El control de la guerrilla colombiana y el interés oculto del régimen venezolano, la causa del desalojo a sangre y fuego de mineros del Yapacana

Lo que la Fuerza Armada Bolivariana no va a lograr explicarle al pueblo venezolano es cómo si los militares tienen la obligación de defender el territorio y la soberanía, además de contar con las armas de la República, permitieron que no menos de 12 mil mineros, nacionales y extranjeros, se instalaran en el cerro Yapacana, al sur de Venezuela, para explotar oro, mientras contaminaban los ríos y atacaban el ambiente. Menos podrán reconocer que la guerrilla colombiana se apropió del gran negocio en la zona, que además del oro, incluye la trata de personas, prostitución, explotación y muerte. La acción más violenta fue cuando el pasado miércoles parte de los mineros, indígenas principalmente, que quedan en el Yapacana se enfrentó con los militares, en el sector Cacique, dejando como resultado a tres mineros muertos y varios heridos.

Aunque la excusa de la Fuerza Armada es la supuesta preservación ambiental, no es la belleza del tepuy, que se extiende entre los ríos Orinoco y Ventuari, lo que motiva el desalojo del parque nacional; lo que en realidad ocultaría el régimen venezolano es que las minas sean explotadas por grupos aliados nacionales o extranjeros, como ha sucedido con el Arco Minero del Orinoco.

“Sí, es cierto que los indígenas muchas veces son atropellados, pero otras veces las cosas no son como las hacen ver algunos defensores de DDHH indígenas, porque usan su origen para no hacerse responsable de crímenes o delitos. Así ha pasado en la carretera nacional, la trancaron como en tres oportunidades y decían que estaban atropellando a unos indígenas, pero aunque sí eran indígenas, fueron detenidos por la GNB transportando droga, entonces los irregulares les pagaban 50 mil pesos a cada uno, para que montaran la tranca a la altura de Puerto Páez”, le dice a Infobae un dirigente social de Puerto Ayacucho.

Si en algo parece coincidir mucho amazonense es que “en las minas hay un mundo de delito, narcotráfico, trata de personas, prostitución, de todo lo peor que te puedas imaginar. Nadie se beneficia. Ese supuesto desarrollo económico nunca llega ni llegará. La gente sale de allá enferma, endeudada, más empobrecida que cuando se fue, entonces ¿qué mejor calidad de vida es esa?”

Un minero, oriundo del estado Zulia, que pide no ser identificado, dijo a Infobae, el domingo 10 de septiembre, que “los militares nos saquearon. Nosotros sabemos que estamos ilegales aquí, pero no estamos porque queremos, sino por la situación, porque lo otro es irnos para otro país y ser humillados. Ha habido un trato inhumano. Hay niños, personas mayores. Aquí hay gente de todos los estados de Venezuela. Hablo bajito, porque yo estoy corriendo peligro al hablar con usted. Necesitamos los derechos humanos y una garantía para los mineros venezolanos”.

El miércoles 13 de septiembre el maracucho insiste en hablar con Infobae, “uno está consciente del daño que estamos haciéndole al parque, pero la necesidad tiene cara de perro. Aquí la situación cada vez está peor; ya hay heridos y muertos. Los militares están arremetiendo contra el pueblo y lo más seguro es que esas muertes queden impunes y digan que eran de grupos terroristas, pero aquí solo hay civiles venezolanos”.

El jueves 7 de septiembre, el periodista Luis Alejandro Acosta Romero, envía un video desde Mina Nueva, donde asegura que en Monterrey la gente de la mina está en resistencia “y si la Fuerza Armada vuelve a ir, va a salir nuevamente la población criolla y la indígena a defenderse; ellos ayer ganaron porque están organizados para enfrentar a la Fuerza Armada”, agrega que pasó por varias zonas que ya no existen “porque lamentablemente la población no se unió”, pero afirma que Mina Nueva y Cacique está muy poblada.

En el caso de Mina Nueva dijo que iba a ser muy difícil el desalojo. “Se escucha que en Cacique y Mina Nueva las comunidades se van a restear, van a defender sus territorios, hablan de muertos, Dios quiera que no haya, pero aquí no va a haber desalojo. ¿Estarán preparados los militares para enfrentar a un pueblo? porque aún no se han visto videos de muertos que es lo que se aproxima en el Yapacana. Están eliminando las minas fuertes y están en resistencia, están dispuesto a que haya “dos, tres o cinco muertos”.

Agrega que había podido “hablar con militares de relevancia y no quieren hacer esto, no quieren enfrentarse al pueblo; dejemos de pensar que los militares son los malos, porque hay un grupo que es humanista, que está apegado a la Ley, pero están recibiendo instrucciones nacionales, y que sino los relevan de sus cargos como generales o los meten presos”.

“Me encuentro que los que sí están agresivos son los policías de Amazonas y eso es preocupante, que nuestros policías, que todos nos conocemos, que nos vemos en Puerto Ayacucho sean los agresivos, los que hicieron las quemas en las minas, no tuvieron piedad para quemarles los campamentos, robarle las plantas y los corotos. Los collarcitos que los mineros cargan, que son envases con oro, se los reventaban”, dice Acosta en el video.

Al día siguiente, el 8 de septiembre, Alejandro Acosta, quien además de periodista es indígena y secretario político del partido Acción Democrática en el estado Amazonas, fue detenido.

