Se registra un 90% de impunidad en los casos de violencia contra la mujer en Venezuela

A los femicidios se le suma la violencia vicaria, institucional, patrimonial, la violencia ante la denegación de justicia que ocurre en Venezuela cuando los jueces, fiscales, magistrados y funcionarios policiales ignoran y se burlan de aquellas alertas cuando un agresor maltrata a la mujer, ejerce venganza contra los hijos, agresión sexual contra su pareja o expareja. La justicia a veces se quita la venda de los ojos y favorece a quien agrede a la mujer o sencillamente no actúa con la diligencia necesaria. A ello se le suma que hay numerosas organizaciones que, aun recibiendo cuantiosos recursos para la defensa de la mujer, se limitan a estadísticas o denuncias internacionales. Los casos de Linda Loaiza y Vanessa Vivas tienen un componente común, el poder político o económico de los agresores. Los de presas políticas, algunas víctimas de agresiones sexuales, todas de violencia institucional y psicológica.

A propósito del Día Internacional de la erradicación de la violencia contra la Mujer, instaurado el 25 de noviembre, es necesario recordarle al Estado la urgencia de actuar, que se haga justicia ante las agresiones contra cientos de féminas y más aún evitar que el número de víctimas siga creciendo aceleradamente, porque en 90% de esos casos no se ha hecho justicia. Uno de los emblemáticos es el de Linda Loaiza, que ganó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el Estado venezolano, luego de cinco años de la sentencia, aún no ha cumplido.

En el caso de Leyla Vanessa Vivas Villamizar, ex esposa del diplomático Nelson Javier Ortega Bonilla quien era embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial; un tribunal a cargo del juez Jorge Luis Devenish se prestó para que otro Tribunal, el del juez de San Antonio del Táchira Luis Alberto Cárdenas Useche, usando un inusual despliegue policial, le quitara los tres niños sin que la madre previamente hubiese sido notificada. Desde entonces ella ha sufrido violencia por parte del poder del entonces embajador, pero también de la Fiscalía que tiene desaparecida la denuncia que por violencia hizo Vivas ante el Ministerio Público.

Lo que ha inclinado la balanza para favorecer al ex embajador es la influencia de embajadores, magistrados, ministros y mucho dinero. Contrario a defender a la mujer en estado de indefensión, la Fiscalía contribuye para que Ortega ejerza mayor violencia sobre ella al acusarla de delitos sexuales, no le permita ver ni hablar con los niños, ante lo cual el Tribunal a cargo de la jueza María Luisa Isea Peley hace absoluto silencio permitiendo la violencia institucional sobre Vanessa Vivas y colateralmente contra el derecho de los niños.

En Venezuela hay numerosos casos de madres detenidas y judicializadas, acusadas por sus ex parejas o por funcionarios que usan el delito sexual como argumento solo para quitarles a sus niños.

El caso de Yrasema Malavé es dramático, porque un año antes el Consejo de Protección municipal le quitó a su hija; la mujer desesperada pidió en videos dirigidos al Fiscal General Tarek William Saab que se hiciera justicia. Una fiscal del estado Carabobo le advirtió que dejara de denunciar a los funcionarios de La Isabelica en Valencia, porque de lo contrario la encarcelaría y eso hizo el 10 de mayo 2023 cuando ella concedía una entrevista. Al final, sola, presa y sin recursos económicos para defenderse, como ha sucedido con otras mujeres, acató la sugerencia de los abogados de que asumiera los hechos porque tenía la amenaza de pasar 23 años en prisión.

Otro testimonio brutal de violencia institucional contra la mujer lo relató Carmen Esperanza Iribarren Peraza, quien se cansó de reclamar que le devolvieran a su nietos, hasta que la detuvieran, la sacaron del apartamento donde vivía y ella no pudo ante la violencia institucional.

Muchos familiares de mujeres víctimas mortales por violencia deben recurrir a la protesta pública, para tratar de que se haga justicia. Algunas de esas voces se siguen oyendo durante años en el país. Hay hechos que han conmocionado a la opinión pública, por los involucrados, como el asesinato de la jovencita Ángela Nohely Aguirre Yaguare. También en la Fuerza Armada con el caso de la teniente Elinés María Olivero Turmero, cuya familia aseguró que el cuerpo de la joven tenía marcas de golpes que no se correspondían con un suicidio; el Ministerio Público accedió a una segunda autopsia. Antes de que esta concluyera, Últimas Noticias un medio de propaganda oficialista, aseguraba que la chica se había suicidado, lo que fue publicado por numerosos medios, aunque UN eliminó el artículo unas horas después.

