El Fiscal de la CPI afirmó que Maduro lideró un plan sistemático contra los opositores: “Fueron sometidos a abusos sexuales, palizas y descargas eléctricas”

En un lapidario escrito de 22 páginas fechado el 30 de marzo y que se titula “La situación en la República Bolivariana de Venezuela 1″ , la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió uno a uno a los argumentos presentados por el régimen de Maduro, que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El régimen insiste en que la Corte no tiene competencia para juzgar y afirma que Venezuela ha investigado y enjuiciado los presuntos crímenes o lo está haciendo actualmente. La dictadura, además, acusó a la fiscalía de la CPI de tener “vínculos” con organizaciones no gubernamentales. “La Fiscalía sostiene respetuosamente que ninguna de esas peticiones tiene fundamento”, rechaza el informe.

En el documento, de hecho, el Fiscal Karim Khan ratifica que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”.

En su investigación, la fiscalía alega ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que ”desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”.

Para la Fiscalía, no se trata de temas aislados, la investigación también concluyó que “la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado (...) sistemático y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.

“La Fiscalía llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”, agregó en su informe.

En el escrito, Khan recuerda que se encontró “base razonable” para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”. Y detalló: “Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.

Además, denuncia que el régimen de Venezuela “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”.

Advierte, también, que estas conclusiones se hicieron “sin perjuicio de otros crímenes que puedan determinarse en una etapa posterior”. Es decir que no descarta que más crímenes se hayan cometido o contunúen cometiéndose en Venezuela.

“Por las razones expuestas, la Fiscalía reitera respetuosamente su solicitud de que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene la reanudación de la investigación sobre la Situación de Venezuela”, concluye la Fiscalía en su presentación ante la CPI.

La Corte de la La Haya no tiene en la mira solo a Maduro, lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el dictador pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del estado venezolano: Ministros del Ejecutivo nacional, mandos de la Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y de otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La Corte abrió la investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la represión de protestas contra el gobierno de Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas. La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, ya había dejado sentado que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos. Pero ahora, el contundente expediente de Khan deja atrás el término “preliminar” pone en jaque al régimen y a sus funcionarios.

A partir de abril, la Sala de Cuestiones Preliminares decidirá sobre la continuación del proceso.

El informe de la fiscalía de la CPI se conoció en simultáneo a otra reveladora investigación: el proyecto de derechos humanos Lupa por la Vida, llevado adelante entre la ONG Provea y el Centro Gumilla, que monitorea en Venezuela las ejecuciones extrajudiciales. El trabajo concluyó que las fuerzas de seguridad del chavismo asesinaron a 824 personas el año pasado.

“Tan alto número de muertes es la continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida. La impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen. Dicha impunidad es también una política de Estado. Tampoco existe voluntad de adelantar investigaciones genuinas de los más altos responsables de los crímenes. Se añade a esto, el respaldo institucional que reciben los funcionarios policiales y/o militares, por parte de altas autoridades de la gestión pública y los altos mandos, en el uso letal de la fuerza, obviando normas nacionales y estándares internacionales del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. De este modo, se ha institucionalizado la acción deliberada de producir muerte”, afirma el duro informe.

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