Denunció a Freddy Bernal por camiones de contrabando que mataron a su hija adoptiva: lo detuvieron y acusaron de once delitos

Sobre Jonatan Alberto Palacios Castillo, quien se presentaba como gerente General de la Fundación Animalista Ambientalista Bolívar (FundaBolívar), hay varias historias. Testimonios lo señalan de arbitrario usando el poder, para llevarse, bajo amenaza, animales que luego supuestamente no eran atendidos con diligencia. Otros lo defienden apasionadamente por la defensa animal y más aun por el accidente donde murió su hija adoptiva y dos empleados de la Fundación y que lo enfrentó con la poderosa red del contrabando fronterizo. La excusa inicial para detenerlo fue la Ley del Odio por una foto del Fiscal General con un mono, pero nada explica cómo violentan el debido proceso, lo acusan de diez delitos, entre ellos lucrarse del dinero que recibía. Apresaron a parte de su familia y equipo.

En toda la violación al debido proceso es recurrente el nombre del fiscal de San Antonio del Táchira, Clodowaldo de La Cruz Barajas, quien no se sabe cómo regresó al Ministerio Público, luego que en septiembre de 2017 fue destituido como Fiscal Auxiliar 9 del Zulia y reaparece como Fiscal 25 en Táchira. Ese Fiscal había sido muchas veces previamente denunciado por la FundaBolivar.

Sería el fiscal La Cruz Barajas quien habría manipulado el caso que de un señalamiento por la Ley del Odio, pasó a detención, amenazas y torturas contra Palacios, su familia y compañeros de trabajo. Es cierto que el status legal de Jonatan Palacios no estaba regularizado ni se explica cómo llegó a ocupar cargos públicos con solo una solicitud rechazada de refugio, la cual había apelado.

“A pesar de que los detuvieron por delitos diferentes y en fechas diferentes, unen las causas para imputar el delito de Asociación para Delinquir y le imponen 11 delitos más a los tres iniciales. El 26 de marzo de 2021, sin haberse cumplido los 45 días del lapso procesal de la investigación, el fiscal General publica en su red Twitter a los tres detenidos como estafadores, resaltando que Jonatan era delincuente colombiano y estafador internacional, que la casa que se estaba rifando no existía”, dice en conversación con Infobae la sobreviviente Yirenny Villalba en declaración avalada por Martha Nancy Castillo, madre de Palacios.

Precisa lo ocurrido con el caso. Asegura que todo inicia el 14 de enero de 2021 “cuando dos gandolas del contrabando venezolano sacan de la vía, San Antonio del Táchira - Rubio, a la ambulancia de FundaBolívar, que lleva a la muerte de: Jesús Caicedo, Guillermo Ayala y Gisselle hija adoptiva de Jonatan Palacios”. Hubo tres sobrevivientes: Abigail Guerrero esposa de Jesús Caicedo, Anyelli Michelle Parada Samaca quien era entonces la pareja de Palacios y madre de la niña que murió, y Yirenny Villalba, quien habló con Infobae. “El rescate lo coordina Jonatan, porque las autoridades no se ocuparon. En el Hospital Militar de San Cristóbal, negaron la asistencia médica, por lo que Jonatan coordina clínicas privadas”.

“Amenazan al único testigo, cambian su declaración y no entregan reporte policial del accidente. Jonatan se enfrenta a un capitán de la Guardia Nacional del punto de control Peracal que estaba amenazando al testigo para que no mencionara las gandolas. El compañero David Sánchez va hasta la finca La Ponderosa donde están las dos gandolas, causantes del accidente, y toma fotos. Más aun, se confirma que la cámara exterior de la sede administrativa grabó las gandolas que pasaron por el frente de la oficina esa misma noche”.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) “ordena a chatarreros que piquen la ambulancia y la saquen en pedazos para destruir evidencia. Palacios monta vigilancia en el lugar del accidente para evitar que desaparezcan evidencias. El entonces alcalde del municipio Bolívar, William Gómez, coordina la extracción de la ambulancia por lo es amenazado”.

“Jonatan recibe audios del Sargento Sarmiento, adscrito a la alcabala Peracal de la GNB, quien le confirma que las gandolas pasaron con un permiso especial del Protectorado del estado Táchira, a cargo de Freddy Alirio Bernal Rosales, quien es hoy gobernador”.

Aseguran que los medios de comunicación de la frontera no publican el rol de las gandolas en el accidente, “por lo que Jonatan, el 18 de enero de 2021, lo denuncia en un comunicado de prensa a la vez que pide justicia”.

“El fiscal 25 del Ministerio Publico, Clodowaldo de la Cruz Barajas, va a la clínica a amenazar a las sobrevivientes de que no existen gandolas y que iban a exceso de velocidad. A la vez que ese Fiscal 25 cita a Jonatan a su oficina para preguntarle por las evidencias de la denuncia que ha hecho. Jonatan exige a la fiscalía los videos de las cámaras del punto de control Peracal para confirmar hechos del 14, pero la respuesta del Ministerio Público es que no puede acceder a ellos sin orden presidencial”.