A través de un comunicado, ocho de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos que han demostrado interés en la defensa de las mujeres, de los derechos humanos y ciudadanos, se pronuncian, desde el estado Lara, “ante la escalada de hechos de violencia de género (feminicidios, agresiones físicas y sexuales), cometidas contra la población femenina”.

Ellas son por la Red de Derechos Humanos de Lara, el sociólogo Nelson Freitez; Cátedra Libre de Derechos Humanos Ucla Barquisimeto; sacerdote Raúl Herrera de la Vicaría de Derechos Humanos Lara; SOS Pacientes Renales; Marisol Bustamante de Transparencia Ciudadana; Vicsalys Lucena de la Fundación Iribarren Lucha; Edgar Silva del Comité de Pensionados y Jubilados; Luzmila Leal del Frente Nacional de Mujeres de Lara; y Natalia Reverón de Fenasopadres. Destacan que, de acuerdo con el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), del 01 de enero al 31 de julio 2023, se han consumado 160 femicidios y 93 femicidios en grado de frustración.

Afirma el comunicado que “en promedio hubo una acción femicida cada 19 horas. En total, 55 niños y niñas quedaron huérfanos. En 10 de los casos los niños presenciaron la muerte violenta de su madre. Se profundiza todas las formas de violencia de género en Venezuela al situarse la impunidad en un 90% según señalan las investigaciones realizadas por Organizaciones como Provea, Cepaz, Fundaredes, Utopix y Acceso a la Justicia y confirmadas recientemente por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

Es por ello que hacen un llamado de alerta “a todos los sectores de la sociedad venezolana sobre acciones a seguir para exigir garantía sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y al deber que tienen las instancias judiciales para dar estricto cumplimiento a las normas jurídicas establecidas y a los convenios internacionales suscritos por Venezuela para tales fines”.

“Aquí debemos recordar el caso de Linda Loaiza, el cual ha marcado un antes y un después en la historia de la violencia contra la mujer y las actuaciones pasivas del Estado, para dar protección a un sector que hoy representa la mitad de la población. En 2001, increíblemente el país fue testigo de las trabas por las que tuvo que pasar Loaiza para intentar acceder a un sistema de justicia que fue evasivo en todo momento ante las evidencias presentadas y que terminan en 2018 con una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Dicen las citadas ocho ONG que “los casos de agresión sexual contra niñas y adolescentes pueden tardar hasta tres años en un tribunal, aunado a que la reducción de pena para estos agresores representa la revictimización no sólo de la víctima sino del grupo familiar”.

“Ante cada hecho de agresión contra la población femenina y ante el deterioro del sistema de justicia, expresamos ante el país y ante la comunidad internacional el incumplimiento del Estado venezolano en el compromiso de reducir los índices de violencia contra la población femenina y al mismo tiempo la no implementación de programas educativos que promuevan la equidad de género y el respeto por la diversidad social en los distintos sectores de la población”.

“¿Hacia dónde va un país cuyos índices de impunidad en los casos de violencia de género se ubican en un 90%? ¿Tiene el Estado algún propósito en mantenerse inmutable ante estadísticas tan graves? Es claro, que el Estado tiene responsabilidad directa en la condición de inseguridad que hoy vive la población femenina en Venezuela, dónde los agresores sienten, en los débiles mecanismos de justicia, el mayor estímulo para incurrir en cualquier tipo de delito estipulado en la legislación como violencia de género”.

“En nombre de las mujeres agredidas y asesinadas en nombre de sus familias, de sus hijos y de sus padres exigimos justicia y acciones contundentes para frenar los elevados y alarmantes índices de femicidios en el país. Así mismo, solicitamos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Comité para la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) y a la Corte Interamericana de DDHH exigir al Estado Venezolano el cumplimiento de los tratados y convenios suscritos para la reducción y erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer”, finalizan diciendo las ocho ONG.