ONG y familiares de asesinados en las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela exigieron al fiscal general, Tarek William Saab, que se “adelanten las investigaciones de manera genuina de autores materiales y las cadenas de mando” de los responsables de estas muertes, para que haya una “justicia verdadera”.
En una misiva, entregada por la Alianza de Familiares de Víctimas (Alfavic), instaron al Ministerio Público (MP, Fiscalía) a que, “conforme al memorándum de entendimiento” entre Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI), firmado en noviembre de 2021, “se actúe con la debida diligencia para que los crímenes perpetrados no queden impunes”.
Según la alianza de familiares, “no se conocen avances orientados a realizar investigaciones genuinas para identificar y sancionar a los responsables” y, por el contrario, han “sido testigos y víctimas de patrones de conducta reiterados de denegación de justicia y de retardo procesal” que los “revictimizan constantemente”.
De momento, “existen nueve casos” en los que, tras “seis años, no hay imputados, ni acciones ni voluntad real para determinar la responsabilidad en los asesinatos”.
En una rueda de prensa frente a la sede de la Fiscalía, en Caracas, Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, asesinado en junio de 2017 “por un guardia nacional”, dijo a periodistas que exigen justicia para “todas y cada una de las víctimas de la represión”.
“Hemos visto, a través de estos seis años, que no hay voluntad de hacer justicia verdadera y genuina”, aseguró Urbina, quien afirmó que la condena dictada al asesino de su hijo, de “15 años” de prisión, es “irrisoria” y “no se corresponde con el tamaño del crimen cometido”.
Las esperanzas de familiares, agregó, “están puestas en los organismos internacionales”, a través de los que esperan conseguir la “tan anhelada justicia”.
Por su parte, Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, un joven asesinado a quemarropa por un agente de la fuerza pública, según confirmó en 2017 el Ministerio Público, indicó que el 90 % de los casos “están en absoluta impunidad”.
“Ya nada nos devolverá a nuestros hijos, nada de lo que hagamos, pero nosotros seguimos luchando por ellos, seguimos levantando la voz, no vamos a descansar hasta conseguir esta justicia que se nos niega aquí en Venezuela”, agregó Pernalete, para quien los “autores materiales son protegidos por el sistema de justicia”.
(Con información de EFE)
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Exigen la liberación del activista y periodista venezolano, Carlos Julio Rojas, a 10 meses de ser detenido por el régimen de Venezuela
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, expresó que Rojas, cuya “lucha quiso ser silenciada”, fue arrestado sin justificación y se le ha impedido acceder a un proceso legal justo
El dictador Maduro amenazó con imponer penas “más draconianas” en su propuesta de reforma constitucional contra quienes se enfrenten al régimen
En un evento realizado en el Parlamento, manejado por el chavismo, el líder del régimen expuso de manera general su propuesta, que ha sido elaborada por una comisión presidida por el fiscal general, Tarek William Saab, e indicó que contará con 80 artículos
Edmundo González Urrutia se reunió en Múnich con el fiscal de la CPI que investiga a Maduro por crímenes de lesa humanidad
El presidente electo de Venezuela brindó detalles de su encuentro con Karim Khan, en el marco de la Conferencia de Seguridad realizada en esa ciudad alemana. “Salí muy satisfecho”, afirmó
La defensa de la activista venezolana Rocío San Miguel reiteró que “debe ser operada en libertad y por médicos de su confianza”
El abogado manifestó su rechazo a que el régimen venezolano determine el equipo médico y el centro de salud, público o privado, donde se realizaría la cirugía. También denunció que hasta la fecha las autoridades de la dictadura no han informado si San Miguel será operada ni cuándo
La oposición venezolana denunció la “alarmante situación” en la Embajada argentina en Caracas y exigió una solución inmediata
El 20 de marzo de 2024, un grupo de disidentes chavistas ingresó en la sede diplomática en busca de asilo y, desde entonces, son amedrentados por las fuerzas de seguridad del régimen
