Un funcionario que secuestró y torturó a cuatro venezolanos y a un estadounidense apareció en el programa de TV de Diosdado Cabello

Aunque Diosdado Cabello Rondón presentó formalmente a 26 funcionarios claramente identificados como integrantes de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DAE) en el programa que conduce por un canal del Estado, hubo otros funcionarios de DAE que no mencionó, que no vestían de negro ni portaban en la sudadera en grandes letras DAE, uno de ellos, el primer teniente Salomón, fue identificado por familiares de varias víctimas.

En una de las fotografías publicadas por Infobae vieron al fondo a un hombre de gorra y franela blanca. Esa imagen es de un funcionario de la DGCIM, el primer teniente Salomon, a quien señalan de violentar los derechos humanos de cinco personas: capitán de fragata Carlos Luis Piña, Edilio Piña, Peggy Morales, Yasmina Guillarte y el estadounidense Jerrel Lloyd Kenemore.

¿Cómo saben que Salomón fue uno de los que trasladó a esas cinco personas? “Porque nuestros familiares lo identificaron en una oportunidad y dijeron que en la Casa Segura no tenía capucha y fue con ellos dentro del avión que los trasladó de La Carlolta al Táchira. También lo hizo el teniente Tamanaco. Los otros, que también estaban vestidos de negro y sin identificar, no se quitaron las capuchas”.

“Salomón los secuestró, porque no había ninguna orden legal, los llevó a una casa segura clandestina de la DGCIM en El Hatillo, desde el día 12 de marzo al 15 de marzo 2022″, dicen familiares de las víctimas en conversación con Infobae.

“Ese primer teniente Salomón trasladó a algunos de nuestros familiares en avioneta, desde el aeropuerto La Carlota, Caracas, hasta el aeropuerto Santo Domingo del Tachira, así simulaban que los habían capturado en una trocha entre Cúcuta y San Antonio del Táchira. Luego los acusaron con un acta de investigación penal falsa, en una simulación de hecho punible”.

Relatan que cuando sus familiares fueron a la audiencia de presentación dieron a conocer lo ocurrido, “pero la juez no escuchó, fueron imputados y privados de libertad. Debe haber justicia, porque muchos de esos funcionarios son unos bandidos escondidos en una capucha”.

Al estadounidense Jerrel Lloyd Kenemore no lo detuvieron funcionarios de la DGCIM, lo detuvieron miembros de la guerrilla colombiana, que funcionan a sus anchas en territorio tachirense. Cuando el estadounidense trató de pasar, por el puente y desde Cúcuta, las autoridades venezolanas no se lo permitieron, le tomaron una foto y es posible que es así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) supo de Kenemore, de que era norteamricano, y lo secuestró para entregarlo a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quien a su vez se lo dio a los funcionarios de la DGCIM.

La Defensoría del Pueblo de Carabobo, estado al cual pertenece la mayoría de los detenidos, ha solicitado a la empresa Polar Planta Mavesa que les envíe copia del Libro de Novedades, donde indique la llegada de los funcionarios de la DGCIM el 12 de marzo 2022 y el registro de video, para la investigación que lleva esa defensoría.

La razón es que de esa planta de Polar en Carabobo fue que la DGCIM se llevó a Edilio José Piña Salero, lo que demuestra que no lo detruvieron en ninguna trocha a mil kilómetros de su trabajo. Empresas Polar se ha negado a entregar las pruebas a la Defensoría del Pueblo y el organismo se ha negado a presionarlos.

No fue en una trocha

Llama la atención que ante una solicitud hecha por el abogado de Yasmina Guillarte y el estadounidense Jerrel Lloyd Kenemore, solicitando medida sobre examen y revisión de la medida de coerción, la juez Cuarto de Juicio, Luz Dary Moreno Acosta, la niega indicando que no han variado las circunstancias que existían cuando la juez Yunna Yelitza Contreras Barrueta los privó de libertad. Es decir, para la juez Moreno Acosta no existen evidencias, pero sigue sin admitir las pruebas.

