Venezuela debería celebrar el año entrante elecciones presidenciales aunque aún deben sortearse una serie de obstáculos en los que el régimen chavista es experto. Nicolás Maduro, que se mantiene en el poder desde hace una década, está decidido a permanecer en el Palacio de Miraflores, incluso con la mayoría de la sociedad venezolana en su contra y las objeciones de la comunidad internacional.
Para ello, cuenta con un recurso infinito de trampas electorales en la que la más brutal y directa es la inhabilitación política, una suerte de as bajo la manga que le permite mantener alejados de la carrera electoral a los principales líderes de la oposición, entre ellos la ganadora de las primarias, María Corina Machado. Sobre la líder de Vente Venezuela pesa una sanción que la impide de ocupar cargos públicos por 15 años por lo que, al haber sido emitida en 2015, se extiende hasta 2030 y la deja fuera de los comicios del año próximo.
Estados Unidos intercedió en este conflicto y, abogando por garantías democráticas para las elecciones, accedió a levantar algunas sanciones a cambio de la habilitación de Machado, en el marco del Acuerdo de Barbados. Si bien el oficialismo se mostró reacio a hacer lugar a esta exigencia, acabó por ceder ante lo pactado y definió que los afectados puedan recurrir a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que sus casos sean revisados.
El periodista Leocenis García y el ex alcalde Daniel Ceballos se presentaron ante los magistrados para pedir la revaluación de su situación mientras Machado se opuso a ello ya que asegura que “no hay ningún acto” que pueda recurrirse porque “ni siquiera” fue notificada de ello.
La decisión de la líder opositora, entonces, puede entenderse en varios sentidos: por un lado, por una real convicción de la falta de legitimidad del procedimiento del cual no fue informada, también por la propia desconfianza hacia cualquier proceso oficialista o, incluso, por el largo historial de este tipo de medidas en el país.
Las inhabilitaciones en Venezuela no son una novedad; por el contrario, ya llevan 17 años adueñándose de la escena política nacional.
Esta estrategia, clave en la confección y el rediseño del tablero electoral, comenzó a implementarse en 2006 durante el chavismo, bajo el entonces contralor Clodosbaldo Russián. Hasta entonces, el Consejo Nacional Electoral -antes conocido como Consejo Supremo Electoral- se basaba en una tabla de objeciones para conocer la condición legal de los ciudadanos y poder determinar así si existía alguna objeción judicial que defina el alcance de sus derechos políticos.
Sin embargo, en 2006 con la llegada de la “Lista Russián”, el CNE junto con la Contraloría General de la República (CGR) dispusieron una modificación en este mecanismo por la que se amplió la categoría de “inhabilitado político” para sumarle tres variantes y extender aún más su alcance: inhabilitado político, inhabilitado para ejercer funciones públicas e inhabilitado por interdicción civil.
Dado que el oficialismo ha conseguido el control total de los poderes nacionales, el Contralor General dispone de un aval dispuesto en el artículo 105 de la ley interna para llevar a cabo estas acciones. Precisamente, el texto le otorga la posibilidad de imponer las inhabilitaciones con un lapso máximo de 15 años, como en el caso de Machado.
Esto, no obstante, se contradice con los puntos 42 y 65 de la Constitución Nacional de Venezuela en los que se determina que el ejercicio de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por una sentencia judicial firme en los casos en que la ley lo determine.
Asimismo, choca con el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos ya que considera como legítimas únicamente las limitaciones a los derechos políticos que se basen en una condena directa emitida por un juez competente en el marco de un proceso penal.
Ya en 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había advertido de la violación del Pacto de San José dado que el artículo 105 “se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción”, cuando debería tratarse de “una condena por juez competente en un proceso penal”. Es por ello que exigió a Caracas la supresión de esta atribución del Contralor y la vía libre para todos los afectados que deseen participar en el proceso electoral.
Fiel a su estilo, el régimen hizo caso omiso a estos pedidos y se mantuvo firme en su postura. Si bien concedió “indultos” a 52 opositores durante las elecciones parlamentarias de 2020 y las municipales y regionales de 2021, para diciembre de aquel año había nuevamente ordenado más prohibiciones sobre disidentes.
Ahora, María Corina Machado se enfrenta al gran desafío de hacer valer la voluntad de más del 90% de la oposición que la eligió para enfrentar a Maduro y devolverle al país un orden democrático. Como dice desde el inicio de su campaña y reiteró en las últimas semanas: No nos van a detener, todo lo contrario. Esto nos da más fuerza, vamos a seguir hasta el final”.