Primarias opositoras en Venezuela: quiénes son los diez candidatos que compiten para enfrentar a Maduro en 2024

La oposición venezolana celebra este domingo sus elecciones primarias en las que se definirá quién será el elegido para medirse en 2024 con Nicolás Maduro en los comicios presidenciales generales, con miras a sacarlo del poder.

Tras el largo camino recorrido por la Comisión Nacional de Primarias (CNP) y con unas recientes bajas, finalmente son 10 los candidatos que compiten en la boleta. A continuación, quién es quién en esta elección.

Machado es una de las voces más fuertes de la campaña del antichavismo y la favorita de las encuestas.

Ingeniera industrial, especialista en finanzas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración y egresada del programa de líderes mundiales en política públicas de la Universidad de Yale, Machado cuenta con un largo historial en la política de Venezuela.

Su incursión en la materia se dio hace 23 años aunque tardó dos años en darse a conocer de manera masiva. Sus primeros pasos fueron en 2002, cuando cofundó la organización gubernamental Súmate, que velaba por la transparencia electoral y la participación ciudadana.

Ya desde un primer momento, Machado, de 56 años, dejó en claro su postura antichavista y su determinación a acabar con su corrupción y sus manejos. Así, en 2004 desde Súmate impulsó la recolección de unas cuatro millones de firmas para el referéndum revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez.

En 2010, con la mayor cantidad de votos cosechados entre los legisladores, fue elegida diputada en la Asamblea Nacional por el estado de Miranda y asumió el cargo un año más tarde.

Luego, en 2012, fundó el partido Vente Venezuela -que aún mantiene- y se postuló como candidata en las elecciones primarias presidenciales que organizó la Mesa de Unidad Democrática -entonces alianza de partidos opositores- aunque su desempeño fue pobre. Quedó en tercer lugar con apenas el 3,81% de los votos, frente a Henrique Capriles, el postulante de Primero Justicia, que ganó con el 64,33 por ciento.

Esto, sin embargo, no la detuvo en su lucha contra el chavismo y en reclamo por la restitución del orden democrático en el país, y en febrero de 2014 convocó a una ola de protestas conocida como “La salida”. Esta iniciativa estuvo organizada por el fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y por Antonio Ledezma, de Alianza al Bravo Pueblo, y cobró tal magnitud que se mantuvo hasta junio de aquel año.

Mientras tenían lugar estas manifestaciones, en marzo, Machado aceptó el cargo de embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), desde el cual denunció las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos del régimen ante el Consejo Permanente.

Sin embargo, esta decisión le costó su cargo en la Asamblea, acción que el oficialismo justificó con acusaciones de traición a la patria y planes magnicidas que, al día de hoy, siguen sembrando preguntas.

Desde entonces, la líder de Vente Venezuela ha sido objeto de decenas de intentos del régimen chavista de silenciarla y dejarla fuera del tablero político. Por ejemplo, un tribunal le prohibió la salida del país como medida cautelar en tanto se desarrolla la investigación antes mencionada, que ya lleva nueve años.

Tampoco goza de libre circulación al interior del territorio ya que muchas aerolíneas se niegan a dejarla embarcar. Esto quedó expuesto en su reciente campaña, en la que recorrió las calles de diversas ciudades, siempre a bordo de un vehículo.

Además, en los últimos meses, el régimen jugó una carta importante: la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años por supuestos errores y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio. La medida buscó dejarla fuera de la contienda electoral ya que, de resultar la ganadora, no podría competir el año entrante.

Pero Machado no se ha bajado de la campaña; por el contrario, aseguró que seguiría su camino con más fuerza y “hasta el final”. Su propuesta, en caso de llegar al Palacio de Miraflores, incluye un plan de libre mercado, con respaldo a la propiedad privada y al estado de Derecho, lejos de los ideales socialistas que rigen en el país.

También plantea un programa masivo de inversiones mixtas en aspectos como la infraestructura, los bienes públicos y la educación que permitan al país alcanzar una estabilidad fiscal y monetaria, así como un programa de privatizaciones de empresas. Ello incluye a la tan cuestionada estatal petrolera PDVSA.

Por último, se compromete a restablecer las garantías económicas, jurídicas y sociales, y a restaurar el orden democrático completo.

