El empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab y solicitado por la Justicia de Estados Unidos, fue presentado cerca de la medianoche de este viernes en un tribunal de Venezuela por su vinculación con una trama de corrupción, informó el ministro de Comunicación e Información del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez.
Pulido Vargas fue presentado junto a seis ex funcionarios “vinculados a tramas de corrupción en la Alcaldía de Baruta (municipio del estado Miranda), Pdvsa y Criptoactivos”, dijo Ñáñez en su cuenta de Twitter.
Respecto al empresario colombiano, el ministro aseguró que era un “operador financiero” relacionado con el ex diputado chavista Hugbel Roa, a quien la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, levantó la inmunidad parlamentaria el pasado marzo, tras lo que fue detenido por formar parte de una de las tramas de corrupción.
Pulido Vargas y Saab, preso en Miami, son acusados por la Justicia estadounidense de transferir desde Venezuela, a través del país norteamericano, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países.
La acusación señala que, entre 2011 y por lo menos 2015, ambos empresarios colombianos conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.
En 2021, EEUU ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto o condena de Pulido Vargas.
Por otra parte, el ministro venezolano señaló que, entre los presentados, están el director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, Harold Rafael Sosa Padilla, y el director adjunto del mismo despacho, Juan Carlos Posner Pimentel.
Además, fueron presentados Juan Manuel Almeida Morgado, Jorge Luis Almeida Morgado y Carlos Jesús Almeida Morgado, identificados como operadores tecnológicos de la “trama Cripto-Pdvsa”, y Pedro Alejandro Herrera Araque, “cuñado de Hugbel Roa”.
Entretanto, la Fiscalía del régimen de Venezuela había elevado previamente a 76 las órdenes de aprehensión emitidas en el marco de una supuesta “cruzada” anticorrupción que desencadenó la renuncia del poderoso ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, informó este miércoles el fiscal general Tarek William Saab.
La “cruzada anticorrupción” reúne varias investigaciones que han llevado a la realización de 161 allanamientos de lujosas propiedades, vehículos, aviones y dinero en efectivo, mientras aún quedan 18 “órdenes de aprehensión por ejecutar”, indicó en Twitter el fiscal general, Tarek Saab.
En el marco de la principal trama de corrupción, el caso “Pdvsa-Cripto”, el Ministerio Público ha solicitado “53 órdenes de aprehensión y 99 allanamientos a nivel nacional”, detalló el fiscal, en alusión a los hechos detectados en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), organismo involucrado en el manejo de fondos de Petróleos de Venezuela mediante operaciones con criptomonedas.
Los arrestos comenzaron el viernes 17 de marzo luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, un órgano que actúa bajo estricta reserva y que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a funcionarios que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos”.
Las otras solicitudes de aprehensión, añadió Saab, corresponden a funcionarios de las estatales Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartón de Venezuela, S.A. CartonVenz, además de miembros del poder judicial y de una alcaldía.
Las investigaciones, que comenzaron en octubre pasado, según aseveró el dictador Nicolás Maduro, revelaron “mafias que se incrustaron” en PDVSA, así como en el poder judicial y alcaldías.
El dictador de Caracas cuestionó que varios de sus colaboradores más cercanos, hoy detenidos, llevaban una vida de “nuevos ricos”, de “multimillonarios”, llena de “extravagancias”.
(Con información de EFE)
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