El fiscal de la CPI se reunió con el dictador Nicolás Maduro en medio de investigaciones por crímenes de lesa humanidad

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se reunió este jueves con el dictador venezolano Nicolás Maduro en una visita al país caribeño, donde este tribunal abrió una investigación por denuncias de crímenes de lesa humanidad, que incluye: Desaparición forzada, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Khan llegó a Venezuela procedente de Colombia, cumpliendo su tercera visita a este país sudamericano tras la de noviembre de 2021 y marzo de 2022.

Ni Khan ni Maduro ofrecieron declaraciones luego del encuentro que sostuvieron en el palacio de Miraflores, en el centro de Caracas.

La delegación de Karim Khan estuvo integrada por sus asistentes especiales, Jonathan Agar y Sarah Hishan, y por la asesora de cooperación internacional, Miia Aro-Sánchez.

La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió en noviembre de 2021 una investigación formal contra el régimen chavista por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017, año en el que se registraron más de un centenar de muertes en el marco de protestas contra la dictadura.

Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la opacidad en torno a las actividades de Khan en esta última visita, pues han estado cerradas a la prensa independiente.

La ONG Provea pidió en un comunicado que divulgó en Twitter que las víctimas de violaciones de derechos humanos sean “escuchadas” frente a la “ausencia de justicia”.

“Se necesitan investigaciones genuinas”, apuntó Provea. “Los Jueces, Fiscal y miembros de la CPI no deben ser víctimas de ataques y estigmatización por parte de las autoridades venezolanas y actores de poder”.

El fiscal Khan ha dicho que hay bases para creer que han ocurrido violaciones “sistemáticas” de derechos humanos en Venezuela, pero Maduro lo ha acusado de tener una “visión claramente prejuiciada” y alega que “el sistema de justicia responde ante los excesos de las fuerzas del orden”.

Más temprano, antes de la cita con el dictador venezolano, Khan habló con el fiscal general impuesto por Maduro, Tarek William Saab.

“Intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los Derechos Humanos en Venezuela”, publicó en Twitter Saab.

Hay varios puntos pendientes acordados por Venezuela y la CPI en el pasado, como la apertura de una oficina de ese tribunal en Caracas.

Familiares de víctimas recientemente entrevistados por la agencia de noticias AFP esperan que la justicia internacional mantenga los focos sobre Venezuela.

“Necesitamos que la investigación continúe (...), es la única forma de que nosotros podamos tener, en algún momento, un poco de paz”, comentó Elvira de Pernalete, madre del universitario Juan Pablo Pernalete, asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho el 26 de abril de 2017 en Caracas, disparada por un Guardia Nacional durante la represión de las manifestaciones.

El pasado mes de mayo Provea aseguró que durante 2022 se registraron un total de 2.203 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 91 fueron casos de tortura.

“En 2022, se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento de 68,6 % con respecto a 2021. 91 personas fueron víctimas de tortura”, de las que dos fallecieron a causa del daño ocasionado, señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del balance anual.

Asimismo, dijo que la mayoría de estas personas son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles venezolanas.

“Las condiciones de reclusión, no solo de los presos políticos sino de todos los presos en el país, generan este patrón masivo de violaciones de derechos humanos”, añadió.

“El irrespeto a la dignidad humana derivado del hacinamiento carcelario, las malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable, y carencia de recursos para atender las necesidades básicas de las personas detenidas, vulnera las garantías previstas en la Constitución”, prosigue el escrito.

Provea pidió que se permita el ingreso de representantes de diversos mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos, incluyendo al equipo de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a las cárceles del país para constatar el estado en el que se encuentran los privados de libertad.

(Con información de AFP y EFE)

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