El candidato independiente de 68 años se graduó en economía política en La Habana y comenzó su camino en la materia en 1978 cuando se unió como secretario nacional juvenil y diputado al Congreso por el Movimiento Electoral del Pueblo. Estuvo allí hasta 1983, momento en el que decidió alejarse de la política.

Desde ese entonces hasta 1995 se desempeñó en cargos directivos en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), SIDOR, Ferrominera Orinoco, Venalum y CVG Internacional, entre otros.

En 1997, sin embargo, le fue encomendada una de las tareas más importantes de su carrera: fue designado rector del primer Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se mantuvo hasta 1999.

Fue allí donde Caleca, apoyado por el Movimiento por Venezuela, se volvió un gran defensor del voto democrático.

“Hay que votar siempre, aún en las peores circunstancias y, sobre todo, en las peores circunstancias”, dijo tiempo atrás cuando ya adelantaba su postulación a los comicios internos.

“Hoy estamos reducidos a una situación de precariedad institucional, no tenemos quien nos defienda frente al Estado y de las pocas cosas que le quedan al pueblo venezolano es el voto, la posibilidad de ejercer su opinión”, decía en un intento por convencer a la gente de participar de esta instancia democrática.

En el caso de llegar al Palacio de Miraflores, Caleca ya adelantó que pondrá un fuerte énfasis en la recuperación de la infraestructura, la red eléctrica, las telecomunicaciones, las vías, los puertos y los aeropuertos, todas cuestiones olvidadas durante décadas, que han quedado “destruidas”.

Para afrontar este aspecto y paliar, a su vez, la aguda crisis económica, dijo que acudirá a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), entre otros, para solicitar créditos.

Sobre la privatización de PDVSA, no respaldó ni rechazó la iniciativa sino que aseguró que deberá ser discutida.

El país necesitará “todo el Estado posible y toda la banca posible”, agregó.

Por último, insistió en la importancia de trabajar en una reforma constitucional que elimine la reelección presidencial y aumente la descentralización, entre algunas de las cuestiones prioritarias.

Delsa Solórzano es una abogada y política abocada a la lucha por los derechos humanos y la defensa de los presos políticos.

Tiene 51 años y se define como de centroderecha. En las primarias se presenta por el partido que ella misma fundó en 2018 y preside, Encuentro Ciudadano.

Tal como evidencian sus estudios en diferentes universidades y trabajo durante las últimas décadas, Solórzano se ha centrado en la defensa de los derechos de las personas y en conseguir que todos los detenidos arbitraria o injustamente consigan su libertad. Así, se ha involucrado en muchos casos de este estilo, entre ellos el de Óscar Pérez, quien es señalado como “terrorista” por el régimen venezolano y cuyo caso llegó hasta la Corte Penal Internacional (CPI).

Antes de lanzarse a la carrera presidencial, entre 2011 y 2016, Solórzano fue diputada en el Parlamento Latinoamericano y también encabezó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Políticas Penitenciarias en 2011.

En 2015 fue electa diputada en la Asamblea Nacional para el período 2016-2021, donde presidió la Comisión Especial de Justicia, Paz y Transición.

Más tarde, en 2019, se sumó al también antichavista Juan Guaidó quien, en enero de ese año, fue reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, ante el perfil dictatorial del mandato de Maduro.

Sin embargo, con el correr de los años fue tomando distancia para potenciar su propio proyecto y lanzarse a la Presidencia del país.

Su lucha y su cercanía a opositores le costaron varias amenazas y ataques del régimen que, inclusive, llevó a que en 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares. También, en agosto de este año, en el marco de la campaña para estos comicios, denunció amenazas de muerte contra su persona y repudió al fiscal designado por la Justicia venezolana para seguir su caso, ya que se trata de un funcionario relacionado con casos de crímenes de lesa humanidad.

En el caso de llegar a la Presidencia, Solórzano propone un sistema de economía social de mercado, en el que se den garantías a los trabajadores y los empresarios, junto con un marco de seguridad jurídica que atraiga a inversores extranjeros.

En ese sentido, confía en la privatización como medio para alcanzar la estabilidad del país pero excluye de ello el caso de PDVSA.

Por último, fiel a su estilo, adelantó que trabajará para prevenir los delitos, dará especial importancia a la reinserción de los criminales en la sociedad y buscará que ningún venezolano se vea obligado a abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida o un futuro más prometedor.

Velásquez es otro de los aspirantes a la presidencia dentro de la oposición venezolana.

