Fundaredes exigió la liberación de su director general, detenido hace 30 meses por el régimen de Maduro

La ONG Fundaredes exigió este martes la liberación de su director general, Javier Tarazona, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 30 meses de haber sido detenido de forma “arbitraria”.

”Javier Tarazona merece tener un 2024 en libertad”, reclamó la organización no gubernamental a través de la red social X (antes Twitter), donde ha compartido imágenes con una fotografía de su director y un mensaje en el que señalan que los “30 meses de detención arbitraria marcan el inicio” de este nuevo año para el activista y defensor de derechos humanos.

Fundaredes expresó que el Estado “mantiene, de manera ilegítima, privado de su libertad” a Tarazona, un caso que “visibiliza la criminalización contra la sociedad civil venezolana y defensores de derechos humanos”.

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

El pasado 19 de diciembre, Fundaredes denunció el aplazamiento del juicio oral y público, que estaba previsto para entonces, pero “quedó suspendido hasta el próximo 9 de enero”.

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ONG y docentes exigieron a fines de diciembre la libertad “inmediata” del profesor y sindicalista Robert Franco, considerado por organizaciones no gubernamentales como un “preso político”, quien cumple hoy tres años detenido de manera “injusta”.

Las oenegés Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis) y Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) recordaron, a través de mensajes publicados en X (antes Twitter), que el 26 de diciembre de 2020 Franco fue detenido “injustamente” por “defender los derechos” laborales de los educadores.

Según un vídeo difundido en la red social por la presidenta de Fordisi, la educadora Gricelda Sánchez, los “tribunales han diferido la audiencia 97 veces” en estos tres años.

Señala que, luego de la detención, Franco fue acusado de “planear asesinar al fiscal general, Tarek William Saab”, y le imputaron los delitos de “terrorismo, traición a la patria y homicidio intencional agravado en grado de tentativa”.

Sin embargo, Fordisi sostiene que está preso “por sus ideas y por ejercer la defensa de los derechos laborales”, y niega que sea un “criminal”, un “corrupto” o un “golpista”.

En cambio, Franco es, de acuerdo con la ONG, profesor de educación física y secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela en el estado Sucre (noreste), donde “protestó en varias ocasiones para exigir sueldos dignos”.

Amnistía Internacional (AI), que también exigió su “libertad inmediata e incondicional”, incluyó a Franco en un informe publicado en agosto de este año sobre casos de personas “criminalizadas por el Gobierno de Nicolás Maduro” entre 2019 y 2023.

(con información de EFE)