La abogada Theresly Aida Malavé Wadskier es en esencia una defensora de derechos humanos, lo demuestra en infinidad de casos en el que se compromete, como ocurre con la defensa de Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, una de las personas condenadas por el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto 2018. “¿Saben qué pasó? Ángela sintió que había hombres afuera, los perros ladraban y, cuando salió, sintió que la halaron por el cabello, la batuquearon contra el piso, le pusieron una bolsa plástica en su cabeza, la torturaron, le pegaron, le robaron todo lo que pudieron y le preguntaron, forzándola a que ella dijera cosas que no sabía acerca del caso en sí, y se la llevaron. Eso fue lo que pasó”, dijo Malavé ante la juez, los fiscales y los imputados.
El caso de los drones, como se llama al intento de magnicidio, que contra Nicolás Maduro ocurrió en el acto de celebración del día de la Guardia Nacional, es uno de los más aberrantes porque, como en el caso de Ángela Expósito la condenan a 24 años de prisión sin que haya tenido nada que ver en ese hecho.
Fueron 17 los condenados por la juez Hennit Carolina López Mesa, a solicitud de los fiscales Farik Karin Mora Salcedo y Jhonatan Carrero. En el caso de Ángela Expósito la jurista Malavé aseguró que los funcionarios se contradicen en sus declaraciones, “porque están mintiendo. Yo dificulto que el Sebin, donde hay funcionarios sancionados por torturadores, hubiesen hecho ese procedimiento tocando la puerta. ¿Con la experiencia que usted pueda tener como juez y persona natural, no como juez, como ciudadana venezolana, cree que el Sebin pueda hacer un procedimiento de ese estilo?”.
“Ángela fue aprehendida el 21 de septiembre. ¿Sabe cuándo fue presentada? El 27 de septiembre. Ángela fue asfixiada, a Ángela le pusieron escopolamina, tuvo que hacer las declaraciones que quería el Sebin. Ponen carteleras y van haciendo una suerte de película: ‘ponte bien’, ‘quítate para atrás’, ‘sube esto’, ‘póngale un colchoncito en la silla’, y así la obligan a leer lo que está en la cartelera y eso lo publican, aunque está prohibido y atenta contra el principio de presunción de inocencia. Son tratados como culpables”.
Reconoció ante el Tribunal que cuando Expósito habló con ella y su equipo para que asumieran la defensa “sentí temor” y es que los cargos eran muy fuertes: “Me dije, Dios mío, financiamiento al terrorismo”. Evacuando las pruebas se preguntó por qué la Fiscalía estaba comprometiendo a cada uno de los imputados. Le había impactado saber que al coronel Pedro Javier Zambrano Hernández está preso por un teléfono que le sembró la Fiscalía.
Concluye que “ese miedo que tuve con Angela, cuando lo revisamos es más de lo mismo, increíble, y por eso nosotros este Juicio, que comenzó el 2 de diciembre de 2019, donde se evacuaron unas 300 pruebas, se redujo, en el caso de Ángela, a 19 pruebas, que dividimos en cuatro momentos para que se pudiera entender perfectamente, qué es ese horrible caso de Ángela: el allanamiento a su casa. Su detención. La tortura. Y gran investigación del Ministerio Publico”.
“Durante tres meses a Ángela no se le permitió nombrar abogado; tuvo defensor público y ellos son cómplices absolutos, porque es una cofradía de las violaciones de derechos humanos de los venezolanos que somos sometidos a este sistema actual de justicia. Cuando nombra defensor privado solicitaron, en este Tribunal, el decaimiento de la medida y no nos respondieron”.
El allanamiento
El 21 de septiembre de 2018, dijo Theresly Malavé, llegó el grupo de funcionarios a casa de Expósito. “El Comisario Rodney González recibió información de una fuente viva, es decir, un sapo o patriota cooperante, le dijo que Henrybert (Henryberth Enmanuel Rivas Vivas alias Morfeo), estaba en la casa de Ángela; no sé cómo corroboraron esa información, pero los funcionarios llegaron a casa de Ángela”.
