La farsa del régimen venezolano con la liberación de presos políticos: uno ya tenía pena cumplida y una doctora no estaba detenida

La liberación de varios presos políticos, una vez que se firmó en Barbados el acuerdo entre el Gobierno y un sector de la oposición, demuestra que en Venezuela hay presos políticos y son usados como rehenes o piezas de canje según conviene a los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Wilder Ánderson Vásquez Velásquez ya tenía días con la boleta de excarcelación por pena cumplida. La doctora Mariana Barreto no estaba presa desde el 2019, solo estuvo unos días en 2023 por el incidente en una estación de combustible. El diputado Juan Requesens cumplía casa por cárcel. Roland Carreño, Marco Garcés y Eurinel Rincón estaban tras los barrotes del Sebin y cárcel de mujeres.

Dos de los liberados habían sido condenados por el caso de los drones o intento de magnicidio. Como lo especifica el último informe de la Misión de Determinación de los Hechos, encontraron elementos que indican la detención arbitraria de al menos 58 personas, además de “una política de Estado dirigida a silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno”, sumando a ello los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes reflejados por la Misión.

En el caso de la doctora Mariana Barreto Falcón, cuya fotografía ha corrido por las redes sociales, es importante destacar que no fue detenida en el 2019, ella solo estuvo detenida algunas semanas en una sede policial luego del incidente que se originó en una estación de combustible en junio 2023.

Son muchas las veces que el régimen venezolano acude al argumento de liberación de presos políticos.

En el caso de la doctora Mariana Barreto Falcón, cuya fotografía ha corrido por las redes sociales, es importante destacar que la doctora del estado Trujillo no fue detenida en el 2019, ella solo estuvo detenida unos días, en junio de este año, luego del incidente que se originó en una estación de combustible de su familia. Luego ha pasado consulta en una clínica privada en Valera y en el hospital.

A ella la detienen en junio 2023, “durante tres días y la sueltan con medida de presentación”, revela a Infobae una periodista de la zona. “No, ella no estaba detenida desde el 2019, lo que sucede es que en ese año hicieron un procedimiento a la estación de servicio, propiedad de su familia. Eso no es ninguna libertad; lo que hicieron con ella ahora es que dejarán de fastidiarla, pero insisto el procedimeinto del 2019 fue a la bomba de gasolina y a ella la detuvieran por unos días el 14 de junio 2023 por el incidente en la E/S La Morita en Trujillo”, finaliza narrando la periodista, quien asegura que hace unos días la cardiólogo estuvo de fiesta en un cumpleaños en Trujillo.

Otra fuente que habló con Infobae dijo que “la doctora Mariana es muy querida en Trujillo. Ella es prima de Pedro Maldonado, quien era presidente de la Corporación de Guayana (CVG) y Viceministro de Insutrias Básicas que cayó preso, en marzo 2023, por la trama de corrupción en la que primero cayó Tareck El Aisssami”.

“Mariana también es nieta de Dora Maldonado de Falcón, quienes tenían la estación de servicio (ES). En junio de este año la detienen porque llegó un funcionario del gobierno a surtirse de combustible cuando ya estaba cerrada y no quiso encender el sistema nuevamente. El gobernador y militar retirado Mayor Gerardo Alfredo Márquez, ordena que la detengan y así ella estuvo unos días detenida en la Policía de Valera”.

Uno de los liberados, Roland Oswaldo Carreño Gutiérrez, militante y activista del partido Voluntad Popular, además de periodista, fue detenido el 26 de octubre de 2020, siendo acusado de lavado de dinero, conspiración, financiamiento al terrorismo y asociación, por lo que colocaron bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). En noviembre 2022, opinión 48/2022, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, del Consejo de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas (ONU), determinó que su detención era arbitraria.

En el caso del diputado opositor Juan Carlos Requesens Martínez, fue detenido la noche del 7 de agosto de 2018, horas después de su participación en la tribuna de oradores del parlamento, donde criticó con dureza la política de represión y asesinato del gobierno de Nicolás Maduro contra manifestantes, algunos muy jóvenes. Lo acusan por el intento de magnicidio en el caso de los drones, lo colocan bajo custodia del SEBIN durante dos años hasta que le dan casa por cárcel y, en agosto 2022, es condenado a 8 años de prisión.

