Un grupo de presos en Venezuela tomó de rehenes a cuatro policías para exigir el cumplimiento de sus reclamos

Un grupo de detenidos se hizo con el control de un calabozo de la sede de la Policía Nacional de Venezuela en La Morita, estado de Aragua, y tomó rehenes a cuatro oficiales durante el motín que aún persiste y ya superó las 24 horas.

Este lunes, los 104 detenidos iniciaron una revuelta y privaron de su libertad a cuatro funcionarios policiales, a quienes utilizan como medio para exigir la atención de las autoridades y un espacio de negociación en el que hacer valer sus reclamos.

El episodio se inició cuando los guardias realizaban el conteo de presos y no contaban con su armamento reglamentario. Los funcionarios detenidos son los primeros oficiales Katerin Vargas, Darwin Alvarado y Ruben Rojas, y el oficial Saulo Kiñones.

Videos difundidos en redes sociales, capturados por los propios presos, muestran la revuelta al interior de la cárcel, con gritos y alboroto.

Asimismo, se conocieron imágenes de los oficiales aunque estos negaron que estuvieran siendo sometidos a malos tratos. Por el contrario, se los ve maniatados pero en el mismo espacio que los reos y con acceso a alimentos, agua y otros recursos básicos.

“Aquí estamos confirmando la integridad física de los funcionarios. Aquí están ellos”, dice uno de los presos en los videos publicados en redes sociales.

Con ello, los amotinados dejaron en claro que el objetivo de la revuelta no es herir a ninguno de los oficiales sino que se trata de una manera de que las autoridades den lugar a sus reclamos y poner fin, así, al constante avasallamiento de sus derechos.

El descontento de los presos de Aragua se debe, principalmente, a dos cuestiones. Por un lado, los presos reclaman su traslado al centro penitenciario de Tocorón -el mayor del estado- y, por el otro, denuncian los reiterados y sostenidos abusos y malos tratos a los que son sometidos.

“Estamos haciendo esto con la finalidad de que nos saquen el traslado para nuestro penal de origen. Estamos cansados del atropello, del abuso, de que tenemos que dar 150 dólares, 200 dólares semanales para que podamos estar con la familia, de que seamos extorsionados”, comentó otro de los presos en un video.

“Cada uno de nuestros familiares es extorsionado por el Director (de La Morita). No es justo”, sumó a continuación y alentó, con ello, a todo el grupo de reos a retomar los gritos.

Inclusive, Darwin fue forzado a comunicarse con el exterior y pedir la presencia de los “jefes mayores, los chicos pesados” de la Policía Nacional Bolivariana para poner fin al motín.

A raíz de estos incidentes, horas más tarde llegaron al lugar tres representantes del Ministerio Público -entre ellos la Fiscal 11 previsora en material penitenciario, Verónica Ortega, y el funcionario de la Defensoría del Pueblo, Fernando Martínez- y una comisión del Sistema Judicial aunque, a pesar de los esfuerzos, “no se ha logrado un acuerdo para la liberación de los funcionarios detenidos”, indicó la ONG Ventana a la Libertad en un comunicado.

Una de las razones, según explicó la hermana de Alvarado, es que en Tocorón no quieren recibir a los reos y, por tanto, deben analizar su traslado a otros penales.

“Recibimos la llamada de mi hermano para que metieramos presión, para que le dijéramos a los jefes qué ha pasado que los presos no tienen respuesta alguna”, declaró este martes al medio día.

Junto con ella, permanecen con gran preocupación en las afueras del centro de detención otros familiares, a la espera de noticias.

“Ayer la vi y estaba pálida. Mi hija se siente mal, es angustioso. Es mi hija, es muy fuerte lo que está pasando. Queremos que esos fiscales vengan o lo que esos muchachos están pidiendo”, dijo por su parte la madre de Vargas.

Los reclamos de los detenidos no son una novedad, sin embargo. La de este lunes se trata de la más reciente muestra de descontento sobre una situación que lleva años dándose en Venezuela y a la cual nadie ha dado una respuesta efectiva.

Los detenidos de todo el país viven en condiciones de hacinamiento y casi nulidad de derechos humanos. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró en su último informe que las cárceles tienen una sobrepoblación que supera el 50% y numerosos documentos de organismos de derechos humanos han documentado las torturas y la violencia en estos sitios.

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