Hace más de cinco años el actual Ministro de Interior emboscó a un grupo de oficiales: 10 siguen detenidos y sin juicio

Mientras que, por un lado la Misión de Determinación de los Hechos caso Venezuela revela en su más reciente informe lo que ha estado sucediendo con violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, ascenso de torturadores y lo que ocurre en los centros de detención del país, tres presos políticos militares tomaron una drástica y extrema medida. Los oficiales Carlos Macsotay, Ricardo González y Antonio Scola, presos desde el 2018, por la llamada Operación Armagedón, y recluidos en la Cárcel de Ramo Verde, se declararon en huelga de hambre, después que les suspendieran la audiencia de apertura.

Por la Operación Armagedón permanecen detenidos: desde el 17 de mayo 2018: el capitán de corbeta, Carlos Gustavo Macsotay Rauseo; el teniente de navío Antonio Julio Scola Lugo, y los tenientes de fragata Elías José Noriega Manrique y Gustavo Enrique Carrero Angarita. El 18 de mayo 2028 detienen al capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga. El 19 de mayo al Teniente Coronel (Av) Ruperto Molina Ramírez. Y el 20 de mayo: coronel (Av) Juan Pablo Saavedra Mejía, Mayor (GNB) Abraham Américo Suárez Ramos, My (Av) Adrián Leonardo De Gouveia de Sosa y My (Av) Ricardo Efraín González Torres.

Han pasado cinco años y cuatro meses. El jueves 21 de septiembre 2023, cuando el Tribunal de Juicio suspendió la Audiencia a última hora y sin explicación, el Capitán de Corbeta Carlos Gustavo Macsotay Rauseo, fue el primero en asumir, como protesta, la Huelga de Hambre; de inmediato se sumaron el Mayor (Av) Ricardo Efraín González Torres y el Teniente de Navío Antonio Scola.

Sin duda que las cuestionadas elecciones presidenciales de mayo 2018, habían causado, al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), un profundo rechazo, comentarios de la ilegalidad que se estaría cometiendo al ser convocadas por una Asamblea Constituyente ilegal de origen, lo que se tradujo en gran nerviosismo para los cuerpos de seguridad que detuvieron a numerosos civiles y militares.

El 5 de septiembre 2023 el CC Macsotay Rauseo envió un documento al Director de Prisiones Militares, GD Luis Ojeda Araujo, con copia, al Ministro de la Defensa, al Presidente de la Corte Marcial, al Fiscal General Militar, al Presidente del Tribunal de Juicio y al Fiscal General de la Nación, analizando la irregular, arbitraria e indignante situación, según el articulado de la Ley y decisiones de la CIDH y del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

En el escrito advertía que si no tienen eco sus razones entonces comenzaría la huelga de hambre, lo que cumplió el jueves 21 de septiembre, ante el incumplimiento de la Corte Marcial y del Tribunal de Juicio a cargo del General Galavis de realizar la Audiencia pautada.

Arranco el CC Macsotay declarando “en pleno uso de mis facultades mentales”, para hacer del conocimiento del General Ojeda “un resumen de mi situación y de las constantes violaciones a mis derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y demás leyes y Pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Venezolano”.

El 17 mayo 2018 fui detenido por agentes de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM).

El 22 mayo 2018 fui presentado ante el Tribunal Militar de Caracas, donde me imputaron los delitos tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar específicamente Art. 487 “Instigación a la Rebelión Militar” y el Art. 565 “Contra el Decoro Militar” basándose en un informe inventado por agentes de la DGCIM sin sentido ni pruebas; en plena Audiencia de Presentación me levante la camisa frente a todo el tribunal y mostré a la Juez Mayor (Ej) Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, al Fiscal Militar 1Tte. Keila Ríos, al Fiscal Militar Cap. Israel Echenique, al Defensor Público Militar Capitán Simeone, las evidencias físicas de tortura y pregunté “¿Quién responde por esto? y la Juez contestó: “eso no es competencia de este tribunal”

El 11 diciembre 2018 se realizó la Audiencia Preliminar y sin elementos de convicción, ni una expresión clara, precisa y circunstanciada la mencionada juez ordenó el pase a Juicio.