El joven Marco Antonio Garcés Carapaica, fue detenido por estar en el mismo vehículo de transporte donde viajaba un guardia nacional y el estadounidense Matthew John Heath, desde la ciudad de Coro, capital del estado Falcón, hasta Maracaibo, capital del estado Zulia. Cuando lo detienen, el 9 de septiembre 2020, tenía 24 años de edad y a punto de graduarse de Ingeniero en Producción, carrera que cursaba en la Universidad Tecnológica del Centro (Unitec).

La página Crisis en Venezuela, que reseña los casos de violaciones a los derechos humanos, revela que cuando los detienen en las imágenes que toman en el punto de control Los Pedros, y que fueron publicadas por la prensa regional, aparecen los tres hombres de espalda frente una mesa con sus documentos de identidad, teléfonos, la caja de herramientas y el vehículo Chery Arauca como único material decomisado.

Dos días después el Fiscal General al informar sobre el caso ya la fotografía de lo incautado había cambiado radicalmente; “ahora aparecían armas de alto calibre: un lanzagranadas, una subametralladora y explosivos C4, con los cuales, según la versión oficial, se planificaba atacar la industria petrolera y el sistema eléctrico venezolano”, revela Crisis en Venezuela. Pasaron más de tres años durante los cuales el joven Garcés Carapaica estuvo preso y torturado, en proceso de juicio.

El estadounidense Matthew John Heath ya había sido liberado, junto con los ejecutivos de CITGO, en el canje por el que liberaron a los sobrinos de Cilia Flores quienes estaban presos en Estados Unidos por narcotráfico.

Eurinel Alexandra Rincón Coronado era secretaria en una oficina encargada de las jornadas sociales en el Ministerio de Defensa, lugar al que no acudía desde hacía año y medio a causa de la pandemia; el 30 de junio 2021 la joven madre, que se dedicó a hacer servicios de taxi, traslada a una persona hasta un acto de la Oposición en la Plaza Brión, donde se toma una foto en un grupo donde estaba el entonces diputado Gilber Caro, relató Ismenia Coronado en febrero de este año, en el programa “Así nos va”, conducuido por Daniel Lara y Nehomar Hernández, que trasmitía la emisora RCR 750.

El 14 de julio 2021 funcionarios del Sebin, interceptan el vehículo donde Eurinel se trasladaba con sus dos niños, los apuntan con armas largas, se los llevan para el Helicoide; horas después los niños son entregados a la familia y ella permanece en el Sebin, luego es imputada por traición a la patria, asociación para delinquir y fuga de información.

Ella, como ocurre con muchos de los presos por causas políticas, asumió uno de los delitos, la condenaron a 4 años, por lo que debía salir en libertad luego de un examen psicosocial, que primero se negaban a hacerle y luego de varios meses se lo hacen, pero el Ministerio Penitenciario retiene el informe. Pasó más de dos años para poder salir en libertad.

Cuando se argumenta que la liberación de presos políticos se debe a los acuerdos en Barbados, no se puede incluir a Wilder Ánderson Vásquez Velásquez como un triunfo, porque él ya tenía, desde el viernes pasado, boleta de excarcelación por pena cumplida, porque estaba preso desde el 2108 y fue condenado a cinco años de prisión.

El joven estudiaba el 5to semestre de Comercio Internacional, cuando fue arrestado el 11 de octubre 2018. Relacionado con el intento de magnicidio de Nicolás Maduro. Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, actual presidente de la Asamblea Nacional, fue en que anunció al país, en octubre 2018, que el joven, de quien dijo era alias “Capo”, había encubierto a Henriberth Emmanuel Rivas alias Morfeo, uno de los principales detenidos por el caso de los drones.

En agosto de 2022 la juez Hennit López Mesa del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio con competencia Exclusiva a Nivel Nacional para Conocer de Causas Vinculadas con Delitos Asociados al Terrorismo y Delincuencia Organizada, condenó a Wilder Vásquez a cinco años de prisión por encubrimiento.