El pasado 17 de octubre la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes del régimen de Maduro suscribieron en la isla de Barbados un acuerdo que suponía un camino para el progresivo retorno del país a la senda de la democracia.
Los tres ejemplares del documento, del que pocos detalles se conocieron, fueron firmados por una veintena de miembros de las partes negociadoras, en presencia del ministro de Exteriores de Barbados, Jerome Walcott, representantes de Noruega, país facilitador, y de otras naciones acompañantes como Países Bajos, Rusia, México, Colombia y Brasil.
El evento también fue celebrado expresamente por el gobierno de los Estados Unidos a través del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un breve comunicado.
La Casa Blanca dijo entonces que la administración de Joe Biden mantendrá sus esfuerzos para “unir a la comunidad internacional en apoyo al proceso de negociación” en Venezuela.
Más tarde, el secretario de Estado, Antony Blinken, explicó que Washington, aliado de la oposición venezolana, aliviaría parte de las sanciones impuestas contra la dictadura a cambio de medidas que garantizaran “elecciones competitivas y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales” en Venezuela.
Estados Unidos manifestó también su expectativa de que, a cambio de los favores concedidos, el régimen de Caracas estableciera “un cronograma y un proceso específico para la reinstalación acelerada de todos los candidatos”, es decir el levantamiento de las sanciones de inhabilitación política que pesan, entre otros, sobre la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Igualmente, el Departamento de Estado pidió que comenzara “la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”.
Los pedidos de la Casa Blanca llevaban consigo una advertencia: “Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán de cerca la implementación de la hoja de ruta electoral, y tomará medidas si no se cumplen los compromisos previstos en la hoja de ruta electoral y con respecto a los presos políticos”.
El plazo dado a Maduro para la toma de decisiones fue expreso, “finales de noviembre”. La consecuencia del incumplimiento sería la reversión de las concesiones otorgadas, la mayoría de ellas relacionadas con la posibilidad de que se reactive la industria petrolera y con ello el ingreso de fondos para financiar a la dictadura que el año que viene se juega el control del país en elecciones presidenciales.
Las señales
Las primeras decisiones no tardaron en llegar, tras el alivio de las sanciones por parte de Estados Unidos, el régimen de Maduro liberó a un grupo reducido de presos políticos venezolanos. En la lista, difundida por la propia oposición, figuraban Juan Requesens (quien se encontraba bajo arresto domiciliario); el periodista Roland Carreño; Marco Antonio Garces Carapaica, vinculado con el caso del estadounidense en prisión Matthew John Heath; Eurinel Rincón, detenida por haber salido en una fotografía con el dirigente político Gilbert Caro y Mariana Barreto, una cardióloga detenida por denunciar irregularidades en el suministro de gasolina en una estación de servicio.
El 20 de diciembre se concretó la excarcelación de otras 30 personas, entre ellas 10 ciudadanos estadounidenses que se encontraban secuestrados por el régimen, a cambio del testaferro de Maduro, Alex Saab, quien permanecía detenido en la ciudad de Miami.
Aunque tardó, otra de las señales enviadas por la dictadura venezolana – y quizá la más esperada por la sociedad civil– fue el inicio de un proceso para el levantamiento de las inhabilitaciones políticas contra los miembros de la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia dio plazo de 15 días a los afectados para apelar las sanciones de la Contraloría General de la República.
De la “hoja de ruta” para la celebración de elecciones libres y transparentes para el próximo año, hasta ahora, no ha habido ningún tipo de anuncio.
Fin de la fiesta
Aunque las escasas señales enviadas por Maduro han servido para mantener vigentes los favores obtenidos por Estados Unidos, la deuda con la oposición venezolana parece no haber tenido grandes cambios.
Según cifras de la ONG “Foro Penal” la lista de presos políticos en el país caribeño sigue siendo de casi 250 personas, más de la mitad de ellos militares disidentes.
Además, la Justicia venezolana parece haber activado el mecanismo de “puerta giratoria” con respecto al tema de las detenciones por razones políticas. En medio de los anuncios de liberaciones como parte del acuerdo, la Fiscalía ordenó la detención de otros 13 miembros de la disidencia, entre ellos Henry Álvarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, militantes activos de Vente Venezuela, el partido de la candidata María Corina Machado.
La medida también recayó sobre el presidente de la ONG Súmate, Roberto Abdul; los dirigentes en el exilio Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo y Leopoldo López; y los ex ministros chavistas Andrés Izarra y Rafael Ramírez.
De los recursos legales introducidos ante la Justicia por parte de los inhabilitados políticos, incluida la candidata María Corina Machado, no hubo ningún tipo de resolución hasta ahora.
Aunque en el caso particular de la líder de la oposición se envió una consulta concreta a la Contraloría, la Alta Corte decidió dejar en suspenso el asunto y no emitir ningún tipo de respuesta, aparentemente hasta el retorno de sus vacaciones por las fiestas de navidad y año nuevo.
Y, pese a la reciente movilización de todo el aparato electoral del país, para la celebración de un referéndum consultivo sobre la disputa del Esequibo con Guyana, el sistema electoral venezolano no ha presentado ningún tipo de cambios.
La depuración del registro y una amplia jornada de actualización de datos, que garantice el voto de los exiliados, que huyeron de las calamidades de la dictadura, son parte de las obligaciones contraídas por el régimen al firmar el acuerdo de Barbados.