Revelaron las graves consecuencias para Venezuela por el encuentro entre Nicolás Maduro e Irfaan Alí

Rechazamos “en forma contundente la inmadurez y hostilidad hacia varias generaciones de venezolanos que han estado involucrados en la reclamación de la Guayana Esequiba y hacia el espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966, exhibida por Mohamed Irfaan Alí al presentarse con una pulsera irrespetuosa y provocadora con una versión espuria del mapa de Guyana. Asimismo, lamentamos profundamente que Nicolás Maduro haya aceptado retratarse con este elemento irrespetuoso, lo que supone haber permitido una humillación a Venezuela Toda, denotando la triste situación de debilidad estratégica a la que ha llevado al país”.

Así lo destacó el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), en un documento, a propósito del Encuentro entre Venezuela y Guyana, realizado el 14 de diciembre de 2023, en Argyle, que auspició el Primer Ministro de San Vicente y Las Granadinas y Presidente Pro-Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Ralph Gonsalves, y que contó como la asistencia de los mandatarios Nicolás Maduro y Mohamed Irfaan Alí, así como el Primer Ministro de Dominica y Presidente Pro-Témpore de la Comunidad de El Caribe (Caricom), Roosevelt Skerrit; y por la Presidencia de Brasil, el Consejero Especial Celso Amorim. Como observadores, el Canciller de Colombia, Antonio Leyva Durán; el Vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres Zelaya, y sendos enviados del Secretario General de la ONU, António Guterres.

La organización Covri, que tiene como objetivo principal promover el estudio y la investigación aplicada en Relaciones Internacionales, especialmente en lo tocante a Venezuela, y está presidido por el doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Kenneth Roddgers Ramírez Domínguez, enfatiza “en diplomacia las formas son importantes”.

Según explica el documento “el protocolo diplomático implica fórmulas, reglas y modalidades de actuación para llevar a cabo actos oficiales que requiere preparación, precisión y habilidad, estando orientadas a salvaguardar la igualdad jurídica de los Estados y la dignidad de sus representantes; y al ser mal empleado o ignorado, se transmiten mensajes equívocos y generan percepciones adversas, debilitando la acción estratégica de un Estado a nivel internacional”.

“Por otra parte, este faux pas diplomático ha dejado claro el mal estado en que se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y los problemas que genera tener a un titular que carece de una formación adecuada para tan importante cargo”.

Agrega Covri que recibieron con beneplácito que todos los Estados asistentes hayan reiterado su compromiso de que América Latina y el Caribe siga siendo Zona de Paz, y la labor de moderación constructiva que hizo la Celac, Caricom y el Gobierno de Brasil.

Consideraron “que Brasil ha sido el gran ganador del Encuentro de Argyle, el cual le permitirá mostrar a otros actores el éxito de su política de diálogo y normalización de relaciones con Venezuela, aumentar su influencia en la región del Caribe, así como exhibirse a nivel global como una ‘potencia emergente responsable’ que ha logrado mantener la paz y estabilidad regional”.

“No obstante, hacemos notar, que la profunda preocupación y gran cantidad de especulaciones que se han producido a nivel regional y global sobre las supuestas intenciones agresivas del Poder Ejecutivo obedecen al imprudente Referéndum Consultivo del 3 de diciembre de 2023, así como a las medidas posteriores tomadas, las cuales han sido más efectistas que eficaces en hacer avanzar nuestra reclamación de la Guayana Esequiba, sirviendo en cambio al Gobierno de Guyana para sembrar insidias, fortalecer sus alianzas e intentar ensombrecer la legítima actuación que Venezuela ha mantenido desde la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966″.

“Entendemos que esta suerte de brinkmanship mal concebido por el Poder Ejecutivo ha fracasado estrepitosamente. El numeral 1 de la Declaración de Argyle implica garantías a Guyana sobre un refreno de Venezuela respecto al uso de amenazas y un hipotético uso de la fuerza “en ninguna circunstancia”, lo cual nunca ha estado realmente planteado. El numeral 6 señala además que ambos Estados se abstendrán, ‘ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia entre ellos’; y ‘cooperarán para evitar incidentes’ que disparen las tensiones”.

