Censura en Venezuela: el Instituto Prensa y Sociedad denunció 40 casos de bloqueo a medios digitales en 2022

En su informe anual, la ONG indicó que la mayor parte de la población venezolana sigue padeciendo dificultades para acceder a servicios de internet de calidad

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Una joven se tapa la boca con un cartel que reclama "libertad de expresión" en Venezuela (Archivo)
Una joven se tapa la boca con un cartel que reclama "libertad de expresión" en Venezuela (Archivo)

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela denunció 40 casos de bloqueo a medios digitales en el país caribeño durante el año pasado. Se trata de portales nacionales y extranjeros que están siendo bloqueados desde los servicios de proveedores de internet privados y estatales.

En su informe anual sobre derechos digitales, la ONG indicó que la mayor parte de la población venezolana sigue padeciendo dificultades para acceder a servicios de internet de calidad. Esto se debe a las “frecuentes interrupciones y deficiencias en la velocidad de las conexiones, fijas y móviles, por la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones deteriorada y vandalizada”.

“Los ataques discursivos y criminalizadores contra la prensa crítica caracterizaron la persecución digital a través de las redes sociales, aumentando el efecto amedrentador y de silencio que ha logrado inhibir la difusión de información sobre asuntos de interés público en el país”, enfatizó el escrito; al tiempo que acotó: “La censura en línea también continuó bajo la modalidad de ciberataques, que afectaron el funcionamiento de portales de noticias privados e independientes”.

El IPYS resaltó que durante 2022 persistieron las prácticas sistemáticas de persecución, bloqueos, desinformación y vigilancia en internet, profundizando aún más la erosión de las libertades fundamentales de la población venezolana que enfrenta una compleja y continua crisis política, económica y social.

Una manifestación por la libertad de prensa en Venezuela (Archivo)
Una manifestación por la libertad de prensa en Venezuela (Archivo)

Además, explicó que la infraestructura de telecomunicaciones en el país se encuentra en un estado muy precario y desactualizado, lo que dificulta garantizar la conectividad equitativa, accesible y de calidad en todo el territorio nacional.

“En un país donde el espacio digital es limitado, la libertad de expresión sigue en declive debido a amenazas, criminalización y hostigamiento hacia la prensa crítica, como parte de una estrategia para socavar la independencia y la pluralidad de los medios en todos los ámbitos. Este es el preocupante escenario de agravios que afecta al espacio cívico, incluyendo internet, y que refleja el impacto de la hegemonía comunicacional promovida por el poder estatal durante más de dos décadas”, denunció el informe.

En un desglose de los ataques, la ONG informó que, en total, se registraron 59 violaciones a lo largo del año pasado, que incluyen el cierre y la suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales (8), bloqueo selectivo de sitios web (40), ataques de denegación de servicio (DDoS) (4), hackeos (2), suplantación de identidad (2), doxing (divulgación en línea de información personal de un periodista) (1), acceso ilícito a medios o soportes digitales (1) y phishing (1).

Otro punto que señaló el reporte es que preocupa especialmente que las medidas restrictivas a los espacios de información, tanto en línea como fuera de ella, no solo condicionan el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela, sino que también fomentan la autocensura entre los medios, los periodistas y la sociedad.

Cantv (EFE/Rayner Peña R./Archivo)
Cantv (EFE/Rayner Peña R./Archivo)

Censura persistente

El Instituto Prensa y Sociedad subrayó que en el país caribeño “se continúan utilizando medidas discrecionales para obstaculizar el acceso a sitios web de medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros”.

Las restricciones fueron aplicadas por los principales proveedores de internet en Venezuela. El Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI, por sus siglas en inglés), en colaboración con el equipo de IPYS Venezuela y su red nacional de corresponsales, verificó los bloqueos e hizo seguimiento de las intermitencias y suspensiones masivas en los servicios de navegación.