El líder sindical de 69 años, se presentó en la carrera con el respaldo del partido La Causa R, aunque ello no le resulta ninguna novedad ya que esta es la cuarta vez que el político intentará llegar al Palacio de Miraflores.

Comenzó en la política en 1984, como concejal por el Municipio de Caroní. En 1989 se convirtió en el Gobernador del Estado de Bolívar, con el 40,30% de los votos y en 1992 consiguió la reelección con aún más apoyo popular: el 63,36 por ciento. En 1998 pasó a ocupar una banca en la Asamblea Nacional por el Estado de Anzoátegui.

Años más tarde, en 2017, volvió a la disputa por la gobernación de Bolívar aunque ésta estuvo cargada de irregularidades y denuncias de fraude. Según aseguró entonces, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer los resultados de 22 de los 23 territorios que se disputaban, siendo el suyo el desconocido, hasta dos días más tarde. Velásquez aseguró tener actas que demostraban su victoria en el Estado aunque el oficialismo lo ubicó en el segundo lugar.

En 2018, su oposición y críticas al régimen le costaron una grave amenaza de Maduro, en la que pidió desaparecerlo, junto a su homólogo en el partido, Américo De Grazia, por ser “pranes del oro, conspiradores y traidores”.

Sin embargo, años más tarde, Velásquez sigue plantándose ante este autoritarismo y busca su lugar en Miraflores. “Esta es la mejor oportunidad que tenemos para legitimar el liderazgo y construir el músculo político necesario para enfrentar con éxito y con eficacia la dictadura”, dijo al anunciar su candidatura, meses atrás.

Los pilares de su gobierno estarán enfocados en la reestructuración y la reconstrucción del país, para poder superar la crisis en la que está inmerso. “La Venezuela digna y sustentable” trabajará sobre la dignificación de la economía, de la política y de las personas, con especial ímpetu en lo primero, que servirá como una base sólida para una reforma social que combata la pobreza.

En cuanto a PDVSA, propone la apertura del sector petrolero, con fondos de capitales privados y señaló que un ajuste salarial y la liberación de los presos políticos serán una prioridad.

Al igual que comentó Caleca, buscará reinsertar al país en organismos como el BM, el FMI y el BID.

Por último, tras la polémica surgida por la inhabilitación de algunos de sus oponentes, Velásquez señaló que las organizaciones políticas participantes se comprometieron a apoyar al ganador y ello debe respetarse, independientemente de las decisiones del régimen.

“Para mi no existen inhabilitados. De manera que aquel que salga electo en la primaria debe ser respaldado y apoyado por el resto de los candidatos participantes. Eso fue acordado y firmado en acto público”, mencionó.

Prosperi, de 46 años y con otros 25 en la política, fue de los últimos en sumarse a la contienda electoral.

El abanderado por el partido Acción Democrática (AD) se desempeñó como abogado y diputado en la Asamblea Nacional, entre 2015 y 2020. En la actualidad, ocupa el cargo de secretario de la organización nacional de AD -de tendencia socialdemócrata- y confía en que tiene las herramientas para derrocar a la Revolución Bolivariana.

“Después de más de 25 años que mi organización política AD no tenía un candidato presidencial propio, hoy, oficialmente, estamos inscritos en las primarias”, celebró al anunciar su postulación.

Prosperi alentó al pueblo venezolano a trabajar en pro de una jornada democrática “sincera” y les prometió que no busca “llegar a Miraflores para gobernar para un determinado sector” sino que “nosotros vamos a gobernar para todos y con todos por igual, porque no podemos seguir siendo excluyentes”.

En sus declaraciones deslizó sus primeras propuestas en caso de llegar a la presidencia, que incluyen la racionalización del gasto público y un esfuerzo por mejorar la salud, la educación y la infraestructura en el país.

En materia económica, adelantó una serie de medidas fiscales, monetarias, cambiarias y financieras, que permitan poner un freno a la inflación y reducir los niveles de pobreza.

Sobre el sector petrolero, confía en “la apertura del mercado y la participación de la inversión pública y privada” en este negocio.

Almeida, a diferencia de otros postulantes, no cuenta con un amplio recorrido en la política. Por el contrario, él asegura que sus conocimientos en el sector empresarial lo convierten en un “gerente con todas las capacidades y cualidades para tomar las riendas del país”.

El candidato por el partido Unidad Política Popular 89 (UPP89), que se define como “de centro”, es empresario y productor agropecuario, especializado en el rubro tecnológico y la carne.