El 14 de febrero 2022 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias adscrito a la ONU emitió su opinión # 49/2021 relativa a siete militares venezolanos: CN. Luis De La Sotta, Tcnel. Ruperto Molina, May. Abraham Suarez, May. Adrián de Gouveia, May. Ricardo Gonzalez, TF. Elías Noriega y mi persona CC. Carlos Macsotay Rauseo teniendo en su decisión, específicamente los apartes # 92, 93 y 94 que dicen: “la privación de libertad de Carlos Macsotay Rauseo y los otros seis militares es arbitraria, por cuanto contraviene los Artículos 9.1, 9.3, 9.4, 14.1, 14.2, 14.3 (a) (b) y (c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se enmarca dentro de las categorías I y III. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la RBV que adopte las medidas para redimir la situación de las siete personas mencionadas sin dilación; el remedio adecuado sería ponerlos inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional”.

El oficial Macsotay cita la Legislación Vigente violentada, entre ellos la Constitución en sus artículos 23, 25, 26, 31, 44, 46 y 49, así como la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes suscrita por el Estado Venezolano el 15 de febrero 1985 y ratificada el 29 de julio 1991, en su artículo Nr. 1. Agrega la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San Jose de Costa Rica” suscrita por el Estado Venezolano el 22 de noviembre 1969 y ratificada el 14 de junio 1977, en su artículo 7. Y el Código Orgánico Procesal Penal, artículo 230.

Agrega que “a la fecha de hoy han pasado 5 años, 3 meses y 16 días, en 1937 días de privación de libertad sin haberse realizado Audiencia de Juicio, contraviniendo los artículos antes mencionados, como por ejemplo el #230 del COPP en mi caso ya se cumplió la pena mínima del delito más grave imputado, por lo que opera la extinción de la causa y liberación inmediata, como ya lo sugirió el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias adscrito a la ONU en su opinión # 49/2021 antes citada”.

Finaliza diciendo “mi petición personal es una exigencia al cumplimiento de todas las leyes antes citadas y que cese la privación ilegítima de libertad a la cual estamos sometidos, teniendo fecha tope el 13SEP23 o comenzaré una huelga de hambre hasta que se cumpla la ley; pongo mi vida en sus manos, teniendo a Dios como testigo”.

Tres días antes de las elecciones que trajeron tanto rechazo en el mundo civil y militar, además de su convocatoria, por la maniobra para darle cierto grado de legalidad a Nicolás Maduro en el poder, fue detenido el Capitán de Corbeta Carlos Gustavo Macsotay Rauseo. Ese 17 de mayo 2018, el oficial se fue al Fuerte Tiuna, para una reunión con el entonces Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), hoy Ministro del Interior, Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso. Al lugar llega un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quien lo detiene y lo traslada a la sede principal de DGCIM Boleíta; no solo no hubo orden de un juez para su detención, sino que fue incomunicado de su familia y abogados. Estuvo 40 días en lo que llaman El Acostumbramiento.

Ceballos Ichaso montó la celada contra los oficiales que tenían comando para las elecciones, entre ellos Macsotay; nunca antes les habían quitado las armas a su llegada al Ceofanb y también les quitaron los teléfonos. Ceballos Ichaso le dijo a Macsotay que era el oficial de más alto rango en la oficina, y le dijo: “tenemos información aquí de que ustedes van a dar un golpe de Estado”. Los oficiales presentes le preguntan: “¿de dónde saca usted eso mi Almirante?”. Ichaso no contesta sino que dirigiéndose a su ayudante le ordena: “dile a la Dgcim que pase. Estos caraj… son comandos y así los maten, no hablarán”. Los funcionarios de la DGCIM estaban afuera de la oficina, entraron y esposaron a todos los que estaban en la oficina.