El informe detalló que se identificaron episodios de censura selectiva en varios portales de noticias, entre ellos Infobae, Al Navío, Alberto News, Aporrea, Armando.Info, Caraota Digital, Correo del Caroní, Correo del Orinoco, Crónica Uno, Diario 2001, Dolartoday, Efecto Cocuyo, El Cooperante, El Nacional, El Pitazo, El Tiempo de Colombia, El Universal, EVTV, Globovisión, Infodio, La Mañana, La Patilla, Maduradas, Minuto 30, Monitoreamos, Noticia al Día, Noticia y Punto, Noticias de Venezuela, Noticiero Digital, NTN24, Primer Informe, Punto de Corte, Runrunes, Sumarium, Su Noticiero, Telesur Libre, Venezuela al Día, Vivo Play y VPI TV.

Es importante recordar que desde octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro mantiene bloqueado el acceso a Infobae en Venezuela como parte del cerrojo informativo cada vez más intenso al que somete a su población.

Siguiendo con el reporte, el IPYS indicó que, desde principios de 2022, los bloqueos y ataques han sido una constante forma de censura. “Sólo en febrero, se registraron bloqueos que afectaron el funcionamiento de 10 medios de comunicación. Uno de los casos destacados fue el bloqueo del portal de El Nacional, llevado a cabo por Cantv y las operadoras privadas Digitel, Movistar, Inter y Supercable, de acuerdo a lo documentado por el observatorio VE sin Filtro. Esta medida se implementó después de que los tribunales venezolanos le adjudicaron la sede del diario a Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV (partido oficialista), como parte de una sentencia por una demanda de ‘daño moral’ interpuesta en abril de 2015″, recordó la ONG.

Otros medios bloqueados durante el segundo mes de 2022 fueron Efecto Cocuyo, Crónica Uno, EVTV y Primer Informe, los cuales fueron restringidos por Cantv, Digitel, Movistar, Inter, Supercable y NetUno. IPYS Venezuela confirmó que Digitel y Supercable aplicaron bloqueos de DNS a los dominios de estos sitios web, y en el caso de Efecto Cocuyo, se evidenció la modalidad de censura por HTTP a través de Cantv.

El informe también subrayó que “la censura digital no solo se mantiene, sino que la lista de medios de comunicación limitados continúa aumentando. En diciembre, se informó sobre el bloqueo del sitio web del medio zuliano Noticia y Punto (...). Mediante la metodología de OONI, el equipo de IPYS Venezuela pudo constatar que se utilizó la modalidad de bloqueo por DNS. Los trabajadores del medio indicaron que, antes de estas limitaciones, recibieron llamadas de Conatel solicitando información sobre la naturaleza del sitio de noticias”.

Se documentaron casos de discurso estigmatizante en línea dirigidos a 22 trabajadores de la prensa, 10 medios de comunicación, seis defensores de derechos humanos y cuatro organizaciones no gubernamentales (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)
Se documentaron casos de discurso estigmatizante en línea dirigidos a 22 trabajadores de la prensa, 10 medios de comunicación, seis defensores de derechos humanos y cuatro organizaciones no gubernamentales (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

Asedio y criminalización

El informe también destaca que durante el año pasado se observaron numerosos casos de amedrentamiento y criminalización del periodismo a través de las redes sociales. “Estos actos no solo generan una pérdida generalizada de confianza en la prensa, sino que también fomentan la autocensura, lo cual tiene consecuencias perjudiciales para la libertad de expresión, el acceso a la información y la democracia en Venezuela”, enfatizó.

Se documentaron casos de discurso estigmatizante en línea dirigidos a 22 trabajadores de la prensa, 10 medios de comunicación, seis defensores de derechos humanos y cuatro organizaciones no gubernamentales.

“Los responsables de estos ataques incluyen simpatizantes del gobierno y funcionarios públicos, quienes utilizaron insultos, descalificaciones, campañas sistemáticas de desprestigio y desinformación, así como acusaciones de criminalización que incitaron al uso de sanciones y procesos judiciales para debilitar la independencia, la diversidad y la calidad informativa”, concluyó la ONG.

El informe completo

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