El revelador estudio de la evolución y crecimiento de los grupos armados híbridos bajo el régimen de Nicolás Maduro

“Para salvaguardar su posición, Maduro precisa de legitimidad en su país y en el exterior. La criminalidad descontrolada que ayudó a mantenerlo en el poder puede representar un obstáculo para lograr esa meta. Se enfrenta con un nuevo desafío: imponer orden en el Estado híbrido que creó. Y la pregunta que enfrenta ahora es si puede devolver este singular genio a la botella”, determina el más reciente estudio de InSight Crime, que arranca con una interrogante: ¿Venezuela es ahora un Estado híbrido, donde la línea entre gobernabilidad y criminalidad se ha desdibujado, o incluso ha desaparecido por completo?

Asevera el estudio que “bajo el régimen de Nicolás Maduro, el rol de los grupos armados híbridos existentes comenzó a evolucionar y extenderse, mientras que se presentaron nuevas oportunidades a grupos que antes fueron antagonistas o cooperadores de asegurar ventajas convirtiéndose en híbridos”.

InSight Crime, que es un centro de pensamiento y un medio de comunicación de informes, análisis, investigaciones y sugerencias de políticas sobre cómo abordar los múltiples desafíos sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, afirma que el inicio de la evolución de un Estado híbrido en Venezuela se remonta a cuando el entonces presidente Hugo Chávez intentaba utilizar todos los medios necesarios para continuar en el poder.

“Desde entonces han surgido nuevas generaciones de grupos armados híbridos, que sistemáticamente se coordinan con elementos del Estado y cooperan con estos. En algunas zonas de Venezuela, las autoridades ya cogobiernan con estos grupos, trabajando mano a mano con ellos para mantener el control social sobre la población y contrarrestar las amenazas políticas, sociales y económicas”.

“Cuando creció la oposición al nuevo gobierno, los colectivos se transformaron en grupos de choque chavistas desplegados para reprimir con violencia las protestas populares masivas que se extendían por todo el país”.

Por otra parte, “las amenazas al régimen de Maduro también alteraron su relación con los grupos guerrilleros. La insurgencia de Colombia evolucionó para convertirse en grupos paramilitares a favor del Estado venezolano y se autoproclamaron defensores de la Revolución Bolivariana”.

InSight Crime asegura que ha recopilado evidencia que muestra que tanto los colectivos como las guerrillas se han coordinado directamente con las fuerzas de seguridad para atacar a enemigos y rivales comunes, incluso llevando a cabo operativos conjuntos lado a lado.

Durante las protestas contra Maduro “era difícil saber quién asesinaba, porque las fuerzas de seguridad y los colectivos trabajaban hombro a hombro, y los colectivos tenían uniformes del Ejército”, le dijo a InSight Crime un funcionario municipal del estado de Lara.

Además en épocas de elecciones, “había despliegues de colectivos y guerrillas, que en ocasiones usaban una combinación de coerción violenta y sobornos para movilizar, controlar, o suprimir a los votantes en las zonas donde ellos tenían presencia, siempre a favor del gobierno de Maduro”.

“Las funciones de los grupos armados híbridos no se han limitado a la represión política. Y la nueva generación de híbridos no son apenas simpatizantes en el plano ideológico, también hay grupos criminales sin interés en la política más allá del provecho particular”.

“El gobierno de Maduro, al borde de la bancarrota, solo puede pagar salarios de hambre a las fuerzas de seguridad cuya lealtad es necesaria para mantenerlo en el poder. Y las ganancias de la corrupción, que se usaron para comprar la lealtad de aliados políticos y de la cúpula de la seguridad, se han agotado”.

“El Estado híbrido ofreció soluciones al permitir que las redes criminales insertadas en el Estado trabajaran con los grupos armados en las economías criminales, y al dar vía libre al surgimiento de nuevas formas de economías híbridas, donde bienes y recursos legales controlados por el Estado se solapan con las cadenas de suministro de la delincuencia”.

