El primer intento constitucional de la sociedad civil venezolana para sacar del poder a Hugo Chávez en 2004, a través de un referéndum revocatorio, derivó en uno de los episodios de discriminación más graves de la historia del país: la “lista Tascón”.
La difusión en internet de los datos de millones de personas que suscribieron una petición para la salida del entonces mandatario facilitó el despido de trabajadores públicos, restricciones en beneficios sociales y hasta se utilizó como filtro durante años en el chavismo.
Desde entonces, resguardar la identidad de los ciudadanos que militan en la oposición en Venezuela ha sido una prioridad para quienes se han encargado de organizar cualquier tipo de evento que requiera el suministro de datos. Esto también ha supuesto una grave dificultad para establecer un registro firme de venezolanos opositores a la dictadura.
Este fenómeno también ha sido utilizado por la dictadura como un fantasma para sembrar el terror en la población y coaccionar el voto.
El temor de que cierto tipo de datos de identificación se filtre y caigan en manos de régimen, desatando una nueva ola de persecución, ha llevado a algunos ciudadanos a abstenerse de militar públicamente en actividades en contra de la dictadura, y hasta sentirse obligados y vigilados a la hora de sufragar.
En un país en donde la persecución, detenciones arbitrarias y la tortura han sido aplicadas a los líderes de la oposición, no conviene dejar huella ni mostrar nexo alguno con la disidencia.
Las garantías del 22-O
Desde el inicio de la organización del proceso del 22 de octubre, la Comisión Nacional de Primarias (CNP) ha manifestado su voluntad de proteger la identidad de quienes acudan a las urnas. Esto como parte de la estrategia de movilización entre la población con miedo a ser, una vez más, víctima de cualquier campaña de retaliaciones que pueda emprender el régimen.
“Todo el proceso ha sido diseñado para garantizar que la identidad de los electores sea protegida. Los cuadernos de votación serán resguardados y protegidos por la Comisión Nacional de Primaria. En todo momento, los datos serán tratados con la debida confidencialidad, y serán empleados únicamente para la actividad electoral organizada por la Comisión Nacional de Primaria”, asegura la CNP en su página web.
La defensa de los datos incluyó el pedido expreso al Consejo Nacional Electoral de no utilizar las máquinas captahuellas, cuando se solicitó el apoyo técnico del organismo para celebrar los comicios.
“Los ciudadanos pueden estar tranquilos de que bajo ningún concepto, ningún escenario, ningún supuesto, va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Queremos transmitir confianza y seguridad”, dijo el presidente de la CNP, Jesús María Casal, en una de sus varias intervenciones sobre el tema.
“Nuestro reglamento establece que debe estar siempre resguardada la identidad del elector”, insistió.
De igual forma la CNP prometió conservar los datos personales de los participantes “durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban. Estos datos no serán utilizados para la elaboración de listas que sean de acceso público o que se entreguen a organismos públicos”.
En su página web, la organizadora de la consulta promete que la información será manejada “bajo estrictos estándares internacionales de protección de datos y serán conservados por tiempo limitado. Además, no serán utilizados para elaborar listas de acceso público, ni serán entregados a organismos públicos.
El compromiso también ha sido extensivo a los 400.000 venezolanos que se inscribieron para votar fuera de Venezuela, quienes ya son discriminados con limitaciones para obtener documentos de identificación y con dificultades para cualquier tipo de trámite que requieran.
Los cuadernos de 2012
El 12 de febrero de 2012 la oposición venezolana celebró exitosamente unas elecciones primarias para definir a su candidato presidencial de ese año.
Con una participación de más de 3.000.000 de personas, que sorprendió tanto al régimen como a la propia oposición, Henrique Capriles Radonski fue elegido como el líder que enfrentaría a Hugo Chávez en la contienda presidencial.
El programa de la disidencia contemplaba la destrucción de los cuadernos electorales dentro de las 48 horas siguientes a la celebración de los comicios, como parte de las garantías de resguardo a la identidad de los votantes en ese momento.
Tras los contundentes resultados, en los que la participación fue la protagonista, el régimen intentó una maniobra judicial para obtener los cuadernos de votantes.
El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, admitió un recurso que fue interpuesto por Rafael Velasquez, un ignoto que se postuló como precandidato a la alcaldía del municipio de Bruzual, en el noroeste del país.
“Yo solicité que no quemaran los cuadernos porque voy a hacer la solicitud de la revisión de los libros”, dijo el demandante, quien se presentó como aspirante “independiente”.
La Alta Corte ordenó a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que no destruyeran los cuadernos de registros ya que sería necesarios para investigar la denuncia.
“Se ordena a la presunta agraviante (MUD) la entrega de los referidos cuadernos a las diversas Direcciones Regionales del Consejo Nacional Electoral, la cual se deberá realizar en un lapso no mayor a las 24 horas”, sentenció el organismo.
Por si fuera poco, el controvertido fallo dictaminó que fuera el Ejército quien custodie los cuadernos y los entregue al Colegio Nacional Electoral (CNE).
La respuesta de la oposición fue tajante. El régimen “fracasó en el sabotaje a las primarias y ahora acude al expediente del miedo”, sentenció el entonces secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo.
Los cuadernos ya habían sido destruidos.
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