María Corina Machado emergió como la indiscutible vencedora de las elecciones primarias en Venezuela, logrando un impresionante 92% de los votos. El jueves, fue proclamada como la candidata de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, con el objetivo de desafiar al chavismo.
Sin embargo, las dudas que muchos todavía se plantean con respecto a los próximos pasos que tiene que dar la dirigente para lograr la titánica hazaña de terminar con la dictadura chavista, que ha sumergido al país en la peor crisis de su historia, tiene que ver con el estatus de la supuesta inhabilitación que pesa sobre ella para ocupar cargos públicos, una medida que le fue impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, su posible contendor electoral en 2024.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) plantea dudas sobre su habilitación para presentarse en las elecciones. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó categóricamente que no existe ninguna posibilidad de que alguien inhabilitado pueda participar en una elección presidencial.
“No hay ni una sola posibilidad, pero ni una, ni una, ni media, ni 0,2 (%), ni 0,1 (%), de posibilidad de que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial”, dijo Cabello.
Además, el PSUV acusa a la oposición de inflar los números de participación en las primarias, que se llevaron a cabo para elegir un candidato unitario que desafíe al chavismo en las elecciones de 2024, en las que María Corina Machado salió victoriosa.
“Ellos prefieren mentir y tratar de inflar unos números hasta niveles que nadie puede creer, porque, además, no tiene ninguna lógica matemática, no tiene ninguna lógica electoral”, agregó el segundo del chavismo.
En respuesta a la inhabilitación que amenaza su candidatura, Machado cuestionó la violación de los acuerdos de Barbados durante su proclamación.
“Es una contradicción porque un sector del régimen pareciera que está dispuesto a una competencia electoral y que incluso contempla la posibilidad de ser oposición en Venezuela. Hay otro sector que pareciera que con dinero y recursos tuvieran la oportunidad de ganar. Pero, hay otro sector que no se quiere contar. Que tiene miedo de contarse”, dijo Machado.
En medio de esta situación que aparenta bloquear el camino de la recién electa candidata, Machado ha dejado ver algunas de las estrategias que tiene para lograr el objetivo de sacar a Maduro del poder y concretar su habilitación.
Ella afirma que “el problema de la inhabilitación lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos en el domingo pasado”.
Una carta que tiene mucho peso sobre el tablero de la inhabilitación de María Corina, es la de las sanciones que pesan sobre el régimen de Maduro, las cuales se han estado discutiendo en las negociaciones entre el chavismo y la oposición, que están siendo mediadas por países aliados, incluyendo a Estados Unidos.
Tanto es así que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha establecido condiciones específicas para el levantamiento de sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, que recientemente fueron parcialmente aliviadas, si la inhabilitación no se resuelve en las próximas semanas. La forma en que se maneje este problema determinará en gran medida el curso de las elecciones presidenciales y el destino político de Venezuela.
Sin embargo, algo que llama mucho la atención, es que el chavismo ha preferido en los últimos días hacer mucho más hincapié en tomar medidas para deslegitimar las primarias, alegando que la oposición no cumplió con el acuerdo de Barbados y que supuestamente infló los números de participantes, que enfocarse en el tema de la proscripción de Machado.
Esto se produce debido a que el chavismo no esperaba una participación tan alta en las elecciones y busca presentarla como un fraude.
Por lo tanto, el régimen de Maduro ha iniciado un proceso penal contra la Comisión Nacional de Primarias, acusándola de fraude, usurpación de funciones y legitimación de capitales. Esta acción marca una ruptura en el acuerdo firmado recientemente en Barbados, donde ambas partes se comprometieron a promover una convivencia política a cambio del levantamiento gradual de las sanciones de Estados Unidos.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció que se han designado fiscales para llevar a cabo la investigación por delitos como usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Saab afirma que las primarias fueron “un total fraude” y que se burló la voluntad de los votantes.
“Me estoy refiriendo a Jesús María Casal y Mildred Camero (presidente y vicepresidenta de la Comisión de Primaria) en los próximos días para que comparezcan en vista de que esta investigación está abierta y respondan por estas irregularidades ante el país y la justicia”, dijo Saab.
Por su parte, el vocero del chavismo en el proceso de negociación en Barbados, Jorge Rodríguez, ha solicitado la presencia de observadores internacionales para auditar el proceso. Alega que las condiciones acordadas deberían aplicarse a todos los procesos electorales, incluidas las primarias.
“Uno de los elementos, establecidos en el acuerdo de Barbados, establece: Las partes procurarán a que las condiciones electorales a las que hace referencia este acuerdo sean igualmente aplicables para el resto de procesos electorales que corresponda desarrollar”, dijo Rodríguez, quien agregó, “que venga el Centro Carter, que venga una misión técnica de la Unión Europea y conjuntamente con el CNE, para que se vuelvan a contar esas papeletas”.
Por otro lado, Gerardo Blyde, jefe negociador de la oposición venezolana, asegura que María Corina Machado deberá ser habilitada para las elecciones presidenciales de 2024, según lo acordado en Barbados. El acuerdo establece un procedimiento para rehabilitar a los candidatos inhabilitados administrativamente.
“Yo creo que no se esperaban ese nivel de participación. Están leyendo condiciones acordadas entre las partes para procesos electorales como la presidencial como si se hubieran suscrito para las primarias y eso no es cierto”, dijo Blyde.
“Con principio de celeridad constitucional, un procedimiento -ya sea administrativo o judicial- mediante el cual a todo candidato a la presidencia que esté sometido a una inhabilitación administrativa se le debe respetar su derecho constitucional y rehabilitarlo”, agregó.
Para ello, aseguró que se creará “una comisión que va a determinar cuál va a ser el procedimiento a seguir para producir con celeridad” el eliminar la medida anunciada por el régimen sobre los opositores.
“El proceso de las primarias está protegido por el acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado en Barbados, que estipula que las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos que deseen”, resaltó el negociador de la oposición.
Con todos estos puntos, la disputa política venezolana parece entrar en una nueva fase en la que convergen acciones internas y externas.
Por una parte la presión por parte de EEUU para que el régimen cumpla los acuerdos y levante la inhabilitación a la indiscutible nueva líder de la oposición, María Corina Machado, que cuenta con el apoyo de más de dos millones de venezolanos, que contra todo pronóstico y a pesar de los temores que implica votar en unas elecciones de estas características, salieron a brindarle su apoyo a la dirigente liberal.
En el mismo plano internacional, juegan las mediaciones de los demás países observadores del proceso, como el Reino de Noruega, la Unión Europea. Brasil, Colombia entre otros. La propia Organización de Naciones Unidas (ONU), ha instado al régimen de Nicolás Maduro a respetar los derechos políticos y electorales de los ciudadanos, especialmente después de la persecución de la Comisión Nacional de Primarias.
Mientras que en el plano interno, por una parte se desarrolla la pugna judicial que intenta plantear el régimen al pretender criminalizar a la Comisión de Primarias, mientras que las partes negociadoras discuten la interpretación de los acuerdos de Barbados bajo la amenaza del chavismo de romper el pacto.
No obstante, María Corina, que ahora goza con la legitimidad que le bridó el soberano, planea usar ese liderazgo tanto para influir en el cumplimiento de los acuerdos y las negociaciones, como para continuar sumando apoyos y concretar la meta que se ha propuesto en las presidenciales de 2024.