El régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes

La Corte Penal Internacional (CPI) celebró este miércoles en su sede en La Haya la segunda y última audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta jornada, el régimen chavista presentó de nuevo sus argumentos contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. El martes, la Fiscalía de la CPI ya los había rechazado y hoy hizo lo mismo.

El régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes: “Evidentemente en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”, dijo en representación del chavismo el abogado británico Ben Emmerson.

En tanto, el letrado Aitor Martínez Jiménez detalló que “los datos actualizados en relación a 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”.

Es decir que sólo cinco de los 124 incidentes que presentaron ante la CPI recibieron condena, apenas el 4 % del total de la muestra.

Emmerson defendió que “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales porque eso no es lo que se plantea”. Sin embargo, la Fiscalía retrucó que “deben prestar atención (a los mismos) porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño”.

“La Sala fue razonable e hizo lo correcto”, continuó la Fiscalía de la CPI; al tiempo que ratificó que “hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad” en la nación caribeña.

“Pese a esto, Venezuela insistió en que no hubo crímenes contra la población civil y apuntó en que pudo haber habido abusos pero estos fueron casos aislados e individuales, y que se investigaron oportunamente”, acotó.

Por su parte, el abogado del Estado venezolano reconoció que “ninguno de esos casos se ha cerrado completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua”.

Al respecto, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos que observaron, “en 47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir tres cuartas partes. También 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada”.

Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, indicó que -para las víctimas-, “sólo un enfoque global permitirá develar la verdad, los autores inmediatos, reconocerá el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones”.

Luego rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violación y agresión sexual como delitos de tratos crueles o tortura. “Estamos en descuerdo y se lo queremos remitir a nuestro colega de Venezuela. La violación y otros tipos de violencia sexual cuentan como elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel. Estos crímenes salvaguardian intereses distintos y también abarcan otras cosas para las víctimas”, resaltó.

Marc Perrin de Brichambaut, juez de la Corte Penal Internacional, recordó que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000. “Cuando lo hizo, asumió unos compromisos, entre ellos el respeto a que la CPI podría tener que actuar en algunas circunstancias. ¿Cuáles fueron los obstáculos que le costó a Venezuela en los últimos 23 años aceptar la legislación?”, preguntó.

Ante ello, el abogado Ben Emmerson respondió: “La crítica de los 23 años es injusta. Venezuela fue el primer país de la región en firmar el Estatuto de Roma y ha respetado sus obligaciones con la Corte”. El letrado criticó que la CPI, como “corte extranjera” -así la definió-, “intervenga en el derecho nacional y soberano de perseguir a los propios ciudadanos por crímenes en su propio territorio”.

El martes, la Fiscalía de la CPI alegó que su investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad está en “fase preliminar” y es “poco razonable que pueda identificar” sospechosos o “establecer el alcance real” del caso, en contra de la posición mantenida por el régimen de Caracas.

El chavismo, que niega la validez legal y sustancial de la petición de reanudar la investigación, trató de convencer a los jueces para que rectifiquen su decisión de permitir a la oficina del fiscal Karim Khan reanudar la investigación.

Un momento de tensión en la jornada se vivió cuando Marc Perrin de Brichambaut, juez de la Corte Penal Internacional, le advirtió a la delegación chavista que no aceptará su “lenguaje irrespetuoso” ni las “calificaciones incisivas”.

“Es mi deber recordar a todos los abogados aquí presentes de las prácticas normales que se aplican en esta corte. Lenguaje irrespetuoso y calificaciones incisivas son inadecuadas, inapropiadas como medios para expresar los puntos de vista de las partes participantes y no se reconocerán como argumentos válidos”, sostuvo.

Y agregó: “Nuestros debates se inspiran en el principio del respeto de la ley y respeto mutuo entre las partes. La Sala espera que quede entendido”.

Los representantes de la dictadura de Nicolás Maduro pidieron que Venezuela sea tratada con respeto. “La sesión de ayer demostró graves irregularidades que se cometieron contra Venezuela en este proceso”, defendieron los diplomáticos caribeños; al tiempo que agregaron: “Pedimos un trato justo, equilibrado y objetivo”.

En sus últimas palabras, los miembros de la Fiscalía hicieron algunas aclaraciones respecto a la visión de los acontecimientos. “No hablábamos de la situación actual cuando nos referíamos a que no habíamos empezado las investigaciones. Nos referíamos a ese momento puntual en el que estábamos empezando a trabajar”, ratificaron; al tiempo que acotaron: “Venezuela no pudo demostrar que investigó estos hechos (por los que se la acusa de crímenes de lesa humanidad)”.

Los integrantes de la Defensoría de las Víctimas hicieron un repaso de lo abordado en las dos jornadas de audiencias. Respecto a las traducciones de documentos -tema que fue discutido el martes-, dijeron que Venezuela no ofreció traducciones. “Todavía no queda del todo claro si los documentos utilizados fueron traducidos del español y, si se tradujeron, quien lo hizo”, señalaron.

También resaltaron que las autoridades venezolanas “son las únicas que pueden empezar a investigar”; al tiempo que indicaron que “ahora hay que centrarse en si la Corte debe intervenir en una situación en concreto”.

“Los alegatos de Venezuela confunden. La admisibilidad de una situación queda determinada al principio de la participación de la Corte. Se ocupa de casos concretos. Los Estados pueden impugnar esto en otras fases del proceso. Hay que centrar el foco en la situación de casos concretos”, aconsejaron.

Dijeron que los crímenes que sufrieron las víctimas están vinculados con sus creencias políticas: “Dicho elemento arroja luz sobre el sufrimiento de la víctima y las razones que están detrás de su victimización. Fueron perseguidas debido a sus creencias políticas”.

“Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad. Por razones de seguridad no daré nombres pero quiero agradecer su contribución a las víctimas. Informaron de retrasos significativos en los pocos procesos que se llevan a cabo y algunos indicaron que sus casos fueron cerrados sin investigaciones adecuadas”, subrayaron; al tiempo que concluyeron: “En la mayoría de los casos los perpetradores no fueron denunciados”.

Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública y Sensibilización de la Corte Penal Internacional, indicó que, en términos generales, lo que se está dirimiendo es una cuestión de admisibilidad de una situación ante la CPI. Todo esto bajo el artículo 18 del Estatuto de Roma, que requiere que un Estado demuestre un proceso avanzado de investigaciones y procesamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por el Fiscal de la Corte.

Fue en junio pasado cuando los jueces de la sala de cuestiones preliminares autorizaron al fiscal de la CPI a seguir con las investigaciones, al considerar que si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía de la CPI.

La República Bolivariana de Venezuela apeló esa decisión y en estas audiencias no se dictó una sentencia. El fallo de los jueces se emitirá más adelante.

Durante estos dos días -ayer y hoy- se brindó la oportunidad a la Fiscalía de la Corte, a los representantes del régimen venezolano y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, que actúa en nombre de los intereses generales de las víctimas, de abordar cuestiones específicas que surjan de sus presentaciones y de responder a las preguntas de los jueces.

Ahora, los jueces deliberarán y emitirán su fallo a su debido tiempo. Si no se puede alcanzar la unanimidad, el dictamen se tomará por mayoría de los jueces.

El fallo se dictará en audiencia pública y su fecha se anunciará públicamente con antelación, informaron desde la CPI.

Los jueces pueden decidir confirmar la decisión previa de la Sala de cuestiones preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía en Venezuela, revertirla o modificarla. También pueden enviarla a la Sala de cuestiones preliminares para una nueva determinación.