El 22 de mayo el Tribunal Militar Primero de Control, emite la orden de privación de libertad; en la audiencia de presentación lo acusan de Traición a la Patria, Instigación a la Rebelión, Instigación al Motín y Contra el Decoro Militar.

Como en otros casos de nada sirvió la denuncia de torturas, porque el Fiscal las ignoró y la juez se negó a procesarlas con la excusa de que son competencia de otro Tribunal. Macsotay sufrió tortura, tratos crueles no solo por tenerlo recluido, durante cinco meses, en una diminuta celda que permanecía cerrada y sin acceso al baño, sino porque lo golpearon, le colocaron electricidad en el cuerpo y le provocaban asfixia mecánica. Macsotay permaneció en los inmundos sótanos de la DGCIM hasta el 4 de febrero 2019 cuando fue trasladado al Centro Nacional de Procesados Militares (Cenaprocemil) de Ramo Verde, estado Miranda.

Macsotay aparece en la llamada Operación Armagedón, junto con varios oficiales, cuya causa la basa la Fiscalía Militar solamente en el testimonio del Teniente de Fragata Argenis José Rodríguez Corona, de la promoción 2011, quien un par de meses después se fue del país.

El 20 de mayo 2018, día de los comicios presidenciales, que fueron convocados por la ilegal de origen Asamblea Nacional Constituyente (ANV), un grupo de funcionarios armados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se presentó, previa autorización de oficiales superiores del componente militar, a la habitación del Mayor (Av) Ricardo Efraín González Torres, en la Comandancia General de la Aviación Militar.

La DGCIM revisó la habitación del oficial, haciendo lo mismo con su vehículo y oficina; no se sabía qué buscaban, pero lo cierto es que no encontraron nada ilegal. Aún así, y sin ninguna orden judicial, fue detenido y trasladado a la sede principal de la DGCIM en Boleíta, Caracas.

Ese día, González no fue el único detenido. Ya antes hubo otros y posteriormente más aun. Fue un año que empezó con fuertes problemas en la institución castrense y que tuvo su pico más álgido con el intento de magnicidio el 4 de agosto.

El caso es que la orden de aprehensión contra el Mayor Ricardo González fue emitida después de su detención y se le imputaba Traición a la Patria y Rebelión, sin que hubiese existido ningún acto que evidenciara haber cometido tales delitos. Igual que ha ocurrido con cientos de detenidos, el Mayor fue incomunicado, posteriormente, como ha sucedido con muchos casos, fue presentado con asistencia de un defensor público militar, que por la estructura de la Fuerza Armada pues termina respondiendo a una orden superior. Y como en la mayoría de los casos como ese, le negaron acceso al expediente y así lo llevaron, nueve días después de estar detenido, ante a la Corte Penal Militar.

Como en todos los casos donde ha ocurrido tortura y violación a los derechos humanos y procesales, también a González le negó el Tribunal recibir la denuncia sobre las torturas de las que fue objeto.

Según relataron familiares del oficial, fue amenazado de muerte para que firmara una declaración que lo incriminaba.

Otro de los oficiales que se suma a la huelga de hambre es el Teniente de Navío Antonio Julio Scola Lugo, detenido en la Cárcel Militar de Ramo Verde, desde que en mayo 2018 funcionarios de la DGCIM lo detuvieron en el Fuerte Tiuna.

En mayo 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le otorgó medidas cautelares al considerar que está en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela, sin recibir atención médica necesaria, dado que su salud estaría gravemente afectada por las secuelas de las agresiones recibidas durante su detención.

“Esta situación se agravaría debido a las condiciones de privación de libertad, tras ser identificado como “traidor a la patria” en Venezuela. La Comisión solicitó información al Estado, quien no respondió”.

En el caso de Scola Lugo, como otros de los detenidos en la llamada Operación Armagedón, también sufrió torturas que además de fuertes golpes en el cuerpo, incluyeron descargas de electricidad, asfixia mecánica y otros tratos crueles, que dejaron en él graves secuelas que han afectado su salud.