El estudiante universitario venezolano John Álvarez, detenido en agosto y acusado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir, ha perdido “la visión del ojo izquierdo”, aseguró este martes su abogado Joel García, quien dijo a la agencia de noticias EFE que la causa es la “tortura de la que fue víctima” por parte de policías.
A través de la red social X (antes Twitter), el jurista aseguró que el joven fue “llevado al servicio forense de la Fiscalía”, donde le diagnosticaron “pérdida de la visión del ojo izquierdo, inflamación del riñón izquierdo y lesión en la pierna derecha”.
De acuerdo con García, el estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, fue torturado por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo que lo detuvo el pasado 30 de agosto.
Distintas ONGs, activistas, familiares y abogados han denunciado que Álvarez fue “golpeado con un bate” y recibió “descargas eléctricas”, por lo que han exigido a la Defensoría del Pueblo activar la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y a la Fiscalía General la apertura de una investigación.
La Misión Independiente para Venezuela de la ONU aseguró la semana pasada que “continúan cometiéndose” en el país caribeño “violaciones graves a los derechos humanos, que recientemente se han llevado a cabo de manera selectiva contra personas de la sociedad civil”.
En su nuevo informe, publicado el pasado 20 de septiembre, la misión documenta entre 2020 y 2023 al menos nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 de violencia sexual y de género.
“En Venezuela siguen ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos”, denunció la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.
El informe de la misión señaló que a pesar de las protestas a fines de 2020 y principios de 2021, las estructuras represivas del Estado no se han desmantelado. Además, se han intensificado los esfuerzos para reducir el espacio cívico y democrático en el país, con restricciones a las libertades individuales y colectivas. Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado de silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal.
“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, dijo Francisco Cox, experto de la Misión. “Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica”, añadió.
Por su parte, hace unos días, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció el caso en sus redes sociales: “El régimen de Venezuela sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. Su última víctima es el estudiante John Álvarez. Exigimos su inmediata liberación y el más pleno respeto de sus derechos”, expresó.
La ONG Provea dijo que las torturas “forman parte de una política de Estado de persecución a la disidencia o a quienes son percibidos como disidentes, denunciado por la Misión de Naciones Unidas sobre Venezuela”. Recordó, además, que en la investigación en la Corte Penal Internacional se han denunciado decenas de crímenes como “detenciones arbitrarias, violación/violencia sexual, persecución política, torturas y otros tratos crueles sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad”.
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