“¿En dónde descubrimos que los funcionarios mienten, siembran, torturaron, robaron? En las preguntas. Se leyeron un acta y como caletre lo repiten. Voy a leer un extracto de lo que dijo el funcionario Douglas Ostos: ‘Una vez en el lugar hicimos un llamado a la puerta y ella (Expósito) salió a atendernos, dijo que no tenía las llaves, entró, volvió a salir y dijo que se le habían olvidado las llaves’ Imagínense ustedes: Sebin. Por favor, ‘venimos a buscar al señor terrorista Henrybert’. ‘Ah ya voy, busco las llaves, vuelvo otra vez, luego abrió la puerta y ellos entraron, la Detective Rodríguez le hizo un chequeo corporal encontrándole un teléfono. Es decir, así entraron a una casa extraña a buscar a una persona que es un terrorista, según ellos”.
“Veamos cómo se hace el allanamiento. Le preguntaron dónde estaba Henrybert ‘y ella declaro que estaba en la parte de atrás, abrimos esa puerta y era un bosque, realizamos una búsqueda y no lo conseguimos. Llamamos y el doctor Farik Mora preguntó: ¿Qué evidencias encontraron? Un teléfono y un automóvil’. Ese funcionario no conoce las dimensiones del bosque, porque se dedicó a hacer la cadena de custodia del automóvil. ¿Qué tiene que ver un automóvil con la búsqueda de una persona de la que tienen orden de captura?”.
Revela Malavé que “ese carro no apareció más por ningún lado, alguno de ellos estará haciendo uso de él. Frente al sistema es imposible solicitar las propiedades que se le incautan a los detenidos. Y luego dice (Ostos) que entraron solo ocho funcionarios, ‘entramos muchísimos, pero no todos suscribimos el acta. Gerardo López se quedó prestando seguridad, Jesús Villamizar también se quedó afuera, pero redacta el acta. Llamaron, sale la ciudadana, se identifica, dice que esperen que ya les va a dar acceso “se tardó como 20 minutos, y dijo que estaba encerrando unos perros. El jefe de la comisión entra con cinco funcionarios, yo me quedé afuera’, dijo”.
Acota la defensora que debe resaltarse lo que dijo la funcionaria Génesis Durán en la declaración: ‘Tocamos la puerta y salió la ciudadana de apellido Expósito quien nos permitió el acceso, de una vez fue a encerrar los perros. La señora tenía unos perros y nos dice, ‘ya vengo, voy a buscar las llaves’, cuando vuelve entramos a la vivienda y ella manifestó que el ciudadano Henrybert estaba atrás de la casa’. “Génesis Durán mintió, porque dijo que estaba en compañía del Comisario Rodney González que a su vez declaró que eso nunca ocurrió. ¿Mintió Rodney González o mintió Génesis Durán?”.
El testigo estrella
Theresly Malavé califica a Miguel Llamas como el testigo estrella. “Inventa todas las ‘declaraciones espontaneas’ de los detenidos en presencia de la policía, libre de coacción y apremio. Dice que solo prestó seguridad pero que eran siete, ocho, funcionarios, no recuerda los nombres de ninguno; tocaron la puerta y ‘salió a los quince minutos, le notificamos el motivo de nuestra presencia y ella dijo voluntariamente que estaba allí y les dio acceso libre a la casa, pero él no entró”.
“Maikel Navas, el jefe de la comisión ‘tocó la reja’, ya no es una puerta sino una reja. A los diez minutos salió Ángela y dijo que estaba allí, “nos abrió la puerta espontáneamente y guardó los perros; en los cuartos, buscaron y no encontraron a Henrybert. Víctor Pérez Tovar, él se metió solo en el monte a verificar, después llamó al DAE (Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIM) que es la comisión especial de funcionarios que fueron después con el dron a buscarlo en el monte. ‘Tomé los alrededores del lugar, mientras se procedió a tocar la puerta, salió una señora y procedió a abrir, había unos perros y ella los tenía en la casa, era de noche, había un cercado’. Uno dijo que tenía los perros y que los iba a guardar, este está diciendo que había tardado, o sea, ellos se contradicen en un acta que tenían la posibilidad de leer y que todos la leyeron”.