Como un hombre que se movía en la frontera, Palacios va a la finca La Ponderosa, que sería un centro importante de las actividades ilícitas en la zona con la guerrilla y con el contrabando. “Cuando Jonatan llega a La Ponderosa para hablar con el ELN los encuentra reunidos con la Guardia Nacional; y le recomiendan que se olvide de lo sucedido”.

Palacios no pensaba dejar las cosas así y publica las fotos de las gandolas, “por lo que de inmediato recibe un llamado del Fiscal Superior del Táchira Alejando Celis, quien lo amenaza de meterlo preso si no borra la publicación, por lo que Jonatan cede y la borra”.

Durante los actos fúnebres de Giselle, la niña de cuatro años, el testigo del accidente le dice al padre adoptivo de la pequeña, “y lo hace frente a una amiga llamada Audrey, que se va del país porque el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científics Penales y Criminalísticas) le ha hecho tres allanamientos seguidos en horas de la madrugada, presionándolo para que diga que esas gandolas no existen”.

Jonatan Palacios “publica videos constantemente por las redes sociales, pidiendo justicia y apoyo del fiscal general Tarek William Saab para que investigue el caso”. Nada lo detiene, ni siquiera las amenazas de funcionarios de la alcabala Peracal e incluso logra pasar a las sobrevivientes hasta Ureña sin pasar por Peracal.

El 16 de febrero de 2021 incluye en su Instagram la publicación de una foto que hizo el Fiscal Tarek William Saab con un mono, lo que causó que esa noche una comisión del CICPC llegara al refugio de Fundabolívar y le indican a Palacios que debe ir a su sede a declarar sobre el accidente. “En el Cicpc lo empujan contra un escritorio, lo golpean y amenazan con un arma diciéndole que se había metido con alguien poderoso, lo recluyen en un calabozo durante tres días sin baño, sin luz, sin comida ni bebidas e incomunicado de su familia”.

El 19 de febrero lo presentan a tribunales y le dicen que está detenido por terrorismo, incitación al odio y daño a la Nación. “Ese día allanan la oficina de FundaBolívar y el refugio, detienen a Yilmar Campo presidente de la fundación, se llevan lo utilizado para atender a los animales, documentos, cámaras, absolutamente todo. Dejan a los trabajadores para que declaren en la madrugada; a todos los amenazan con dejarlos 20 años presos sino declaramos en contra de Jonatan”.

Aunque los sobrevivientes están aun en recuperación los citan sin tomar en cuenta que una estaba inmovilizada por fracturas en su pierna derecha. En el CICPC las dejan cinco horas, bajo amenaza para que declaren contra Jonatan, que entregue las motos, celulares y el carro sino las dejan 20 años presas. Amenazan y cachean a una de las madres de las sobrevivientes”.

Una semana después, “con el refugio completamente solo y sin atención alguna, las autoridades de protección animal, veterinarios y proteccionistas llegan al refugio encontrándolo en completo desastre y de ahí surge la versión que FundaBolivar era un fraude”.

El 5 de marzo de 2021 es detenida Anyelli Micele Parada Samaca, sobreviviente, entonces pareja de Palacio y madre de la niña fallecida. “A ella la amenazan por no declarar en contra de Jonatan. El fiscal Clodowaldo de la Cruz Barajas actúa con desconsideración ante la muerte de su hija, a la vez que la manipula psicológicamente así como a Oscar Yilmar Campo Moreno ofreciéndoles la libertad si declaran contra Jonatan”.

“Obligan a Ender Guerra, dueño de una casa que antes del accidente se estaba rifando, para que firmara una declaración que él no había hecho”. Durante siete meses, y con excusas, fueron diferidas las audiencias. Ignoraron múltiples órdenes de traslado médico No hubo respuesta efectiva de las instituciones que recibieron las denuncias que hizo Palacios: Defensoría del Pueblo y Fiscalía de Derechos Humanos.

El 18 de agosto del 2021 se realiza la primera audiencia preliminar. “El Juez le explica a los tres detenidos de FundaBolivar que les dará libertad, pero el Fiscal 25 inicia una discusión ante los argumentos del juez de que no hay sustento legal para dichas imputaciones y propone dejarles un solo delito para que ellos firmen y darles una medida cautelar. El fiscal le advierte al juez ‘usted no va a dañar este caso’, lo insulta delante de todos y le lanza los expedientes sobre el escritorio, hace llamadas telefónicas”, señala.

“Poco después el juez se acerca y les dice: ‘Yo no sé qué tenga el Fiscal con ustedes, pero me llamaron de Caracas y no les puedo dar la libertad, les voy a quitar los delitos más fuertes y así en el juicio le quitan los otros delitos y se van’. A ese juez lo sacaron del cargo y ese día Jonatan se declaró secuestrado por el Estado Venezolano y en huelga de hambre”.