Sin duda que el hecho de que Acosta hiciera videos que publicaba en WhatsApp causó especial preocupación de los militares que, por una parte, con ayuda de periodistas de los medios de propaganda del Gobierno, hacían creer que el proceso de desalojo del Yapacana se estaba haciendo de manera concertada con los mineros, cuando en realidad hubo previas amenazas y coacciones, aunada a la represión que llevó a que cerca de 10 mil mineros abandonaran o fueran, en los últimos meses, expulsados del Yapacana.

Además, el interés principal de los grupos irregulares es que se continuara con la minería mientras atraían el interés de tropa del ejército a quienes pudieran convencer de incorporarse a la explotación de las minas, una oferta nada despreciable ante las miserables condiciones de seguridad social de los soldados enviados a esa zona fronteriza.

Los videos que Acosta realizaba en defensa de la minería sin duda que exponía a la Fuerza Armada, quien lo detiene y lo coloca a orden del Ministerio Público, quien lo imputa, el 12 de septiembre, por tres delitos: ejercicio de la minería ilegal en modalidad de promoción e incitación, ocupación de zonas protegidas e incitación a delinquir. El Tribunal le concedió medidas cautelares, pero el Ministerio Público ejerció los efectos suspensivos para que quedara privado de libertad.

Varios indígenas e integrantes de ONG que defienden a las comunidades originarias de la zona dijeron, en conversación con Infobae, que Acosta no estaba en las minas por actividades netamente periodísticas, sino por su relación con los grupos irregulares, especialmente las mafias mineras controladas por los guerrilleros de las disidencias de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Libreación Nacional (ELN).

“Los guerrilleros se niegan a abandonar el gran negocio que para ellos representa el Yapacana, son los que tienen engañados a los indígenas, a quienes les permiten explotar las minas, pero las grandes ganancias se la llevan los irregulares y algunos militares que están en ese negocio; nuestras comunidades viven en la miseria, porque quienes se enriquecen son los guerrilleros que están por detrás, atizando el fuego para que los pequeños mineros den la cara a cambio de miserias”, relata indignada una mujer indígena.

A pesar de que muchos habitantes de Amazonas han trabajado en las minas, hay un rechazo general de los amazonenses por lo que sucede en el Yapacana. “Aquí hay muchos intereses de que la Operación Autana fracase porque de allí se financian los irregulares, que son los que usan a los mineros y al periodista Acosta para que ampare lo que está sucediendo con la minería”, asegura un periodista que trabaja con una ONG en la frontera.

Agrega que “aquí sabemos que Alejandro Acosta no estaba ejerciendo como periodista sino como propagandista de los grupos irregulares. No es un profesional serio, al contrario, más bien muy cuestionado, pero su relación con la guerrilla en este caso de las minas fue muy evidente y eso es algo que lesiona el ejercicio de la prensa porque los guerrilleros son delincuentes que nos tienen amenazado seamos pueblo, indígenas, periodistas o lo que sea”, finaliza diciendo.

Por otra parte, fuentes políticas aseguran a Infobae que “en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional, Acosta Romero se hizo llamar coordinador de partidos políticos de oposición, con unos políticos colombianos, les estaba negociando apoyo financiero y aquí nosotros sin saber nada, hizo hasta oficios y comunicados usando los logos de los partidos. Cuando se lo reclamamos, Acosta dijo que él lo que estaba era consiguiendo unos millones de pesos para cada partido. Nos negamos a firmarle nada y aparecer en sus triquiñuelas, por lo que terminó huyendo a Inírida, donde vive en una zona de la periferia, en una humilde casita de tablas de madera y bolsas de plástico”.

Al día siguiente del más álgido, desde que empezó la Operación Autana, que contempla el desalojo de los mineros de la mina Cacique, cerro Yapacana, el Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, suscribe un comunicado, informando que “el día de ayer, 13 de septiembre de los corrientes, 400 efectivos militares procedieron al desalojo, desmantelamiento y destrucción de más de 500 estructuras clandestinas utilizadas para la minería ilegal, en el sector Cacique, municipio Atabapo”.

“Al momento del abordaje, cuando se conminaba a todas las personas allí presentes a abandonar pacíficamente el sector; un grupo de mineros atacó sorpresiva y premeditadamente a los funcionarios con armas blancas y de fuego. Esta irresponsable acción generó 02 personas fallecidas y 03 heridas, así como 03 efectivos militares también heridos”, agregando que todos los lesionados estaban recibiendo atención médica en la red sanitaria militar y pública.

Llama la atención que el titular castrense haya recordado que el Parque Nacional Cerro Yapacana, es un Área Bajo Régimen de Administración Especial y Zona de Seguridad y Defensa del Estado, por o que “está expresamente prohibida la realización de actividades de minería”, agregando que “se han desalojado más de 12 mil personas”, sin explicar cómo es que esas miles de personas ocuparon la zona fronteriza, cuando la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB) es constitucionalmente la responsable de la custodia del territorio venezolano.

Padrino López aseveró que “tras la minería ilegal se genera un sin número de crímenes como el trabajo y la prostitución forzados, la trata de personas, el contrabando y la depredación ambiental, afirmando que son delitos auspiciados por Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia, Tancol, el nombre que se inventó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ Domingo Hernández Lárez para ocultar llamarlos “guerrilleros” sea del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).