“José Machado identificó a Ángela, le hicieron un chequeo y dice que entregó dos teléfonos, pero Ostos dice que fue un teléfono. Luis Díaz declaró que ‘llegando al lugar tocamos la puerta de la vivienda, estaba saliendo Ángela en ese momento a las cuatro de la madrugada, le requerimos la cedula y la entregó’. Es decir, que a las 4 de la madrugada ella salió, vienen unos hombres así y ella le entrega cedula. ‘Salieron con ella los dos perros y necesitábamos entrar a la casa para verificar si el ciudadano estaba allí, le pedimos que guardara los perros, porque eran grandes y se veían agresivos, y ella los guardo, se tardó un poco. Seguidamente abrió; no se encontraba el ciudadano, la funcionaria que estaba en la comisión le realizó el chequeo’”.
Joffre Duran, quien fue el jefe de la comisión, “dice que él lo que hizo fue redactar el acta policial, y la redactó mal de paso. Carmelis Rodríguez dice que hizo la revisión, pero Ángela dice que no fue ella sino otra funcionaria. ‘En el lugar procedieron mis compañeros a hacer el llamado a dicha vivienda, nos atendió la ciudadana Expósito muy cordialmente, accedió a nuestro llamado y se retiró a la parte inferior; a los 15 minutos volvimos a llamar a la puerta, ella cordialmente permite el ingreso a la vivienda y luego procedí a hacer la inspección corporal y le incauté tres teléfonos celulares en el bolsillo de atrás del pantalón’ ¿Qué hizo con eso? Se los llevó, no los fijaron, no los colectaron, no los fotografiaron, no lo metieron en un embalaje, etiquetar, embalar tal como lo establecen los libros esenciales de criminalística?”.
Daniel Manrique dice que ‘tocaron la puerta, pasaron 20 minutos, se escucharon unos perros ladrando, después salió Ángela, salió la señora Iris, esta es una persona nueva, porque ninguno hemos escuchado aquí que Iris haya declarado en el procedimiento, la comisión policial le solicitó la cédula, guardó los perros; Iris fue la que hizo la revisión corporal y después de un rato él hizo la cadena de custodia del vehículo, la cual no hemos podido revisar porque creo que no existe”.
“Rodney González llegó después que se hizo el procedimiento. En este caso a Angola (funcionario Dgcim, Teniente de Navío Abel Reinaldo Angola García alias Aureliano), hizo un informe de contrainteligencia, que después manifestó en este Tribunal que no tenía ni firma ni sello porque eso era un resumen. Rodney González dijo que ‘es un resumen que yo hice de un poco de actas policiales o de actas que elaboraron y las mandé a mis superiores, era un trámite administrativo y se ofreció como prueba para este Tribunal y además fue admitida por el Tribunal de Control’. En el caso de Hugo Valera, no participó en la investigación”.
Theresly Malavé destaca, dirigiéndose a la juez, que no hubo flagrancia porque en ese momento “no se estaba cometiendo un delito flagrante” por lo que si había orden de captura para Henrybert y la investigación determinó que él estaba en la casa de Angela, lo coherente o lo ajustado a derecho es que soliciten una orden de allanamiento, porque ya no hay flagrancia”.
La detención
Insiste la defensora que no había motivo alguno para allanar la casa de Ángela Expósito, como tampoco “robarla, pues le quitaron todo; esa es la casa de la hermana de Ángela, que se había ido a España con sus hijos. Señora juez, le sacaron hasta la cocina. Le robaron todo; no está la guitarra eléctrica, y le pregunté al funcionario, por qué no la incluyó como evidencia de interés criminalístico. ¿Por qué no le hicieron un barrido a ver si había apéndices pilosos, para saber si estuvo allí o no? En este caso no hubo orden de allanamiento, un funcionario dijo que no hubo testigos porque ninguno quería”.