En 1996 se graduó como ingeniero informático en el Colegio Universitario de Los Teques Cecilio Acosta y tan solo cinco años más tarde ya dirigía su propia empresa. Infosoft C.A, radicada en Caracas, se dedica al desarrollo de aplicaciones web, bases de datos, soluciones de BI (inteligencia empresarial) y presta servicios de IT.

Sus 20 años de experiencia en la gerencia de compañías diversas le permiten, ahora, buscar ocupar el lugar que, según asegura, ningún político logra llenar efectivamente.

Su plan de trabajo se enfoca en siete objetivos básicos que son recuperar la institucionalidad, desarrollar la infraestructura y la economía, garantizar el autoabastecimiento, alcanzar un futuro energético sólido, fortalecer el sistema bancario, recuperar empresas para el progreso del país y respetar el Estado de derecho.

Para alcanzar estas metas, adelantó que planea poner en marcha un plan nacional de siembra y otro que fortalezca el sistema bancario, mientras se revierten las expropiaciones que tuvieron lugar en las últimas décadas chavistas.

Estas medidas permitirán recuperar la confianza de la gente y atraer inversiones extranjeras, con las que reactivar el aparato nacional. Esto, naturalmente, derivará en trabajos dignos, mejores salarios, reducción de la pobreza y un sinfín de otras cuestiones que, hoy en día, aquejan a la sociedad venezolana.

Sobre la principal actividad económica, el petróleo, también prevé un fuerte impulso al sector, con miras a aumentar la producción a dos millones de barriles diarios.

Por último, sobre las inhabilitaciones de candidatos de cara a 2024, pidió que no sea una herramienta que desmotive a la gente y llamó a los candidatos a reunirse y buscar una solución conjunta al problema.

Pérez Vivas tiene 66 años y es uno de los candidatos opositores con más triunfos en procesos electorales.

El político socialcristiano por Concentración Ciudadana es abogado, y fue diputado en cuatro ocasiones (entre 1988 y 1998, y entre 2000 y 2005). También gobernó el Estado de Táchira -al oeste, en la frontera con Colombia- entre 2008 y 2012 aunque su gestión acabó con supuestos rumores de corrupción y una inhabilitación política impulsada por la Contraloría local.

Fue una de las voces antichavistas que promovió el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro en 2022, a pesar de que éste no prosperó por un bloqueo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el caso de llegar a la Jefatura de Estado, Pérez Vivas asegura que planteará en el país “un proyecto histórico y no un simple cambio de gobierno”. “No es sacar a Maduro para sentarme yo en Miraflores porque si se saca a Maduro y se sienta cualquier otro dirigente a gobernar el país, sin cambiar el modelo de Estado centralista, militarista y autoritarista, y se mantiene el actual modelo económico de la economía mafiosa y socialista, Venezuela no va a cambiar”, sentenció.

En ese sentido, insistió en que el eje de su mandato estará centrado en un cambio radical de la forma de hacer política en el país y de manejar la economía, con una trayectoria clara y duradera.

En este proceso, será clave lograr la unidad de todos los actores sociales y establecer líneas de comunicación con sectores democráticos, incluso si estos no participaron de las primarias de este domingo.

En conjunto, se deberá trabajar, también, en pro de una reforma constitucional que elimine la reelección presidencial, establezca el principio de la segunda vuelta, reduzca los mandatos de seis a cinco años y garantice la división de los tres poderes, algo que, en el presente, no ocurre en lo absoluto ya de por sí con un Parlamento unicameral en lugar de un Congreso bicameral.

Sobre PDVSA, si bien defiende la privatización de las empresas hoy en manos del Estado, señaló que ésta permanecerá bajo la órbita del Gobierno ya que considera que el país debe contar con una empresa propia para manejar esta actividad.

Pinho se presenta a las primarias con el partido Por Ti Venezuela y se define como una candidata de centro, que toma elementos, como la parte social, de la izquierda, y la defensa de la propiedad privada y las libertades, de la derecha.

Es abogada penalista por la Universidad Santa María, doctora en Derecho Constitucional y Derecho Penal Internacional y ex jueza de apelaciones. En total, cuenta con 32 años de servicio en la administración pública.

Su carrera comenzó en 1999 cuando asumió como Directora General de Prisiones del Ministerio de Justicia. Luego, entre 2012 y 2016 fue Jueza de la Corte de Apelaciones 6 y 10 del Circuito Judicial Penal de Caracas.

