En Venezuela se registraron 524 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en 2023, un aumento del 32 % con respecto a 2022, cuando se documentaron 396, denunció este miércoles la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) en su informe anual.
Del total, 394 agresiones fueron contra organizaciones y las 130 restantes contra “personas defensoras de derechos humanos”, indicó la ONG.
Según el informe, el año pasado estuvo marcado por una “profundización de la política de criminalización” y un “aumento de las acciones represivas y de control a las organizaciones y personas defensoras”.
En este sentido, señaló que aumentaron las “vulneraciones a los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa” de DDHH.
Fue un “año de amenazas, hostigamiento, intimidación y uso de la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar a la sociedad civil”, subrayó la ONG.
Según estos registros, 298 fueron hechos de “estigmatización”, 133 de intimidación y hostigamiento, 67 amenazas, 10 ataques digitales, 8 de judicialización, 4 detenciones “arbitrarias” y otros cuatro no especificados.
Sobre los responsables, el CDJ señaló a funcionarios públicos en 223 casos, medios de comunicación estatales en 109, personas o agrupaciones “afectas a los intereses políticos del Estado” y “afiliados al (gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)” en 93, a instituciones públicas o entes gubernamentales en 75 y a “organismos de seguridad” en 24 de los hechos.
La organización advirtió que en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año, aún sin fecha definida, aumentarán “las restricciones al espacio cívico y democrático”, así como la “criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil”.
Además, alertó de la elaboración, por parte del Parlamento, de un proyecto de ley para fiscalizar a las ONG, que tiene el objetivo, según el CDJ, de “limitar y obstaculizar el trabajo” de la “sociedad civil en general”.
En otro orden, Estados Unidos expresó este miércoles su “profunda preocupación” por las órdenes de arresto y las detenciones por parte de la dictadura de Maduro de al menos 33 venezolanos, entre ellos opositores, activistas, ex militares y periodistas.
“Las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de hoja de ruta electoral de octubre de 2023 firmado entre la Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro”, señaló Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
Ese acuerdo, que comprometía a Maduro a facilitar unos comicios limpios, llevó a Estados Unidos a suavizar algunas de las sanciones que había impuesto al régimen chavista.
El gobierno de Joe Biden ha estado vigilando de cerca el cumplimiento de los compromisos por parte de los chavistas y ha advertido que las acciones que vayan en contra del espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias.
(Con información de EFE)
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