La cruda recriminación de los comandantes venezolanos: “¿Cómo se puede mantener elevada la moral de sus hombres si ellos y su familia están pasando hambre?”

Ante la desesperada situación de los militares venezolanos en reserva activa, un grupo convocó a una reunión en el estacionamiento del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa). Aunque habían sido autorizados, cuando se iban acercando al lugar, no les permitieron entrar y la zona estaba rodeada de policías armados y perros antidrogas; la reunión terminó debajo de un arbol, en el paseo Los Próceres. Entregaron una misiva con las exigencia, destacando que “da la impresión que a los jefes conductores y líderes de la FAN, no les importa el bienestar de su tropa, ni el de la familia militar. Menos les interesa, el bienestar de los militares en situación de retiro, viudas y sobrevivientes, que somos parte del pueblo que sufre”.

Muchos de los militares asistentes, algunos con graves dolencias físicas, se fueron del lugar ante el temor de ser violentados por los funcionarios y los perros, un así 150 se movieron hasta una plaza, frente al IPSFA, donde se llevó a cabo la reunión.

El objetivo final de la convocatoria a la reunión era entregar una misiva, porque es alarmante la situación de la inmensa mayoría de los militares en reserva activa, a quienes no solo les han prohibido la entrada a los cuarteles, les han negado beneficios de Ley, les han disminuido los que tenían tradicionalmente antes de la llegada de la revolución bolivariana e incluso algunos se encuentran en estado de indigencia.

Lo que queda de lo que una vez fue la gran familia castrense es la solidaridad de militares que se apoyan para no dejar morir al compañero de armas cuando requiere alimentos, medicinas, asistencia médico hospitalaria o incluso recibir sepultura en condiciones dignas.

En la comunicación entregada piden “que alguien nos explique ¿cómo un comandante de tropa, puede mantener elevada la moral de sus hombres, con ellos y su familia pasando hambre? Actualmente, 2023, los trabajadores peor pagados en Latinoamérica y quizás en el mundo, son los venezolanos quienes reciben en los actuales momentos, un salario mínimo de USD 5,37 mensuales, mientras que la Cesta Básica llegó a USD 500 mensuales”.

“El sueldo de un militar honesto es de indigencia, el salario básico aproximado más alto de un General es de USD40. El de un coronel USD34 y el de un Sargento de USD24 al mes. Los beneficios socio-económicos parecen haberse extinguido”.

“Un general al pasar a retiro podrá recibir USD1.000, de prestaciones sociales acumuladas, después de 33 años de servicio a la Patria. Los Generales de las promociones, que pasaron a retiro en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 recibieron un promedio de USD480, menos del costo de la canasta básica hoy”.

“El salario mínimo y las pensiones de jubilación en Venezuela, siguen siendo de 130 Bs (USD5,4), inexistente, de explotación o esclavitud brutal, el más bajo del mundo, después de Cuba, que paga USD15 mensuales a sus trabajadores”.

“El salario es la unidad elemental del trabajo. La riqueza y la propiedad privada son producto social generado por el trabajo, así lo dice la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución vigente de 1999. El artículo 89 (CR), dice: “Ninguna ley puede alterar la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”. Este Decreto de bonificación emitido por Maduro, viola la Constitución. Nosotros en otrora gozábamos de un sistema de bienestar social justo, el cual han exterminado en beneficio de un grupo”.

“El sueldo base de un coronel para mantener a su familia, es de aproximadamente, USD40 mensuales. Está por debajo del ingreso mínimo de sobrevivencia de una persona, que es de USd1,60diarios, según estudios de la FAO. En Colombia, Ecuador y Perú un coronel recibe un sueldo mensual de más de USD3.500. El bono llega hasta los 8.800 Bs (350 US$), el cual es discrecional, no tiene consistencia y no incide sobre las prestaciones sociales, cuando los militares pasen a retiro. ¿Será acaso, porque no tenemos acceso a las armas para defendernos, o porque no somos corresponsables de la depredadora corrupción, que inescrupulosamente arruinó al país más rico del mundo?”

