Aunque la Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tiene 16 años de haber sido promulgada en Venezuela, casi siempre que una mujer denuncia a una pareja o ex pareja violenta no recibe protección adecuada, a menos que sea como instrumento político; féminas que se encuentran con el muro de una justicia que olvida con mucha frecuencia proteger a las verdaderas víctimas. Así es el caso de Naibelys Verónica Noel Pérez, a quien su ex pareja, José Teodoro González Uzcátegui, castigó matando a su hijo como se lo había prometido si ella decidía terminar la relación que sostenían. El 19 de julio un Tribunal condena a la mujer a 30 años de prisión. El asesino fue condenado a 15 años.
Las instituciones del Estado están plagadas de funcionarios que desconocen cómo defender a las víctimas, que ignoran los indicios de violencia con frases como “eso es un problema entre parejas”, “ya volverá con el marido”, “solo son amenazas”, entre otras. Y así llegan las tragedias como la que le ocurrió a Naibelys Noel, a quien la Fiscal 14 Provisoria de Mérida, Marialejandra Delfín Ruzza la acusó de cómplice del asesinato del niño de 17 meses de nacido. La juez provisoria de Juicio Nr. 5 del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, Lucy del Carmen Terán Camacho, le cambió el delito por el de omisión en la ejecución del delito de homicidio intencional con alevosía y por motivos innobles para condenarla a tres décadas en la cárcel, además de inhabilitación civil y política.
Nada convenció a las dos mujeres, Fiscal y Juez, de que Nibelys Noel era una víctima de violencia vicaria, a pesar de lo que argumentó su defensa, que ejerció ULA Mujer, un equipo de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género y el Observatorio de Derechos Humanos de esa casa de estudios (ODH-ULA). La fiscal Delfín Ruzza y la juez Terán la revictiman al considerar que en la madre del niño influyó el amor por González y por ello no ejerció el institnto maternal, “la estamos juzgando por ser la madre”, “ella le puso a su hijo en bandeja de plata al agresor”, asegurando que es posible delinquir por amor.
Cuando Naibelys Verónica, oriunda de Cabudare, estado Lara, pero con residencia en Santo Domingo, municipio Cardenal Quintero, estado Mérida, intentó denunciar a González, por maltrato infantil, los funcionarios no quisieron procesar el caso. Ella se va con su hijo hasta Barquisimeto, estado Lara, pero el síndrome de mujer maltratada, no recibir apoyo y no tener un empleo, conspiró contra su decisión de mantenerse alejada de González, con quien regresa a vivir en Santo Domingo, Mérida.
El 17 de agosto de 2019, José Teodoro González Uzcátegui, asesinó a golpes al bebé que había nacido hacía un año y cinco meses, lo hizo para causar mayor dolor a la madre del bebé. Los abogados de la mujer insistieron en defenderla, basados en que Naibelys Noel vivía una relación de violencia, que incluyeron ataques psicológicos, físicos y sexuales.
En mayo 2021 Naibelys fue enviada al Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), lugar donde también está recluido su expareja y asesino del bebé.
El asesino protegido
José Teodoro González Uzcátegui (34 años) ha sido desde el principio protegido. Aun cuando es el asesino del niño, el Comisrio Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), no enseñó su foto ni lo expuso ante los medios, como sí lo hizo con Naibelys Noel, denunciaron ULA Mujer y el ODH-ULA.
Un día antes de que el niño falleciera, según narró el ante el Tribunal, el Observatorio de la ULA, hubo una fuerte discusión, en la vivienda ubicada en el sector Moruco Alto, calle Piedrota, parroquia Santo Domingo, municipio Cardenal Quintero, estado Mérida, donde el victimario agredió a Naibelys, quien le dijo que lo dejaría porque estaba cansada de la violencia bajo la que vivía. El sujeto planifica su venganza con ella y al día siguiente con una excusa la envía a casa de una vecina; poco después Naibelys escucha los gritos del bebé y regresa a la casa, pero José Teodoro había cerrado la puerta con llave, mientras adentro golpeaba el cuerpecito del niño. Había consumado la obra de hacer daño a la madre a través del niño.
Él salió con el bebé en brazos que ya no lloraba ni se movía, lo llevó al hospital donde pidió que lo atendieran porque se había caído y luego se fue del lugar. El bebé había muerto. En la autopsia se plasmó que las lesiones que el cuerpecito presentaba no eran reiteradas y habían ocurrido recientemente. El infanticida fue detenido días después.
Naibelys, quien entonces tenía 21 años, le contó a los funcionarios del CICPC de Mérida lo ocurrido, las amenazas y la violencia; ellos se la llevaron y la privaron de libertad; desde entonces permaneció tras las rejas. Tres años después empezó el juicio. El abogado Iván Toro, coordinador del equipo de ODH-ULA, ha dicho que la experticia psiquiátrica hecha a Naibelys Noel, el 21 de septiembre 2021, a dos años de haber sido asesinado su hijo, determinó que ha estado emocionalmente afectada, tiene minusvalía psicológica y es una persona de fácil dominación porque es muy retraída.
En mayo 2023, la Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género notificó, lo ocurrido a Naibelys Noel, al Comité Cedaw (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), un órgano de las Naciones Unidas, integrado por 23 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo, siendo una de las primeras denuncias de ese tipo que conoce el Comité Cedaw Venezuela.
Por su parte, Amnistía Internacional consideró que acciones judiciales como la condena contra Naibelys Noel “evidencia que los funcionarios del sistema de justicia, tanto por parte del Ministerio Público y de los tribunales, no conocen ni reconocen elementos de violencia basada en género y mucho menos identifican situaciones de violencia vicaria, causando revictimización, desprotección y estigmatización a Naibelys Noel. Lo que lleva a pensar que el Estado venezolano, es un Estado misógino”.
“En Venezuela, las mujeres no están protegidas eficazmente contra la violencia vicaria de género. Esta tiene efectos devastadores sobre la convivencia social. Es importante destacar que la negación de la violencia contra las mujeres debe considerarse apología de la violencia”, considera Amnistía.
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