentra en un año electoral y el presidente Nicolás Maduro está decidido a no soltar el poder. Sus alianzas criminales, una vez más, jugarán un papel crucial en la supervivencia del régimen chavista”, subraya un detallado informe del think tank InSight Crime, que presentó las 10 dinámicas criminales que marcarán la carrera presidencial en el país caribeño este año.

El reporte subraya que el régimen de Maduro “está cimentado en un sistema de gobernanza híbrida, en el cual redes de crimen organizado reparten rentas ilícitas con funcionarios de alto nivel, al mismo tiempo que ejercen control social y territorial en sus áreas de influencia. A cambio, las estructuras criminales reciben salvoconductos y, en algunos casos, son respaldados por fuerzas del Estado en sus operaciones”.

“La prolongación de Maduro y sus aliados en el poder consolidará aún más este sistema en 2024″, destacó el escrito; al tiempo que recordó que, durante 2023, “el gobierno de turno en Venezuela ejecutó múltiples ‘megaoperaciones’ de mano dura con el objetivo de imponer el orden en medio del fortalecimiento de la delincuencia en el país. En un despliegue altamente propagandístico, las autoridades atacaron prisiones, redes de narcotráfico, bandas urbanas y sindicatos de minería ilegal, entre otros”.

Sin embargo, investigadores, académicos, periodistas y líderes sociales que hablaron con InSight Crime coincidieron en que, aunque el régimen chavista reforzó una narrativa exitosa de las operaciones policiales y militares de gran escala, “estas acciones fueron más un teatro político que un intento real de desestabilizar el crimen organizado en el país. En la práctica, parece que los esfuerzos estatales estuvieron centrados principalmente en perseguir a los grupos criminales adversarios del gobierno y en su regulación de los mercados criminales”, manifestó.

Y siguió: “Mientras tanto, grupos armados híbridos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continuaron coordinando y cooperando con elementos del Estado. Extendieron su influencia sobre la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, controlaron el envío de toneladas de cocaína hacia el Caribe, y regularon los movimientos migratorios en la frontera, estuvieron detrás de redes de tráfico de personas y administraron el contrabando”.

“Las elecciones presidenciales de 2024 determinarán el futuro de este Estado híbrido que ha concedido diferentes licencias a grupos armados híbridos y actores estatales que coadministran una empresa criminal prolífica”, destacó InSight Crime, que enumeró 10 “dinámicas criminales”.

El informe recordó que el chavismo y la oposición sellaron un acuerdo en Barbados en octubre del año pasado para celebrar elecciones libres y justas, en medio del levantamiento de algunas sanciones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el régimen de Maduro ha estado apretando las tuercas contra las voces disidentes y, a finales de enero, se negó a levantar la inhabilidad política de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, violando lo pactado.

Las pasadas elecciones de 2021 fueron opacadas por la violencia y represión estatal, cuando un ciudadano fue asesinado en un centro de votación del estado de Zulia por grupos armados simpatizantes al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Adicionalmente, las elecciones anteriores, incluidas las presidenciales de 2018, nunca recibieron legitimidad internacional debido a la manipulación electoral y mecanismos de represión promovidos por el régimen. A mediados de enero de 2024, el gobierno amenazó las actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país y lanzó el Plan Furia Bolivariana, que da luz verde a las acciones de las fuerzas de seguridad contra elementos disidentes políticos para evitar “conspiraciones” y “ataques terroristas”.

A medida que avance el año -resalta el reporte- es probable que veamos otras formas de coacción electoral, protagonizada por grupos armados híbridos como los colectivos y el ELN, que controlan el suministro de recursos como la gasolina y los alimentos que funcionan para manipular la intención del votante. Pero a pesar de la creciente presión internacional y la amenaza de sanciones, la experiencia previa demuestra que Maduro no dudará en utilizar la violencia política si siente que su continuidad en el Palacio de Miraflores está amenazada.

Desde 2022, las fuerzas de seguridad han adoptado despliegues operativos de gran escala como método para perseguir a los principales líderes criminales que se niegan a sumirse a las reglas de juego de Maduro. Sin embargo, las operaciones del 2023 no lograron acabar con los principales líderes criminales que figuran en la lista de los 10 más buscados por el gobierno, entre ellos el líder del Tren del Llano, Óscar de Jesús Noguera Hernández, alias “El Pipi”, o Wilexis Acevedo, alias “Wilexis”, jefe de la banda que domina el barrio José Félix Ribas en la capital Caracas.