“El numeral 4 apenas toma nota del desacuerdo persistente entre Guyana y Venezuela sobre el proceso judicial seguido en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). De hecho, afirma que Guyana ‘está comprometida con los procesos y procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza’. Es decir, el Poder Ejecutivo ha aceptado formalmente recular en su intento de presionar al Gobierno de Guyana para que acepte volver a las negociaciones directas como mecanismo para resolver la controversia de la Guayana Esequiba, mientras que la posición de Guyana no se ha movido ni un ápice”.

“Además, en esencia, el Poder Ejecutivo ha aceptado con la Declaración de Argyle, cumplir con la orden sobre medidas provisionales emitida por la CIJ el 1 de diciembre de 2023 como buscaba Caricomy Brasil que, aunque no se ha mencionado expresamente, ha seguido a pies juntillas”.

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) destaca que debe recordarse que “la CIJ ordenó como medida provisional que Venezuela debe abstenerse ‘de tomar cualquier medida que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa’, tal como ahora lo hace con otro lenguaje el numeral 1 de la Declaración de Argyle”.

Por otra parte, la Corte “pidió a ambas Partes abstenerse ‘de tomar cualquier acción que pueda agravar o ampliar la controversia (…) o hacerla más difícil de resolver’, tal como ahora señala el numeral 6 de la Declaración de Argyle”.

Ante ello, Covri ratifica ante la opinión pública que “no estamos ante una vuelta de las negociaciones directas respecto a la controversia de la Guayana Esequiba, sino ante el establecimiento de un mecanismo peculiar de diplomacia preventiva que combina los buenos oficios y el diálogo político directo con el propósito de lograr un desescalamiento de las tensiones y una paulatina normalización de las relaciones bilaterales, que son dos cuestiones muy diferentes”.

Piden fijarse en el numeral 7 de la Declaración de Argyle, en el cual “se establece una Comisión Conjunta de Cancilleres y técnicos de Guyana y Venezuela ‘para tratar temas mutuamente acordados’, vale decir: Distensión y evitación de incidentes que conduzcan a tensiones; diferencias sobre la resolución de las controversias pendientes (la terrestre y la marítima, conexas pero distintas) de conformidad con el Derecho Internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra; diálogo sobre cualquier otro asunto pendiente de importancia mutua. El propósito es que Guyana y Venezuela de manera independiente, puedan lograr encontrar a través del diálogo, una disminución de la conflictividad actual y una normalización de las relaciones bilaterales”. “En paralelo, se ha establecido un mecanismo de buenos oficios que se mantendrá en manos de la troika integrada por San Vicente y Las Granadinas, Dominica y Brasil, independientemente de que en el futuro estos países dejen de encabezar la Celac y Caricom, y seguirá contando con la observación del Secretario General de la ONU, António Guterres (numeral 8)”.

“Dicha troika regional debe fomentar la aproximación entre las Partes, servir de interlocutores a las mismas y fungir como mecanismo de prevención en el caso de que se lleguen a producir incidentes que conduzcan a tensiones entre las Partes, ayudando a “contenerlo, revertirlo y evitar que se repita” (numeral 6), asegurando así la coexistencia pacífica. Cabe destacar, que estos tres países tienen intereses geopolíticos contrarios a Venezuela respecto a la reclamación de la Guayana Esequiba y han expresado en el pasado su apoyo al proceso judicial seguido en la CIJ”.

En el documento, el Covri resalta “el valor simbólico del reconocimiento regional de la Guayana Esequiba como ‘territorio en disputa’ en el numeral 9 de la Declaración de Argyle en una fase tan delicada de la controversia, sobre todo ante las declaraciones más extremistas de Mohamed Irfaan Alí”. “Sin embargo, la próxima reunión convocada en Brasil en un plazo de 3 meses ‘para considerar cualquier asunto con implicaciones’ para la Guayana Esequiba, incluido la presentación de un informe de la Comisión Conjunta (numeral 9), no debería generar expectativas desproporcionadas y suponer una distracción respecto al vencimiento del plazo fijado a Venezuela por la CIJ para depositar la Contramemoria en apenas 4 meses”.

“Tomando en cuenta que se trata de un tiempo muy corto, la situación del proceso judicial seguido en la CIJ, la debilidad estratégica de Venezuela y los intereses geopolíticos de la troika que maneja los buenos oficios, resulta improbable que el Gobierno de Guyana cambie de posición y acepte un retorno a las negociaciones directas sobre la controversia de la Guayana Esequiba, como ha sido el deseo expresado por el Poder Ejecutivo”.