“¿Cómo es que van a buscar a un sujeto que consideran terrorista y van a tocar la puerta, a esperar que la abran? Ese procedimiento de esa forma está absolutamente viciado, porque lo que pasa honestamente es que el Ministerio Público no ha dirigido la investigación, sino que lo ha hecho el Sebin y la Dgcim; los Fiscales del Ministerio Publico se plegaron a eso absolutamente”.
“No solamente lo hacen así con Ángela, es su costumbre, porque como esto pasa los controles propios jurídicos, el Tribunal de control pasa a la Fiscalía, llega aquí y eso es lo que evacuamos”. Evidencia que en el texto los funcionarios ratifican el acta policial, pero que al verificar con las preguntas recurren a que deben pedir “autorización de mi superior”.
Puntualiza Malavé que Expósito ni siquiera debería estar detenida. Para ese momento tenía tres años presa “no hay excusa alguna para que Ángela estuviera detenida, porque el plazo establecido en nuestra Constitución es de tres (03) años, con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, sin embargo, aquí continuamos”.
“La detienen, la presentan fuera de las 48 horas que establece la Constitución. Es una detención arbitraria. Angela además de ser torturada con bolsas plásticas, estuvo aislada, no se le permitió defensor privado y estuvo tres meses aislada, sin que nadie supiera de ella. ¿Qué busca este aislamiento? Que en esos 45 días no se pueda defender”.
El técnico
Me faltó hablar de la inspección técnica; en ese allanamiento entró Heisser García, quien hizo la fijación fotográfica del sitio y fue tan inadecuada, no hay foto general, vinculantes, testigo flecha, nada de eso que está en el manual de preservación de evidencias. A los fiscales no se les puede perdonar que ofrezcan esto como prueba contra nadie, menos contra de Ángela. Si el funcionario hubiese hecho una buena inspección se hubiese determinado si había lugar. El dicho de estos funcionarios es que la casa tiene una sola puerta. ¿Por dónde salió Henrybert?”.
“La investigación se basa en los teléfonos incautados a Ángela, incautaron tres (3) teléfonos: uno no fue sometido a experticia, el otro según dijo Maikel Rojas no hay evidencias de interés criminalístico. Y Josnar Fernández, a quien le tocaba hacer el vaciado extracción de contenido y el diagrama del teléfono de Ángela, nuevamente sin orden violando el artículo 48 de la Constitución que garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones. Josnar dijo en este Tribunal que no tenía conocimiento técnico científico, que él había hecho un curso en el Sebin, que era bachiller, que él recibió seis equipos y todos eran de Henrybert”.
La abogada Theresly Malavé hizo preguntas incisivas, porque el técnico del Sebin dice que Ángela recibió transferencias “por un capture de pantalla de una factura en un teléfono. Dice que los teléfonos se los entregaron desbloqueados. ¿Dónde está la cadena de custodia? ¿Quién le dio la clave para ingresar a esos teléfonos? ¿Quién entró al teléfono primero antes que el técnico? ¿Sería la funcionaria que le incautó los tres teléfonos a Ángela y se los llevó afuera? ¿O estaba manipulando los teléfonos, que no los fijo, no los etiqueto, no los embaló?”
Agrega Malavé que Fernández dice después que los dueños de los teléfonos les suministraron la información. “Realmente me preocupa esto incluso por la seguridad de todos los venezolanos”, destacando que el técnico que extrajo la información manual “afirmó categóricamente que él no necesitaba orden de un Tribunal. Para acusar y tratar de probar aquí que Angela es responsable del delito de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir, solo está el acta, hecha por este técnico bachiller que violó las comunicaciones, que lo hizo sin autorización del Juez, en eso se sustenta el Ministerio Publico para incriminar a Ángela en tan magnos delitos, acabando con la vida, con la familia con la casa, con todo”.
“El Ministerio Publico tiene un software forense del año 2015, que se llama Felt, que saca toda la investigación del teléfono. El ministerio publico sabe extraer las comunicaciones, con un equipo especializado egresado del CICPC, lo que pasa es que el Ministerio Público no dirigió la investigación, la dirigió Dgcim, incriminaron a Ángela en esto, de manera tal, que esta prueba está viciada y no puede ser considerada como válida para condenarla”.
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