“Las economías criminales tradicionales, como el narcotráfico, son controladas mediante modelos cooperativos por redes criminales insertadas en el Estado y sus cómplices criminales. Las ganancias se dividen con los actores estatales, o se les entrega una parte, para garantizar la protección y facilitar las operaciones. Actores estatales y grupos criminales se lucran de estas nuevas economías híbridas, como el tráfico de chatarra, los mercados negros, el contrabando de mercancía y el de gasolina”.

Agrega el informe que “algunos grupos armados incursionaron en política, postulando a sus parientes y cómplices como candidatos o patrocinando a políticos escogidos por ellos mismos. Algunos lanzaron sus propios partidos políticos, como la guerrilla de las FBL, cuya Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) ganó el control de los municipios del estado de Apure y se hizo a varios escaños en la Asamblea Nacional”.

En la administración del entonces gobernador del Zulia, Omar Prieto, él y sus secuaces “dentro y fuera del gobierno extorsionaban y confiscaban negocios. Empezaron a disputar el contrabando de gasolina, mercancías y chatarra, usando la autoridad del cargo para expulsar a otros actores. Y usaron a la policía para eliminar a sus rivales”.

Cuando Chávez muere y asume Nicolás Maduro “la economía venezolana estaba al pie de un despeñadero que devastaría la población y dejaría al Estado casi en bancarrota. Eso agravaría la inseguridad y la delincuencia, además de la pobreza y el malestar social, que, a su vez, reforzarían el respaldo popular e internacional hacia la oposición política”, aunado al poco carisma del mandatario sobre la Fuerza Armada.

“La respuesta de Maduro fue construir uno de los legados más turbios de la era Chávez: la convergencia del Estado venezolano con grupos armados y con el crimen organizado. Lo que siguió llevó a Venezuela por una vía inexplorada de evolución criminal. En la actualidad, grupos criminales y actores estatales corruptos se unieron para formar un Estado híbrido que combina la gobernanza con la criminalidad, y donde los grupos armados ilegales actúan al servicio del Estado, mientras que en su interior se conforman redes criminales”.

Así determinan que los grupos armados híbridos van desde adversarios a incrustados en el Estado:

Grupos armados no estatales adversarios: se enfrentan o compiten directamente con el Estado debido a que tienen objetivos criminales o políticos divergentes. Pueden atacar o enfrentarse al Estado, el Estado puede perseguir activamente al grupo, o el grupo puede tratar de evitar por completo los enfrentamientos con el Estado.

Grupos armados no estatales cooperativos: mantienen relaciones mutuamente beneficiosas con elementos del Estado que son de alcance limitado, con objetivos específicos y suelen ser de naturaleza transaccional. A través de acuerdos ad-hoc o convenios recíprocos, los grupos y elementos del Estado practican intercambios de recursos económicos, prestan servicios de protección e impunidad, suministro de armas o equipos militares, acceso y control de territorios, y violencia por encargo.

Grupos armados híbridos: organizaciones cuya cooperación y coordinación con elementos del Estado es sistemática y constituye una característica esencial de sus operaciones. Sus intereses y objetivos, ya sean políticos, económicos o estratégicos, se han entrelazado con una o varias ramas del Estado.

Grupos incrustados en el Estado: redes delictivas cuyos líderes y miembros principales ocupan cargos dentro del Estado. Pueden aprovechar esta posición para obtener beneficios ilícitos, o actuar ilegalmente para promover los fines y objetivos de sus posiciones estatales. En sus funciones delictivas paralelas se organizan para llevar a cabo, controlar, o explotar de manera sistemática actividades ilegales, bien sea de forma independiente o en cooperación con actores no estatales o híbridos.

Según el estduio de InSight Crime “los primeros grupos definidamente híbridos de Venezuela se conformaron a comienzos de la década del 2000 con un fin primordial: mantener a Chávez en el poder”. Empezó con los colectivos, “organizaciones políticas de base que abarcaban el espectro desde militantes armados y subversivos hasta organizaciones sociales y culturales que atendían comunidades desprotegidas” y que Hugo Chávez trató de integrar en su movimiento político, por medio los Círculos Bolivarianos.