Y, aunque informes oficiales sostienen que Deiber Johan González, alias “Carlos Capa”, fue dado de baja durante un operativo, su muerte sigue sin confirmarse. A pesar de los fracasos evidentes, la promoción estatal detrás de los ‘megaoperativos’ ha generado una notable reacción positiva en las redes sociales. Por ende, el régimen de Maduro tendría un interés político en continuar con estas acciones, según explicó a InSight Crime Ezequiel Monsalve, coordinador legal de Defiende Venezuela, una organización defensora de Derechos Humanos.

“La lucha contra la delincuencia siempre será un argumento convincente para ganar seguidores, especialmente en gobiernos populistas”, comentó Monsalve. En el transcurso de este año, a medida que el gobierno busque imponer la conformidad política y reafirmar su autoridad sobre las economías ilícitas, es probable que recurra a las ‘megaoperaciones’ para perseguir a los grupos armado no alienados y regular aún más los mercados criminales, señaló InSight Crime.

El papel de Venezuela como punto de tránsito ha crecido con el aumento de los volúmenes de cargamentos de cocaína que fluyen a través del país hacia el Caribe y principalmente hacia Europa. Entre 2022 y 2023, el país experimentó un fuerte aumento de las incautaciones en su región Oriental. El estado Monagas, ubicado en el nororiente, escaló en el ranking de incautaciones de drogas del país, con más de dos toneladas de cocaína incautadas en 2023, en comparación con solo 17 kilogramos en 2022.

Aunque el gobierno afirma que sus operaciones militares a gran escala demuestran el compromiso de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, el régimen también ha recurrido a los despliegues operativos para afianzar su dominio sobre rutas de narcotráfico. En ese sentido, el aumento de las incautaciones también responde al incremento de la interdicción gubernamental y a la búsqueda de rutas alternativas por parte de redes de narcotraficantes no alineadas con los actores estatales.

InSight Crime espera que en 2024 los ingresos que genera la cocaína aumentarán en miles de millones de dólares a medida que la cadena de suministro mundial se adapte a la creciente producción de Colombia. Venezuela, ahora productor de cocaína además de país de tránsito, probablemente verá un volumen aún mayor de drogas fluir a través de sus estados orientales. Aun así, es probable que las fuerzas de seguridad venezolanas lancen nuevas ‘megaoperaciones’ localizadas en las regiones que vieron envíos de varias toneladas en 2023, con el objetivo de poner estas rutas bajo control estatal.

A finales de 2022, Maduro anunció un programa de reforma policial basado en un reclutamiento masivo. A lo largo de 2023, el gobierno incorporó alrededor de 40.000 nuevos miembros al cuerpo policial, según declaraciones públicas. Los informes sobre la participación de funcionarios de seguridad en extorsiones, robos y trata de personas, entre otros delitos, han sido noticia con regularidad, especialmente en la segunda mitad de 2023.

En el barrio Cota 905 de Caracas, las redes criminales incrustadas en las fuerzas de seguridad llegaron a sustituir a la delincuencia organizada local, según una investigación del medio periodístico Connectas. Venezuela ya venía cargando con problemas para pagar, formar y supervisar a sus fuerzas de seguridad antes de la nueva campaña de reclutamiento.

Los salarios de los funcionarios de seguridad, que se siguen pagando en bolívares a pesar de una dolarización ‘de facto’, comienzan en torno a los USD 14 mensuales, de acuerdo con el monitoreo mediático de InSight Crime y fuentes de seguridad consultadas. Tal es el coste de la vida en Venezuela, que un hogar promedio necesita USD 500 al mes para sobrevivir, de acuerdo con el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad.

Pero este auge de nuevos reclutas ha hecho que se pongan en peligro las normas mínimas de incorporación y capacitación, según un informe publicado en 2022 por el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN). La combinación de un apresurado proceso de selección y los bajos salarios produjo que la actividad criminal sea cada vez más tentadora para los oficiales de seguridad, dijo a InSight Crime Keymer Ávila, autor del informe y profesor de criminología en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela.

“Venezuela es actualmente un Estado policial, pero caótico y fragmentado. El Estado ha perdido el control sobre los funcionarios, que tienen sus propias agendas y necesidades, que satisfacen a discreción y sin límites”, afirmó. El último lote de reclutas de las fuerzas de seguridad venezolanas —unos 16.000 oficiales, según se informa— se graduó el 21 de diciembre de 2023. Si Ávila está en lo cierto, veremos a muchos de ellos involucrados en actividades de crimen organizado a lo largo de 2024.

La diáspora venezolana creció hasta casi 8 millones de personas en 2023, superando todos los registros de años anteriores. Además de los 600.000 migrantes que abandonaron Venezuela el año pasado, muchos huyeron de otras naciones sudamericanas, donde se habían asentado previamente, en busca de nuevos destinos.

