Una abuela venezolana denunció que una red de funcionarios le quitó a sus nietos y advierte: “No soy la única, somos muchos”

Un patrón se repite en Venezuela; el negocio de niños para varios jueces, fiscales y Consejos de Protección de Niños y Adolescentes, junto a una red poderosa de abogados, que se escuda en “es por beneficio de los niños” amenazando y apresando a quien los señala. Yrasema Malavé ha estado reclamando durante un año a su hija, pero hace unos días, durante una entrevista periodística, fue detenida y ahora acusada de abuso sexual. Brotaron las denuncias en varios lugares, ya no solo en Carabobo, también en Caracas y Táchira. Padres con dinero que compran el beneficio de quedarse con los niños, otros cedidos sin la rigurosidad legal a padres adoptivos. La historia que Carmen Esperanza Iribarren Peraza le contó a Infobae es reveladora: le quitaron a los nietos que cuidó desde bebés, su apartamento, sus bienes y fue amenazada.

Narra que sus nietos nacieron en el estado Carabobo; la madre de ellos es hija de Iribarren. “Desde bebés me dediqué a criarlos y hace cinco años me los arrebataron; es una red con participación de funcionarios de la Maternidad del Sur, del Consejo de Protección (CMPNNA) de La Isabelica y su Programa de Abrigo en Familia Sustituta, que es un cáncer donde se asignan y se quitan niños de manera irregular, aunado a la Fiscalía de Protección, que en mi caso arrancó con el fiscal Kevin de Jesús Sepúlveda Piedra y continuó con Yusmar Nereyda Casas Vargas”.

“El Consejo de Protección de La Isabelica le dio mis nietos, en abrigo, a una pareja que no tiene ningún vínculo parental. Me los quitaron y me arrancaron el alma, pero no paro de denunciar”, dice Iribarren viuda de Martínez, mientras asegura que sus nietos fueron manipulados para que se pusieran en contra de ella. “Ese hombre y su mujer querían a mi nieto desde que tenía un mes de nacido y lo vieron en el hospital. Fue él quien convenció a mis nietos para que nos mudáramos de donde vivíamos en Guanare para Valencia, con el argumento de que había cosas más bonitas para los muchachos. Después los manipuló, los puso en mi contra, me denunció por maltrato, cuando se demostró que eso nunca ocurrió, y se quedó con mis nietos. Esa pareja tiene mucha relación con los funcionarios del CMPNNA porque incluso viven muy cerca”.

“Hace un año usó a mi nieta para que me denunciara y la fiscal Yusmar Casas me mandó presa, así como hace unos días ordenó la detención de Yrasema Malavé, quien también es víctima de Yolanda Arteaga, coordinadora del Programa Abrigo en Familia Sustituta y otra consejera. En mi caso, de la consejera Carrero, el consejero Gabriel Sanoja que se cansó de insultarme y amenazarme con detenerme si hablaba. Un agente de la oficina de violencia de género violentó mis derechos; estuve tres días presa y casi no pude ir al baño por temor”, dice mientras se le quiebra la voz.

“No soy la única, somos muchos y luchamos porque se haga justicia. Mientras estuve presa, se robaron las llaves y se apoderaron del apartamento donde vivía, no me dejaron entrar más, me robaron todos mis muebles, mis electrodomésticos, todo, me dejaron en la calle”.

Lo asombroso es que Iribarren Peraza tiene una sentencia definitivamente firme de un Tribunal que le dio la patria potestad absoluta de sus dos nietos. “La niña ya cumplió los 18 años, pero entonces tenía 13 años. Ese Consejo de Protección nunca me llamó para visitas supervisadas, aunque soy parte fundamental del proceso. Los Consejos de Protección son órganos auxiliares y no pueden dictar esas medidas”.

“Después de que la pareja tenía dos años y medio con mis nietos, decidieron desprenderse de mi nieta con un poco de excusas, separaron a los hermanos y le prohibían a ella que viera a su hermano. Mi nieta es muy hermosa; y tiene tres medidas de abrigo con tres personas diferentes, una de ellas, con un supuesto papá biológico que le apareció a los 15 años y a quien el Consejo de Protección le facilitó todo para que se la llevara a vivir con él, para después descubrir, por una prueba de ADN, que no es el padre de la chica”, dice la indignada abuela.

La crisis en Venezuela se extiende de manera alarmante entre funcionarios corruptos que llevan años negociando con los niños; incluso se creó la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos (Funvenides) que ha librado una larga lucha para devolver a niños a sus hogares, pero cuyo mayor obstáculo es la mafia de abogados, jueces, fiscales y funcionarios de protección, especialmente en Caracas y de ahí se irrqadia a todo el país. Muchas veces benefician a uno de los padres porque tiene poder político, militar o económico, en otros casos, como el revelado por Iribarren Peraza, los niños son apartados de sus verdaderas familias por las autoridades de Protección de NNA de Carabobo.

Existen muchas denuncias sobre fiscales, jueces y el Consejo Municipal de Protección de Niños Niñas y Adolescentes (CMPNNA) y el Programa de Abrigo en Familia Sustituta de La Isabelica, dependiente de Valencia, cuyo alcalde es Julio César Fuenmayor Buitrago.

