Un informe sobre ejecuciones extrajudiciales denuncia que las fuerzas de seguridad de Maduro asesinaron a 824 personas en 2022

El proyecto de derechos humanos Lupa por la Vida, llevado adelante entre la ONG Provea y el Centro Gumilla, que monitorea en Venezuela las violaciones al derecho a la vida focalizadas en las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, denunció que los policías y militares de Nicolás Maduro asesinaron a 824 personas el año pasado.

En un duro informe de 27 páginas, indicó que el año 2022 se caracterizó por un alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir ”crímenes de lesa humanidad de asesinato. En distintas circunstancias dieron muerte a 824 personas”, resaltó el reporte.

Y siguió: “Tan alto número de muertes es la continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida. La impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen. Dicha impunidad es también una política de Estado. Tampoco existe voluntad de adelantar investigaciones genuinas de los más altos responsables de los crímenes. Se añade a esto, el respaldo institucional que reciben los funcionarios policiales y/o militares, por parte de altas autoridades de la gestión pública y los altos mandos, en el uso letal de la fuerza, obviando normas nacionales y estándares internacionales del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. De este modo, se ha institucionalizado la acción deliberada de producir muerte”.

Lupa por la Vida subrayó que, de las 824 personas asesinadas, 501 (el 61%) pudieron ser identificadas y 323 (el 39%) no fue posible identificar. En cuanto al género, 806 (97,82%) fueron hombres y 18 (2,18%) mujeres. “Cabe destacar un incremento porcentual de víctimas mujeres al pasar del 1,04% en 2021 al 2,18% en 2022. La mayoría de estas víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (66%), que viven en zonas populares”, detalló.

Marino Alvarado, de la ONG Provea, denunció que el organismo que más muertes produjo fue la Polícia Nacional Bolivariana (PNB). “Llama la atención que este cuerpo sea el más letal en el país en un contexto en el cual se anunció, desde junio de 2021, un proceso de reestructuración que supuestamente iba a garantizar una actuación de esta policía con prácticas respetuosas de los derechos humanos”, narró.

El activista enfatizó también en que “la eliminación de las FAES no significó la reducción de la letalidad policial” y que, de todas las policías estadales, la de Carabobo es la que aparece con mayores índices de letalidad, con 49 casos. Le siguen Zulia (41), Aragua (22), Yaracuy (17) y Portuguesa (12).

El informe resaltó que el régimen chavista “sigue sin dar información oficial sobre el número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad. Es tal la magnitud que prefieren no informar y menos aún en un contexto donde se adelanta una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela”.

“Como lo hemos venido indicando en informes anteriores, la casi la totalidad de las víctimas murieron en el marco de los denominados ‘operativos de seguridad ciudadana’ cada vez más militarizados y con una destacada opacidad por parte de las autoridades sobre sus resultados. Por otro lado, cuando eventualmente se emite información no se identifica a las personas a las cuales se les causó la muerte ni hay información sobre los detenidos y lugares de detención. A ello contribuye la Defensoría del Pueblo, quien debiendo velar para que no haya privaciones arbitrarias de la vida no lo hace, como tampoco se esfuerza por garantizar el respeto a los derechos humanos de los detenidos e informar a las familias sobre los lugares de reclusión del derecho a la vida y dar información a las familias”, subrayó el reporte.

Por último, respecto al contexto en el que se produjeron las violaciones, el texto sostiene que la mayor parte se dio durante la ejecución de operativos policiales y militares en comunidades donde habitan familias de escasos recursos.

“Estos operativos, que van cambiando de nombre (’Guaicaipuro’, ‘Trueno’ y otros), dan como resultado lo mismo que ya se ha constituido en patrones de actuación como parte de una política de Estado que realiza de manera sistemática privaciones arbitrarias a la vida y otras violaciones a los derechos humanos: allanamientos de viviendas sin orden judicial (generalmente en horas de la madrugada y con niveles de violencia contra las personas), detenciones arbitrarias y robo de bienes en las viviendas allanadas, donde impera la lógica de botín y pillaje con la apropiación de computadoras, teléfonos, ropa, juguetes, alimentos, entre otros”.

El informe indicó que la actuación de policías y militares, alejadas de los estándares internacionales y las normas nacionales sobre el uso de la fuerza y la presunción de que todo joven pobre es delincuente o un potencial delincuente, produce asesinatos sistemáticos y masivos de jóvenes en zonas populares.

“Preocupa que se haya anunciado una reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana y no hay información oficial sobre los resultados. Alarma que precisamente durante el lapso del proceso de restructuración, la PNB haya sido la más letal de todos los organismos policiales del país, lo cual evidencia pocos avances para garantizar una actuación respetuosa de los derechos humanos”, resaltó.

Y concluyó: “Desde mediados del 2021 se realizan operativos de seguridad que resucitan prácticas de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) a través de las cuales se perpetraron numerosos crímenes de lesa humanidad entre el 2015 y el 2017. Persiste la militarización de los mandos de los cuerpos policiales y la participación, cada vez más activa y en funciones de jefatura, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los operativos de seguridad ciudadana”.

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