El fiscal Clodowaldo de La Cruz apela la decisión tomada por el juez argumentando que él no estaba de acuerdo porque el Tribunal no citó a la víctima, es decir al Fiscal General de la República. “La decisión de la Corte de Apelaciones, casi un año después, da la razón a la defensa que se sustentó con más de 80 folios, y deciden devolver el proceso a la fase preliminar para corregir vicios y nulidades, además deciden no conocer del recurso fiscal”.

Después de 10 días de huelga de hambre, Jonatan Palacios logra que una representante consular, porque su nacionalidad es colombiana, tome sus denunciasñ. “En el CICPC es golpeado, le rompen todas sus pertenencias y en la madrugada es llevado sin previo aviso al penal de Santa Ana del Táchira, donde permanece aun”, asegura su familia.

“Ante el desespero y toda la tortura de la que ha sido víctima, el 31 de octubre de 2021, Jonatan hace un video exponiendo la violación de sus derechos humanos y fundamentales, tratos crueles, degradantes e inhumanos que ha recibido; se realiza cortes en el brazo. Sangrando y llorando le pide al fiscal Tarek William Saab que lo escuche y lo ayude; la consecuencia es que sea aislado e incomunicado, por casi tres meses, en celda de castigo”.

A eso se la agrega que supuestamente la dirección del Centro Penitenciario de Occidente (CPO) Santa Ana estuviese reteniendo las comunicaciones de Palacios, incluyendo una solicitud de Amparo Constitucional, evitando que se defienda. Aun así denunció ante la Fiscal 12 en materia de Derechos Humanos, Yanina Peñaloza. “También denuncia a la directora regional del Ministerio Penitenciario, Jessica Colmenares, por amenazarlo con tratos crueles y violentos y traslado a lo que ella llamó ‘penal de los colombianos’ degradándolo por su nacionalidad, y que fue entregada al Fiscal en jefe de oficina de derechos humanos Jonathan Guerra en visita al penal”.

Igualmente hizo denuncia ante el Fiscal Nacional en derechos Humanos, doctor Arrieta, contra el fiscal 25 Clodowaldo de la Cruz “por violación de derechos humanos por ser enemigo manifestó, por estar denunciado formalmente y jurar venganza, por las prácticas de tortura y tratos crueles”.

El 14 de julio de 2022 hay nueva audiencia preliminar, teniendo como Juez a Gleidys Nohelia Camacho de Rosales, donde supuestamente iban a corregir los vicios de las anteriores. Aunque resulte insólito el fiscal Clodowaldo de La Cruz le ha imputado a los tres: Manejo indebido de sustancias prohibidas, tenencia ilegal de fauna silvestre, violación a la privacidad de las omunicaciones, instigación a la desobediencia de las leyes, legitimación de capitales, incumplimiento al régimen de seguridad de la nación, incitación al odio, estafa agravada, asociación para delinquir, y adicionalmente a Anyelli Parada, que fue pareja de Jonatan y madre de la niña fallecida, le agrega Obstrucción a la Administración de Justicia. Sin duda hubo saña para golpear a Palacios, destruir a su familia y a la Fundación de Animales de los que se ocupaba.

Jonatan Palacios expuso ahí la violación de derechos y pide libertad para todos porque son inocentes. Solo liberan a Yilmar y Anyelly, obligándolos previamente a aceptar cargos o seguirían sometidos y torturados, y además ya les habían hecho firmar una supuesta acusación contra Jonatan como parte de un trato. Jonatan sigue preso y le dejan el delito de Incitación al Odio.

Palacios es enviado a juicio, que se inicia el 9 de octubre de 2022, aplicando las diferidas o documentales para alargarlo, por lo que aun al día de hoy no termina.

El 22 de septiembre de 2022, el personal diplomático de la cancillería colombiana, liderado por el embajador Fernando Cuartas, junto a la defensa de Jonatan, se dirigen a la cárcel para ver a Jonatan Palacios, pero no le permiten el ingreso al persona diplomático. El 16 de febrero de 2023 se cumplieron los dos años de la privación ilegal de libertad de Jonatan Palacios y el 17 de febrero le imputan un nuevo delito usando como excusa un llamado de auxilio de un privado discapacitado.

La última fecha de juicio fue el 11 de diciembre de 2022. El 14 de marzo de 2023 hubo una audiencia para prohibirle a Jonatan Palacios el derecho a declarar y a denunciar. Diez días después él “se declara nuevamente secuestrado ante el juez, fiscal y su equipo de defensa, expone todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y fundamentales, las torturas y el intento de homicidio por parte del ministerio público con el nuevo delito imputado”.

Si bien es cierto que Jonatan Palacios había sido denunciado por organizaciones y personas por el manejo que le daba a los animales y por los recursos que había obtenido con ayudas y de los cuales no rendía cuentas, según denuncia de varias personas en un reportaje del portal FromteraViva, también lo es que nada de eso justifica que a Palacios se le haya violado el debido proceso, sus derechos humanos y se le haya acorralado a él y a su familia.

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