La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría chavista, creó este jueves una comisión para investigar a los ex diputados y partidos políticos que respaldan la continuidad del Legislativo de 2015, un grupo que, pese a haber terminado su período en el 2020, siguen sosteniendo reuniones y, según el Ejecutivo, controlan algunos activos del país en el exterior.
El chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Cámara, pidió al primer vicepresidente, Pedro Infante (PSUV), preparar un informe para que, dentro de una semana, se presenten a la plenaria los datos de los exdiputados que aprobaron la continuidad de este grupo opositor, así como de las organizaciones políticas que los respaldan.
“Que esa comisión presidida por el diputado Pedro Infante investigue, uno por uno, a esos ciudadanos, que el primer delito que están cometiendo es usurpar un cargo público (...) porque nadie eligió a la señora Dinorah Figuera a ser diputada eternamente”, dijo Rodríguez, haciendo referencia a la exdiputada que lidera este grupo opositor y que se encuentra exiliada en España.
Quienes mantienen activa la extinta AN de 2015, afirmó Rodríguez, usaron recursos del Estado para “mantener” a opositores en el exterior, “financiar campañas políticas” y a partidos antichavistas.
El parlamentario pidió que el uso de los activos a los que tienen acceso los exparlamentarios sea revisado de cara a las leyes de Extinción de Dominio y de Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, aprobadas en 2023 con el fin de “proteger” el patrimonio frente a cualquier “intento o acción de expolio”.
“Nosotros podemos, en el marco del acuerdo de Barbados y en el marco de esas leyes, exigirles (a los exdiputados) que devuelvan esos recursos”, dijo el jefe del Parlamento en alusión al proceso de negociación política que mantiene el Ejecutivo y el principal bloque opositor, de cara a las presidenciales de este año.
El pasado viernes, Rodríguez acusó a opositores de hacer uso de algunos activos venezolanos que se encuentran en el extranjero, lo que -remarcó- viola los acuerdos alcanzados el pasado mes de octubre en Barbados.
Por otra parte, Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves durante la presentación de su informe anual que las elecciones presidenciales previstas para este año en Venezuela perderán “legitimidad” si no se rehabilita a María Corina Machado, la candidata de la oposición.
La directora para América de la ONG, Juanita Goebertus, afirmó durante una rueda de prensa en la ciudad brasileña de San Pablo que la presencia de Machado en las boletas de los próximos comicios será “clave” para determinar el éxito o fracaso de los mismos.
“Fue elegida de forma absolutamente legítima por los venezolanos (en las elecciones primarias) como candidata de la oposición. Si no es rehabilitada, el proceso entero perdería legitimidad y las negociaciones en México entre las partes perderían toda relevancia”, aseguró Goebertus.
Asimismo, la activista apoyó la decisión de Machado de recurrir en diciembre ante la Justicia venezolana la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República y que le impediría concurrir a cargos públicos durante los próximos 15 años.
(Con información de EFE)