La carta dirigida al Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López y al Alto Mando Militar, con atención al presidente del IPSFA, identifica a los firmantes de la misiva reconociendo que es “compleja la crisis económica para nuestro gremio”. Citan el artículo 328 de la Constitución: la Fuerza Armada es una organización “esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la de la Nación…con un régimen de seguridad social integral propio”.

Agrean que “esa norma Constitucional y el artículo 74 de la Ley de Seguridad Social de la FANB, establecen la autonomía del manejo de los fondos de nuestras pensiones. La competencia es exclusiva del IPSFA, no de la ONAPRE (Oficina Nacional de Presupuesto), como se hizo arbitrariamente quitándole la competencia IPSFA”.

Agregan que “el articulo 91(CR) refiere que el Estado debe garantizar una vida digna con un “salario mínimo vital” que será ajustado cada año, el cual debe alcanzar para la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y su familia. El Estado está obligado a proteger el salario, el cual debe estar acorde con el costo de la canasta básica, que en la actualidad llega a 500 US$ mensuales”.

“Se niegan y eliminan a los militares retirados, sus beneficios socio económicos, alcanzados en el pasado, cuando son de obligatorio cumplimiento. Así lo establecen los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica de Seguridad Social de la FANB, que contempla los programas que debe acometer el IPSFA”.

“Además, se viola deliberadamente el artículo 39 de la citada Ley de Seguridad Social (Ley Negro Primero), que textualmente dice: ‘Los pensionados del personal profesional, de la Reserva Activa, discapacitados y familiares sobrevivientes calificados, se ajustarán de inmediato, en razón directa, cada vez que se produzcan aumentos en las remuneraciones, del personal militar profesional en situación de actividad, incluyendo el sueldo, pensiones y demás beneficios socioeconómicos comunes, o que establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia para la Defensa’. Esta norma contempla la igualdad de derechos de los militares retirados, con el personal activo (homologación de los derechos y pensiones)”.

“Los oficiales retirados, sargentos y tropa profesional retirados, estamos indignados con este abuso discriminatorio, se nos excluyó del llamado bono de corresponsabilidad y formación, ya entregado al personal activo por dos (2) meses, al cual tenemos derecho”.

La petición que hacen es que se les restituya por ser un derecho legal y Constitucional, lo que les corresponde: “Rescate de los hospitales militares destruidos, carecen de insumos médicos, por lo que el derecho a la salud es precario; no hay alimentación adecuada para los pacientes; sin ambulancias y los mejores médicos desertaron”.

“Habilitación de Seguros Horizonte el cual es casi inexistente. Las primas no están acordes con los sueldos; la Póliza de HCM no existe, y no nos aceptan en las clínicas privadas. No hay casi medicinas para tratamientos prolongados. Las tarifas de hoteles y restaurantes de los Círculos Militares son inalcanzables para los militares, con la precaria remuneración que percibimos; los hoteles son ocupados por extraños y normalmente no hay habitaciones disponibles, para los afiliados., pues hasta tropas rusas están alojadas, por más de 2 años en el hotel del Círculo Militar de Caracas”.

Aunado a ello “gastos funerarios difíciles de cubrir; el afiliado debe pagarlos al momento de la emergencia y algunas veces, se recuperan a largo plazo. No existe ningún programa de recreación, ni albergues para ancianos y tampoco casas de atención para el adulto mayor. Es humillante, por aquello del “control social” jugar con el hambre de los militares, pues hasta Generales de División, retiran la bolsa CLAP, con alimentos de mala calidad, que ahora entregan cada cuatro meses. Esta cesta a pesar del fin de control social que persigue, en algo ayuda a muchos que no tienen acceso a los alimentos básicos”.

“Desparecieron los créditos para adquisición de viviendas, vehículos, electrodomésticos. Los préstamos personales, en dinero para emergencias son precarios o inexistentes. Fue eliminado el 10% de descuento que existió, para compras en algunos locales comerciales, dentro de los IPSFA”.

Finalizan solicitando el “aumento de los montos de las pensiones, conforme a la Ley y que nos cancelen, al igual que al personal en servicio activo, los dos meses que se nos adeudan, del llamado bono de corresponsabilidad y formación”.

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