Además, “debería tenerse claro, que más allá de todas las declaraciones del Gobierno de Guyana en sentido contrario, se frota las manos deseando una nueva ‘no comparecencia’ (non-appearance) del Poder Ejecutivo en fase de fondo o méritos para aumentar las probabilidades de ganar el caso en ausencia de Venezuela”.

Insiste el documento de Covri en recordar que “las sentencias de la CIJ son inapelables y vinculantes para las Partes, como lo establecen los Art. 59 y Art. 60 del Estatuto. En este sentido, la CIJ ya advirtió claramente a Venezuela que la no participación de una Parte en el procedimiento en cualquier etapa del caso no puede, en ninguna circunstancia, afectar la validez de su sentencia”.

“Exhortamos nuevamente al Poder Ejecutivo a hacer un lado el efectismo y la instrumentalización de la reclamación de la Guayana Esequiba para propósitos subalternos de política doméstica. Además, le hacemos un nuevo llamado a desplegar una estrategia integral que defienda los intereses de Venezuela en todos los tableros, incluyendo la CIJ”.

Enfatiza la organización que “se requiere una posición seria y responsable hacia la reclamación de la Guayana Esequiba, lo cual implica fortalecer la unidad nacional para desplegar la mejor defensa posible de los derechos de Venezuela en la CIJ y para mantener la controversia sobre la Guayana Esequiba en términos políticos más allá de lo que ocurra en este tribunal internacional, para garantizar así en todos los escenarios, la consecución de un resarcimiento moral y material del despojo sufrido por Venezuela en el siglo XIX”.

“Incurrir en contumacia jurídica, en el caso de que el Poder Ejecutivo no comparezca definitivamente a la CIJ en la fase de fondo o méritos del caso para presentar todas las pruebas contra el nulo e írrito Laudo de 1899 y nuestros títulos históricos de soberanía sobre la Guayana Esequiba, supondrá un daño tan grave para nuestra reclamación, que el Tribunal de la Historia juzgará severamente a sus responsables, por más que luego se quiera negar con retórica vacua y justificar con propaganda fatua. Se cometería un grave error histórico, del cual alertamos una vez más”.

“Venezuela quedaría sin defensa en este tribunal internacional, y aumentaría la probabilidad de una sentencia adversa para nuestros intereses nacionales, la cual puede terminar reconociendo la ‘validez’ del llamado Laudo de 1899, que como sabemos, tiene suficientes vicios como para que el Poder Ejecutivo solicite con contundencia, en nombre de Venezuela, su nulidad ante la CIJ”. “En este tribunal internacional, nos guste o no, ya se encuentra el caso debido a una cadena de errores cometidos por la diplomacia venezolana en las últimas dos décadas. Si quedaba alguna duda al respecto, las declaraciones de los abogados enviados por el Poder Ejecutivo a la CIJ en las audiencias orales de noviembre de 2022 fueron categóricas”.

“Volver insistir, como ha quedado recogido en el numeral 4 de la Declaración de Argyle, en ‘la afirmación de Venezuela de su falta de consentimiento y falta de reconocimiento de la CIJ y su jurisdicción en la controversia fronteriza’ constituye un atentado contra la ética de la responsabilidad que debe ser guía en la conducción de las relaciones exteriores de la República”. “Además, como ha quedado en evidencia en el Encuentro de Argyle, el Poder Ejecutivo carece de alternativas realmente viables en medio de la debilidad estratégica a la que ha sumido a Venezuela”.

“Instamos al Poder Ejecutivo a concentrar en adelante sus recursos y energías en preparar y entregar en la CIJ, la Contra-Memoria de fondo o méritos del caso el 8 de abril de 2024; para lo cual recomendamos la convocatoria de los mejores expertos del país sin distinción ideológica, así como el fortalecimiento del equipo jurídico que ha llevado hasta ahora el caso en la CIJ con escaso acierto”.

Finaliza Covri recomendando que “en paralelo, el Poder Ejecutivo puede intentar dar efectividad a la Comisión Conjunta prevista en el numeral 7 de la Declaración de Argyle y explorar en ese espacio una negociación extrajudicial con Guyana, pero a sabiendas de que las probabilidades de éxito a estas alturas son francamente bajas”.