Entre octubre y noviembre de 2023, 85.000 migrantes venezolanos fueron arrestados en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (Customs and Border Protection-CBP). Para llegar hasta el norte del continente americano, la ruta más frecuentada es la del Tapón del Darién, una peligrosa franja de selva entre Colombia y Panamá donde redes de crimen organizado ejercen el control sobre el paso de personas y la explotación de migrantes. Pero un número creciente también buscó rutas alternativas hacia Estados Unidos. Una de estas rutas lleva a los migrantes en avión desde la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta hasta la isla colombiana de San Andrés y luego por mar hasta las costas de Nicaragua. Esta ruta cubrió los titulares en el segundo semestre de 2023 después de que las autoridades colombianas desmantelaran una sofisticada red de altos funcionarios del Estado que recibían rentas del tráfico de migrantes.

Estas redes se encargan de convencer a los migrantes de que la ruta de San Andrés es más segura que la del Darién para vender paquetes “VIP” más costosos. Los venezolanos no han parado de emigrar, a pesar de que Maduro subió el salario mínimo un 48% este año, un aumento que pronto será consumido por la inflación. En grupos de familias viajan por rutas diversas, adaptándose diferentes obstáculos, ya sean políticas migratorias estrictas o travesías peligrosas, buscando caminos alternativos y nuevos destinos.

En 2024, las redes de tráfico de migrantes seguirán aprovechando esta dinámica, explotando a familias vulnerables, muchas de los cuales se dirigen a Estados Unidos como alternativa a países sudamericanos cada vez más inseguros y hostiles, como Ecuador y Perú, que han acogido a migrantes venezolanos durante años, remarcó el informe.

Ningún otro grupo delictivo venezolano se ha expandido con tanto éxito a nivel transnacional como el Tren de Aragua, que se aprovechaba del flujo de migrantes venezolanos por toda Sudamérica. Con la pérdida en septiembre de 2023 de Tocorón, la prisión que sirvió como base de operaciones del Tren de Aragua, se desvaneció una parte de la cooperación estatal que gozaba la banda carcelaria en Venezuela. En consecuencia, es posible que sus líderes den prioridad a una mayor expansión en el extranjero, y el vecino Brasil podría ofrecer una gran oportunidad potencial.

La limitada presencia del grupo en Brasil se ha debido en parte al menor número de venezolanos que emigran allí en medio de las dificultades idiomáticas. Sin embargo, esas cifras se han disparado, casi duplicándose entre noviembre de 2021 y 2023 hasta superar el medio millón, según cifras oficiales citadas por R4V. Y aunque Tren de Aragua ha mantenido un perfil más bajo en Brasil, el grupo no es ajeno a este territorio.

El secretario de seguridad de Roraima, un estado brasileño fronterizo con Venezuela, advirtió de que el Tren de Aragua se dedicaba al tráfico de drogas, armas y personas en la ciudad de Pacaraima, en septiembre de 2019. La policía de la ciudad de Boa Vista culpó al grupo de 12 asesinatos en un periodo de seis meses en 2021. También se ha informado que el grupo se ha establecido contactos con el Primer Comando Capital (PCC), la mayor organización delictiva de Brasil. Una alianza de este tipo podría hacer a ambos grupos más fuertes y más difíciles de combatir, según declaró a InSight Crime el profesor de la Universidad Federal de Roraima, Rodrigo Chagas. “El mayor problema es, si el Tren de Aragua se asocia con el PCC, ¿qué aprendería el PCC de ellos y qué aprenden ellos del PCC?”, dijo. Es posible que en 2024 conozcamos la respuesta.

A finales de 2023, entre septiembre y noviembre, el régimen de Maduro “tomó el control” de siete cárceles en Venezuela que estaban controladas por grupos de crimen organizado. Desde 2011, el gobierno había cedido el control de varias cárceles a las bandas de presos después de que la violencia intramural alcanzara niveles récord. Los líderes carcelarios, conocidos localmente como ‘pranes’, prometieron controlar la violencia dentro de las cárceles a cambio de poder y privilegios. Como parte de su ofensiva preelectoral contra la delincuencia, el gobierno venezolano decidió atacar el sistema penitenciario dirigido por los pranes.

Sin embargo, según Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), varios de los pranes más poderosos se fugaron antes de las redadas de las fuerzas de seguridad, lo que hizo sospechar que habían recibido una mano estatal. En particular, el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, huyó de la prisión de Tocorón días antes de que las fuerzas de seguridad tomaran el control.

Maduro ha proclamado que las intervenciones en las prisiones han sido un éxito y ha prometido continuarlas en las demás cárceles del país. Pero las operaciones no han solucionado los problemas subyacentes que llevaron a la evolución del sistema de pranato. Sin dinero estatal para llevar a cabo un cambio real, y con aún más hacinamiento, es probable que las prisiones sigan siendo centros del crimen organizado.