“Después de que demostraran ser esenciales en la movilización de las protestas populares que reinstauró a Chávez en el poder después de un golpe militar de 48 horas en 2002, el gobierno llevó las cosas mucho más lejos, con la entrega de armas, financiamiento y entrenamiento”. Un general retirado le dijo a InSight Crime que esos grupos “pasaron de ser ideológicos a recibir entrenamiento militar”.

Estiman que antes de subir al poder, “Chávez había cultivado lazos políticos con las insurgencias izquierdistas de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como con el grupo guerrillero venezolano Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL)”, que posteriormente integro a sus planes geopolíticos cuando se distorsionaron las relaciones con Colombia y Estados Unidos; así pasó del “apoyo ideológico a la coordinación sistemática e intercambios de recursos y servicios como armas, suministros y lavado de dinero”.

Liborio Guarulla Garrido, quien llegó a Gobernador del estado Amazonas, en el 2001, sobre la cresta de la revolución bolivariana con uno de los partidos del Gran Polo Patriótico, Patria para Todos (PPT) le dijo a InSight Crime, que el Estado estaba financiando o apoyando los movimientos subversivos guerrilleros porque si “en algún momento ocurría una intervención, una invasión, contaran con un elemento armado adicional que pudiera participar”, asegurando que temía denunciar oficialmente “ya que cuando hablaba con funcionarios de alto rango del gobierno, todos me decían: que esa era la orden de arriba”.

Considera InSight Crime que “el ascenso de estos grupos armados híbridos en Venezuela se vio igualado por la proliferación de redes criminales insertadas en el Estado, una tendencia motivada por la misma lógica: proteger el poder de Chávez”.

“Después del derrumbe de los precios del petróleo tras la crisis económica global de 2008, Chávez quiso explotar la riqueza mineral del estado de Bolívar para compensar los ingresos perdidos. Sus esfuerzos por nacionalizar el sector minero fallaron estrepitosamente, pero el sector minero informal, controlado por las bandas, llenó el vacío dejado por el colapso de la industria y ofreció nuevas oportunidades criminales”, destaca el estudio de InSight Crime, para quien la combinación de bandas delincuenciales y oro convirtió la minería en una economía híbrida”.

“Las bandas mineras, conocidas como sindicatos, estaban presuntamentebajo la protección y el patrocinio del general retirado Francisco Rangel Gómez, antiguo camarada de Hugo Chávez en el Ejército, quien fue gobernador de Bolívar entre 2004 y 2017″.

Ante la escalada de las tasas de homicidios y los delitos predatorios, afectando “especialmente las zonas urbanas desfavorecidas, y, de manera más espectacular, los centros penitenciarios, donde las denuncias de bandas carcelarias armadas con armas semiautomáticas enfrentándose entre ellas, y con los guardias, sacudieron el mundo. Esta vez, la solución que buscó el gobierno fue una forma de gobernanza híbrida, que usaba el crimen organizado para imponer orden en el caos”.

Los pranes, jefes de bandas dentro de las cárceles, se les reconoció negociando y llegando a acuerdos con ellos, según dijo la ex directora nacional del sistema de prisiones, dependiente del Ministerio de Justicia, Mónica Fernández. “La cesión del poder a los pranes sentó un precedente: la gobernanza negociada entre grupos armados y el Estado para beneficio mutuo”, dice el informe.

Igual se hizo fuera de las prisiones con los acuerdos de las Zonas de Paz; “se retiraron las fuerzas de seguridad de territorios controlados por las bandas a cambio de que estas se comprometieran a reducir la violencia y, eventualmente, a desarmarse. Pero aunque hubo un repliegue de las fuerzas de seguridad, las bandas incumplieron su parte del acuerdo, y dieron inicio a una nueva era de gobernanza criminal para muchas comunidades”.

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