El fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este jueves que Leoner Azuaje Urrea murió en una prisión en el país caribeño. El chavista había sido detenido el martes acusado de corrupción.
“He comisionado a los fiscales 50 y 67 Nac para investigar el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión: instruyendo a la Unidad Criminalística del MP junto al CICPC: para adelantar la inspección técnica, las entrevistas y autopsia de ley (sic)”, escribió Saab en su cuenta de Twitter.
Según fuentes venezolanas consultadas por Infobae, Azuaje Urrea “podría haber sufrido apremios ilegales”. En 2018 Saab dijo que Fernando Albán Salazar se había suicidado. Sin embargo, el fiscal chavista después tuvo que corregir y admitir que lo mataron por torturas.
El martes, Saab informó que subió a 80 el número de funcionarios detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción, que involucran a la estatal petrolera Pdvsa y otras entidades del Estado. Y entre esos detenidos se encontraba Azuaje Urrea.
Señaló, en Twitter, que aún quedan pendientes 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y se han llevado a cabo 172 allanamientos, sin ofrecer mayores detalles sobre los lugares donde se realizaron estos procedimientos.
El pasado 17 de marzo, la Policía Anticorrupción emitió un primer comunicado en el que solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que “ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales”.
Posteriormente, la Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe del ente público de criptoactivos, un alcalde, cinco trabajadores de una vicepresidencia de Pdvsa liderada por Antonio Pérez -también detenido-, dos empleados de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados.
También integran el grupo de aprehendidos 11 empresarios que, según el fiscal, están asociados a operaciones de legitimación de capitales, procedentes de estas operaciones ilícitas en el sector petrolero y de criptoactivos.
Hasta ahora no ha sido revelado el monto del desfalco debido a que la investigación se encuentra en primera fase, pero reportes de prensa lo sitúan en al menos 3.000 millones de dólares. El diputado oficialista Hermann Escarrá habló de hasta 23.000 millones, aunque más tarde negó dicha versión.
Los acusados se enfrentan a condenas de entre 25 a 30 años, dijo el fiscal Tarek William Saab a la AFP. La pena máxima en Venezuela es de 30 años.
Además, “los bienes incautados provenientes del delito pasan a manos del Estado”, dijo Saab, que no descartó más detenciones mientras avancen las investigaciones.
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