Entre julio y septiembre de 2023, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desalojó por la fuerza a más de 14.000 mineros informales del Parque Nacional Cerro Yapacana, en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela. El resultado de esta operación se presentó como una de las medidas más contundentes contra la minería ilegal en la historia reciente del país. Pero lo que parecía un golpe certero contra la minería ilegal en Venezuela resultó ser una campaña mediática más del régimen de Maduro para apaciguar la presión internacional en torno a la destrucción medioambiental de la Amazonia venezolana.

La minería ilegal en la zona no ha cesado, según la directora de SOS Orinoco, Cristina Burelli, quien afirmó que la operación militar no era más que una cortina de humo. “La gente está subiendo de nuevo al Parque Nacional Yapacana y reportan que la logística sigue igual”, dijo a InSight Crime. “Por eso decimos: esto fue para tomarse una foto, para hacer un anuncio, para hacer un show”.

Mientras Maduro busca aumentar los ingresos provenientes del oro para su economía asfixiada por sanciones internacionales, estructuras criminales como el ELN y el Frente Acacio Medina de la ex FARC mafia, manejan la actividad minera en Amazonas y comparten rentas ilícitas con el Estado. El régimen depende de las ventas de oro, en medio de los altos precios internacionales, y buscará reforzar su control del sector aurífero durante 2024, concluyó el reporte.

Las autoridades esperaban que la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia en septiembre de 2022 redujera el contrabando y la proliferación de pasos fronterizos ilegales conocidos como “trochas”. De igual manera, apuntaban a que esta medida proporcionara cierta recuperación económica a lo largo de la frontera. Sin embargo, alrededor del 60% de los alimentos que se venden en el país se importan ilegalmente, según el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA) de Venezuela.

Este comercio ilegal socava los esfuerzos por reconstruir el sector agrícola venezolano. A finales de octubre de 2023, el gobierno de Maduro lanzó la “Operación Mano de Hierro”, cuyo objetivo era “proteger las industrias nacionales” empleando a los militares para atacar a los contrabandistas. No obstante, los resultados se han limitado hasta ahora a pequeñas incautaciones y golpes insignificantes a las redes de contrabando.

La falta de impacto puede ser intencional. Esta economía ilícita sirve para prevenir la escasez que podría poner en riesgo la popularidad de Maduro entre los votantes durante un año electoral, así como también para pagar favores a políticos locales, fuerzas de seguridad mal pagadas y aliados del gobierno como el ELN.

La política insignia de la “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, que pretende poner fin al conflicto armado interno de Colombia de más de seis décadas de duración, tiene una inmensa relevancia para Venezuela. Mientras el ELN es uno de los principales actores de la iniciativa de paz de Petro, las facciones militares del grupo en Venezuela crecen y se benefician de la connivencia con elementos estatales locales. Tanto así que la organización rebelde de origen colombiano es ahora el actor criminal dominante en ambos lados de la frontera.

Con presencia en 19 de los 20 municipios fronterizos de Venezuela con Colombia, el ELN se ha establecido como el guardián de los corredores transfronterizos por los que transitan a diario cargamentos de drogas, mercancías de contrabando y familias migrantes. Esta ventaja geográfica fue una de las principales razones por las que InSight Crime nombró al grupo el actor criminal más poderoso de la región para 2023.

En años anteriores, el ELN utilizó la violencia contra civiles y otros actores criminales para controlar la región fronteriza. Pero en 2023, las facciones del grupo guerrillero colombiano cambiaron de táctica y se centraron en el control social y político. Con el respaldo implícito del Estado híbrido venezolano, el ELN se ha convertido en una autoridad casi legítima para los residentes de la zona fronteriza venezolana, coordinando visitas médicas, suministrando agua y proporcionando ayuda económica a las comunidades indígenas locales. Esto ha fomentado una impresión positiva entre los residentes, según un líder indígena del estado fronterizo de Zulia que pidió el anonimato por posibles represalias. “Que quede muy claro que la comunidad no rechaza la presencia del ELN en la zona”, dijo a InSight Crime el líder indígena.

La administración de Maduro dependerá del ELN tanto para limitar las acciones y campañas de la oposición como para sostener el flujo de rentas criminales que la guerrilla controla en territorio venezolano. En consecuencia, el control del ELN sobre la frontera entre Colombia y Venezuela se perfila como uno de los aspectos cruciales en el panorama criminal de Venezuela en 2024 y probablemente será un obstáculo en el avance en las conversaciones de paz en curso en Colombia, cerró el informe.