Desde 2018 conduce su programa de televisión Palabra Final y en 2021 participó en las elecciones municipales de Chacao con el respaldo de Alianza Democrática y Soluciones, pero quedó en tercer lugar.

Ahora, a sus 58 años, buscará su lugar en los comicios de 2024 para derrocar a Nicolás Maduro y llegar al Palacio de Miraflores.

En caso de triunfar, ya difundió una lista de 11 puntos que se enmarcan en el plan “Rescate País” y que apuntan, entre otros, a recuperar la seguridad jurídica, mejorar la educación ciudadana, activar el aparato productivo, garantizar el acceso de todos a los servicios básicos, y rescatar la economía y los sectores petrolero y agropecuario.

Este proceso, con el que aspira convertir al país en una “Venezuela pujante y primera potencia mundial” deberá darse, sin excepciones, dentro de un marco democrático y en pleno cumplimiento de los derechos constitucionales. Inclusive, ha llegado a definir a la “solvencia moral” como una característica que la identifica.

Sobre las inhabilitaciones de otros candidatos, Pinho evitó referirse a casos puntuales pero dejó entrever su lineamiento con ejemplos sobre ella misma. Así, mencionó que si se hubiese inscrito ya estando inhabilitada, se retiraría para cederle su candidatura a otra persona aunque si quedara impedida luego de ganar, se mantendría firme en el puesto.

Luis Farías es un productor agropecuario y veterinario de carrera, de 69 años, que considera que es un “genuino representante” de la sociedad civil y que ello le permitirá conducir al país hacia un cambio definitivo.

Su historial profesional incluye más bien cargos relacionados con sus estudios: fue Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Táchira, Director de la Fundación Nacional de Ganaderos y Fundador de la Asociación de Productores Agropecuarios del Cutufi y la Asociación de Ganaderos del Nula, entre otras.

También estuvo involucrado con organizaciones de la sociedad civil como el Movimiento independiente Democrático de Táchira y la Alianza Nacional Constituyente (Anaco).

Es fiel creyente del catolicismo y lidera el movimiento “La Rebelión de las Religiones”.

En caso de llegar a la presidencia, ya adelantó su plan con “una visión para la reconstrucción de Venezuela”, que incluye la descentralización en los distintos niveles del Estado para evitar la corrupción, la peor “enfermedad” que aqueja al país. Además, considera que se deben “dejar atrás los gobiernos presidencialistas que se heredaron desde los tiempos de la colonia y darle espacio a las representaciones parlamentarias”.

Junto a ello, respalda la idea de las privatizaciones, sobre todo de los sectores agricultor, industrial, comercial, educativo y sanitario. Sobre PDVSA cree que también debe pasar al sector privado pero que el Estado debe continuar con la exploración y la extracción del petróleo y sólo quedar en manos de una administración independiente los posteriores procesos de refinación y comercialización.

Por último, sobre las inhabilitaciones a candidatos dijo que, en caso de no resultar ganador, apoyará al elegido por la mayoría, esté o no impedido por el régimen.

Adrián, de 69 años, es abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, y doctora en Derecho Comercial de la Université Panthéon-Assas de París. También trabaja como docente universitaria y es una importante defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

En 2015 asumió como diputada en la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular y se convirtió, así, en la primera parlamentaria trans del país y de toda América.

A pesar de ya haber hecho historia, Adrían está decidida a llegar a la presidencia de Venezuela y encaminar al país en un nuevo curso. “El siglo XX se acabó y este siglo XXI es muy distinto”, explica.

Es por ello que su plan de gobierno está centrado en lograr una “reinstitucionalización del país” y trabajar por conseguir “el máximo desarrollo económico” que revierta la crisis actual. Sin embargo, esto no podrá ser sin la incorporación de todas las personas de la sociedad.

Para impulsar “una Venezuela consciente, capaz y libre” es importante sumar a “las personas con discapacidad, las mujeres, los adultos mayores, los funcionarios, las personas LGBTIQ+, las personas afrodescendientes, los indígenas… cualquier grupo que, por cualquier razón, haya sido o pueda ser dejado atrás”.

Así, aseguró que otro de los pilares de su gobierno será la lucha por los derechos de estas minorías que incluirá, por ejemplo, el matrimonio igualitario y el cambio de nombre en personas transgénero.