“La juez Cuarta de Juicio, Luz Dary Moreno Acosta, no ha querido admitir las pruebas y solo está sosteniendo lo que hay en el acta policial falsa y la acusación del fiscal que llevó a que la juez Yunna Contreras, quien luego fue recusada y se inhibió, los privara de libertad. Los jueces y fiscales en Táchira siempre dicen que está “cumpliendo órdenes de arriba” y con esa excusa no admiten las pruebas, aun cuando hemos hecho muchas solicitudes referente a eso. Nada de la evacuación de las pruebas. la Corte de Apelacion tampoco se pronuncia respecto al amparo”.

Aseguran que aun tienen el impacto de lo que hicieron contra sus familiares a quienes dejaron presos cuando se presentaron, bajo engaño, a declarar como testigos. “La DGCIM montó la historia de que a todos los detuvieron en una trocha entre Colombia y Venezuela, cuando en realidad los detuvieron en sitios distintos. El torturador, teniente Salomón del DAE, no está vestido de negro en ese programa, pero es el funcionario que hace un año hizo tanto daño a cinco personas y a todos los que somos sus familias”.

El estadounidense Jerrel Lloyd Kenemore fue un blanco fácil de los voraces funcionarios “que saben lo importante que políticamente es detener a un gringo y a partir de ahí montaron una historia de conspiración. Jerrel se cayó de la litera y lo llevaron al médico pero tuvimos que hacer muchas solicitudes para que le hagan la placa de Rayos X necesaria para saber el estado del brazo lesionado, que estaba morado e inflamado, con dolor en el codo”.

En el caso de Yasmina Guillarte los funcionarios la llaman “la perra gringa”, porque desde que detuvieron a su novio Jerrel Kenemore, ella enfrentaba a los funcionarios, reclamaba libertad para su pareja, hasta que se la llevaron a ella también, pero aun así siguió reclamando. “Ella ha sido muy fuerte en defender a Jerrel, porque también se siente mal, triste y avergonzada de haber influido para venirse de Colombia, pensando en poder vivir comodamente en la casa de ella en Valencia, pero los DGCIM lo acusaron de espía y montaron toda la farsa contra la familia”.

“Yasmina está en la cárcel, viviendo un infierno sin poder ver a sus niños pequeños y viviendo tanta miseria humana. Llevan seis meses esperando la apertura de juicio, pero siempre hay un tema, además de que cualquier boleta de traslado al Senamecf (Servicio Nacional de Medicina Forense) es ignorada y engavetada”.

Jueces del Táchira

Coinciden las familias en decir que cuando a los detenidos los llevan a la Diección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, “de lo primero que se percatan, porque así me dijeron es que los funcionarios eran muchachos jóvenes lo que parece una burla a la inteligencia. Al capitán Piña, al estadounidense Jerrel y a su pareja Yasmina los obligaron a realizar la prueba del polígrafo, les cubrieron los ojos y los trasladaron uno por uno a hacerles esa prueba que sin consentimiento de ellos, está prohibida”.

“En la cárcel no solo los han recluido con pruebas amañadas, donde han perdido sus derechos civiles al ser privados de libertad, sino también les quitan y vulneran sus derechos humanos. A Yasmina la han tratado con mucha crueldad, la llaman ‘perra gringa’ y le dicen con mucho odio que es la mujer del americano y porque habla inglés”.

Aun hoy, las familias denuncian que a los detenidos no les han realizado la apertura de juicio, que hay un amparo a la libertad Nr. 0038 del 24 de febrero 2023, donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró incompetente y envió, con el oficio Nr. 0275-2023 del 01 de marzo 2023, el expediente a la Corte de Apelaciones del Táchira, el 16 de marzo 2023, para que decidiera e investigara. Los jueces Yorley Pérez, Mauricio Montilva y Adobaida Rosales hasta la fecha no se ha pronunciado y ya se vencieron los plazos.

A eso se le suma que todas las denuncias que las víctimas hicieron por violación de sus derechos humanos no aparecen en la Dirección de DDHH del Ministerio Público alegando que todo lo enviaron al Fiscal 83, Jhonatan Carrero.

“Ellos están presos, en estado de indefensión. Hemos acudido a la Defensoría del Pueblo de Carabobo, a la Defensoría del Pueblo en Caracas, al Ministerio Público de Carabobo, a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría Pública, nada, nada, nada, nada funciona, ni siquiera les permiten defenderse”, dicen familiares de los detenidos.

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