La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, tildó este jueves de “ilegal e ilegítimo” el referendo sobre el Esequibo convocado por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
La oficina de Almagro denunció en un comunicado la “postura agresiva” del régimen venezolano frente a Guayana y aseguró que las crecientes tensiones entre ambos países suponen una “preocupación para la seguridad regional” y amenazan la “estabilidad y soberanía territorial” en el continente.
El referendo, en donde la mayoría de los ciudadanos que participaron votaron a favor de anexionar el Esequibo a Venezuela, supone “una vez más” un uso “antidemocrático de procesos democráticos” por parte de Maduro, señaló el comunicado.
“Las recientes acciones tomadas por el régimen en Venezuela no sólo ponen en peligro el desarrollo y la estabilidad de Guyana, sino que también plantean un riesgo más amplio para la seguridad de América Latina y el Caribe”, denunció el liderazgo de la OEA.
A su vez, Almagro pidió al Consejo Permanente del organismo convocar una reunión extraordinaria para “discutir posibles medidas para mitigar” las tensiones entre los dos países suramericanos.
El régimen venezolano, que presentó una solicitud formal para salirse de la OEA en 2017, no tiene representación en el organización.
Venezuela celebró el pasado domingo un referéndum consultivo que fue promovido por el régimen de Nicolás Maduro y que recibió el apoyo de los electores sobre el estatus de la región del Esequibo, 160.000 kilómetros cuadrados de selva rica en recursos.
Las diferencias por los límites fronterizos comenzaron con el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica. La resolución ha sido denunciada por Venezuela ante la ONU desde 1962.
El comunicado
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pone de manifiesto la urgencia y gravedad de la situación respecto de la postura agresiva del Régimen de Maduro en Venezuela hacia la República Cooperativa de Guyana, que ha escalado hasta convertirse en un punto de importante preocupación para la seguridad regional y constituye un asunto que amenaza la estabilidad y soberanía territorial dentro de nuestro Hemisferio.
Es imperativo recordar que la frontera establecida en 1899 por un Comité de Arbitraje internacional está vigente y es jurídicamente vinculante para todas las partes según el derecho internacional. Este laudo se vio recientemente reforzado por procedimientos y decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Estos procedimientos fueron ordenados por el Secretario General de las Naciones Unidas de acuerdo con los términos del acuerdo firmado en 1966 Ginebra por representantes de los gobiernos de Venezuela y Guyana.
El régimen de Maduro continúa tomando y promoviendo acciones ilegales contra Guyana, como la realización de un referéndum ilegal e ilegítimo el 3 de diciembre de 2023, mediante el cual busca anexarse la región del Esequibo. Esta acción se tomó no sólo con un flagrante desprecio por el derecho internacional y las decisiones de la CIJ, sino también, una vez más, con un uso antidemocrático de procesos democráticos.
El régimen venezolano ya había llevado a cabo otras acciones agresivas antes del referéndum, incluidos varios incidentes y actos de intimidación. Estas acciones ilegales han escalado y ahora las violaciones a la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia son flagrantes: la dictadura venezolana está adoptando acciones jurisdiccionales en materia de defensa, nacionalidad, administración y economía en clara violación de la jurisdicción e integridad territorial de otro Estado.
También hay que tener especialmente en cuenta que el régimen venezolano ha estado en permanente violación de las normas universales de Derechos Humanos -como lo atestiguan informes del sistema de Naciones Unidas- y de las normas interamericanas de Derechos Humanos -como lo atestiguan informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las autoridades del régimen son investigadas ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad; el Régimen Venezolano ha sido un violador contumaz de la Carta Democrática Interamericana, ha generado por su propia acción la peor crisis migratoria del Hemisferio y la peor crisis humanitaria del Hemisferio, además de los juicios por corrupción referidos a PDVSA y el narcotráfico, juicios que involucraron al entorno de la dictadura.
Las recientes acciones tomadas por el Régimen en Venezuela no sólo ponen en peligro el desarrollo y la estabilidad de Guyana, sino que también plantean un riesgo más amplio para la seguridad de América Latina y el Caribe, una situación que ha sido condenada repetidamente por la Comunidad del Caribe (CARICOM).
A la luz de estos acontecimientos, y con la decisión de la CIJ sobre medidas provisionales contra Venezuela del 1 de diciembre de 2023, la Secretaría General reafirma y hace suya la solicitud de una reunión del Consejo Permanente de la OEA lo antes posible. Esta reunión tendría como objetivo discutir posibles medidas para mitigar esta crisis y explorar soluciones que respeten el derecho internacional y la estabilidad regional.