Como en Nicaragua: el Parlamento venezolano llevará a consulta pública el proyecto de ley que regula las ONG

El presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, informó que desde el viernes se llevará a cabo el proceso de consulta de este instrumento legal y les ordenó a los diputados sumarse

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla luego de asumir como presidente del Parlamento, hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Pena R

La Asamblea Nacional (AN/parlamento) de Venezuela anunció este martes que, a partir del próximo viernes, llevará a consulta pública el proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, cuya creación fue aprobada por la Cámara en primera discusión en enero de 2023.

Al término de la sesión parlamentaria de este martes, la primera de 2024, el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, informó que desde el viernes se llevará a cabo el proceso de consulta de este instrumento legal y les ordenó a los diputados sumarse.

El parlamentario recordó que, de acuerdo con la legislación, “es deber de la Asamblea Nacional consultar con todo el pueblo de Venezuela y las organizaciones que están involucradas en los alcances de esa ley y los elementos necesarios, a los efectos de dar una fructífera segunda discusión”.

El proyecto inicial de esta ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

El proyecto de ley fue ampliamente criticado por las organizaciones no gubernamentales, que manifestaron que con ella se busca “criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional”.

Las ONG se encuentran en contra de este proyecto de ley (EFE/Miguel Gutiérrez)

A finales de enero de 2023, en su declaración final tras una visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Volker Türk, pidió al Gobierno que establezca un “amplio proceso consultivo” sobre este Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales.

El reclamo de las ONG

Es una vulgar mordaza, aplicable a organizaciones que señalen irregularidades o procedimientos abusivos de representantes u organismos del Estado”, señalaron en un comunicado publicado por la ONG Provea en su página web.

Asimismo, dijeron que el proyecto de ley, que debe pasar por un segundo debate, propicia un “marco intimidatorio, que promueve el sometimiento de las organizaciones civiles a los antojos y pretensiones de un Gobierno que está señalado por buena parte de la comunidad democrática internacional por ejercer de facto las funciones del Ejecutivo nacional”.

“Un buen número de las ONG existentes en Venezuela cumplen labores humanitarias que son reconocidas, apreciadas y agradecidas por sectores vulnerables de la sociedad. Cubren espacios desatendidos por las autoridades que en teoría deberían atender tales labores”, agregaron.

Las organizaciones indicaron que el régimen chavista, en lugar de crear instrumentos que propicien “intimidación e intervención” de las ONG, “podría estimular estas formas de solidaridad social, de trabajo conjunto por el bienestar” de la sociedad.

El parlamentario recordó que, de acuerdo con la legislación, “es deber de la Asamblea Nacional consultar con todo el pueblo de Venezuela y las organizaciones que están involucradas en los alcances de esa ley y los elementos necesarios, a los efectos de dar una fructífera segunda discusión” (EFE)

El proyecto de ley, que dejaría sin legalidad a las ONG, recuerda la persecución efectuada por el régimen de Daniel Ortega que ha ilegalizado a decenas de organizaciones civiles en el país centroamericano.

El proyecto de ley señala en su artículo 15: “Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional: 1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos; 2. Realizar actividades políticas; 3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República; 4. Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”.

(Con información de EFE)

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