“Ya es hora de darle un paro a estas prácticas llevadas a cabo por los Organismos de Protección de NNA de Carabobo, de manera especial el CMPNNA La Isabelica y el Programa de Abrigo en Familia Sustituta que allí funciona, Fiscalía del Ministerio Público, Policías, Instituciones Educativas y de Salud (Maternidad), Consejos Comunales, Condominio, Policías. Podríamos estar en presencia de negocio de seres humanos, un crimen de Lesa Humanidad que se agrava cuando se trata de niños. Tengo 73 años y me han despojado de todo”, dice Iribarren.

“Es alarmante lo que está ocurriendo. Son muchos los casos señalando a ese Consejo de Protección de La Isabelica Carabobo por actuaciones irregulares conjuntamente con la Fiscalía del MP Carabobo; fabrican pruebas, coaccionan bajo amenazas de poner presas a las personas para que firmen lo que ellos desean, les gritan y entregan a los niños al mejor postor sin respetar lazos de consanguinidad, sentencias de Tribunales, nada. Todo eso me sucedió a mí y hay otros como el de Yrasema, Karesirper, Luis José, Adriana y así una larga lista”.

En varios de los casos denunciados de lo que ocurre con los niños, en Carabobo, Táchira y Caracas, entre otros estados, hay un patrón: secuestro exprés de los niños, entrega inmediata a sus parejas o a personas que no tienen vínculos de consanguinidad con éstos y si los agraviados reclaman, los encarcelan.

Carmen Esperanza es una abuela con mucha vitalidad y energía, que ha luchado durante casi cinco años por su nieta y su nieto, desde que Kevin de Jesús Sepúlveda Piedra, Fiscal 21 del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Carabobo, “pasó por encima de una sentencia definitivamente firme de un Tribunal que me otorgó la Patria Potestad Absoluta de mis nietos y un acta del CMPNNA que ordenaba que me los entregaran”.

En efecto, el Tribunal de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, el 16 de julio 2014, expediente PP01-V-2009-00068, decidió que la Responsabilidad de Crianza de los niños recayera en su abuela Carmen Esperanza Iribarren.

Los dos adolescentes habían sido dados a un matrimonio “siendo la misma pareja, que teniendo mi nieto varón un mes de nacido en la Maternidad del Sur Carabobo, al momento de darle el alta, ese mismo CMPNNA la Isabelica emite dos escritos con idéntica fecha, en uno de ellos ordena el egreso del niño y la entrega a la familia de origen haciendo notar que allí había familia. En el otro escrito, ordena que se entregue el niño a una ciudadana desconocida, casualmente la misma a quien la Fiscalía, conjuntamente con el CMPNNA la Isabelica, le entregaron a mis dos nietos hace 5 años”.

“El procedimiento en ambos casos fue llevado a cabo por la misma persona, es decir, la Coordinadora del Programa de Abrigo en Familia Sustituta. Aunque hice los reclamos nunca fui atendida con decencia, más bien en el CPNNA La Isabelica, fui insultada, gritada, coaccionada y amenazada con meterme presa. Hace un año, y en una acción a mi parecer instigada por el ciudadano que tiene a mi nieto en su casa de matrimonio, fui presa por tres días en la Policía Municipal de Los Guayos por orden de la Fiscal 20 del MP Carabobo abogada Yusmar Nereyda Casas Vargas”.

“A mí ya me metieron presa durante tres días en Los Guayos, lo próximo ¿será matarme? porque he insistido en denunciar; después de la detención acudí infinidad de veces a la Fiscalía, hasta que me recibió la misma fiscal que ordenó detenerme y me dijo que hiciera un escrito donde dijera que aunque ella no tenía responsabilidad para yo retirar las cosas de mi apartamento, ella iba a interceder por mí con el dueño del apartamento, que es la misma persona que me despojó de mis nietos”.

“Ya ni siquiera pido que me devuelvan a mis nietos, porque los han alienado, no te imaginas lo que le pasa a los niños cuando los separan de su familia, pero estoy aquí denunciando aunque sea mis últimas palabras, para que se haga justicia, para que paren a esa red que estaría negociando con niños. Y sí, temo por mi vida”, finaliza diciendo Carmen Iribarren en la conversación con Infobae.

Muchas personas que han perdido sus hijos solicita que se investigue el ejercicio del Interés Superior y el ordenamiento jurídico legal especial y constitucional. “Yrasema es una más de las dolientes como consecuencia de las colocaciones de niños exprés en mujeres infértiles y desconocidas. ¿Cómo sabe el CMPNNA La Isabelica acerca de si esas personas tienen la capacidad para asumir niños desconocidos de madres que los buscan desesperadas? ¿Por qué no toman en consideración a la familia parental?”, le dice a Infobae la tía de un niño separado de su familia hace años.

Aunque hay muchas denuncias, no hay funcionario alguno que muestre preocupación alguna por lo que estaría ocurriendo con los niños. La responsabilidad es del Ministerio Público, del alcalde, de los concejales e incluso del Síndico Procurador, a quien señalan de no asistir a las audiencias, aunque representa a la municipalidad.

La coincidencia de denuncias por lo menos obliga a que se investigue a funcionarios que han sido señalados como Mariangel Pernalete, Dennaly Salgado, Arelis Rodríguez, Yolanda Arteaga, el exfiscal provisorio 20 de Carabobo Kevin de Jesús Sepúlveda Piedra y la actual fiscal Yusmar Nereyda Casas Vargas. A ello debe sumarse una revisión nacional de todo el sistema de protección judicial se niños y adolescentes.

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