El 4 de agosto de 2018, en el aniversario de la Guardia Nacional (GNB), hubo un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, aunque nunca fue llamado a declarar ni aparece como víctima. Detienen a varios civiles y militares, algunos involucrados por interés del régimen. El 4 de febrero de 2022 son condenados a penas de 30 a 5 años de prisión. El 17 de febrero de 2023 se da a conocer el expediente. Tres cosas resaltan: la tenacidad de abogados que denuncian tortura y pruebas amañadas; la vergonzosa actuación de la juez Hennit López y de los fiscales Farik Mora y Jonathan Carrero; y la declaración de dignidad de algunos de los detenidos.
Hay casos destacados. El 7 de agosto de 2018, a la 1:28 de la tarde, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), el diputado opositor Juan Carlos Requesens Martínez dio, desde la tribuna de oradores, un fuerte discurso recordando el asesinato en protestas de numerosos estudiantes y adultos, a la vez que mencionó a quienes se han ido del país.
Aseguró que no se rendiría, que seguiría señalando a los responsables. Menos de siete horas después, a las 8:22 de la noche, un grupo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) lo detuvo, mientras en una cámara se ve cómo lo entran a empujones del apartamento del que acababa de salir. Un video que denigra de su condición humana en manos del SEBIN es filtrado a las redes sociales. Así aparece en el expediente de los drones, es recluido en El Helicoide durante más de dos años hasta que le dan casa por cárcel. Fue condenado a 8 años.
El 8 de enero de 2020, en una de las audiencias, el diputado Juan Carlos Requesens Martínez dijo a viva voz en el Tribunal, que hacía un “reconocimiento a los familiares de los que desde el 4 de agosto del 2018 estamos secuestrados por estos señores que están aquí. Esto no es un juicio, esto no es una sala, esta señora Hennit no es una Juez y esto señores no pueden ser fiscales”. La juez Hennit López lo interrumpe y le pide que se dirija con respeto y luego solicita que se deje constancia “que el acusado hizo caso omiso al llamado de atención y que se dirige de manera despectiva al tribunal”.
Requesens, por su parte, continuó: “Ante una dictadura como esta, estos señores que están aquí actúan como sicarios judiciales; todos los que estamos aquí sentados somos inocentes, porque estos señores son unos incompetentes, no han podido demostrar nada de ninguna de las acusaciones que llevan en ese papel. Soy politólogo, soy un político viejo orgulloso de su profesión y en todo este proceso he aprendido violación de derechos humanos, violación al debido proceso, secuestro, aislamiento, separación de mi familia, tortura, pero sobre todo de la incompetencia que los caracteriza a ustedes como sicarios del sistema judicial de este país”.
No queda otra
Siguió dirigiéndose ante las autoridades: “Ustedes en todo este proceso se han hecho los locos con todas las denuncias hechas. ¿Sabe algo señora Hennit? A mucha honra yo soy preso y secuestrado de esta dictadura, porque el único día que de verdad me voy a preocupar es cuando el señor Maduro hable bien de mí. Desde que tengo uso de razón, desde que me inscribí en la UCV lo único que he hecho es combatir a esta gente, porque a mí no me queda de otra”.
“Le recomiendo señora Hennit que cuando vaya a dictar la sentencia, después de terminado este parapeto en el que tendremos oportunidad de decir y exponer, a través de los abogados, que usted ya tiene una decisión en la cabeza; aproveche su momento, porque con lo que ha hecho hasta hoy, está sentenciada por las páginas de la historia de este país como un parapeto, como una marioneta y sencillamente con agente que ha dañado, violentado y acusado a inocentes”.
“El día que yo me hice político sabía que esto era uno de mis destinos y lo dije en el discurso que pronuncié el martes 7 de agosto. Señora Hennit en El Helicoide, donde estoy, uno tiene mucho tiempo para pensar y frente a cada atropello, cada abuso, a cada desprecio cada vez que dejan a mi familia parada en el portón, cada vez que no dejan que mis hijos vayan a visitarme, de lo único que uno se convence es que no queda otra que seguir luchando”.
Se refirió el parlamentario a las versiones oficiales que hablan de que detrás del intento de magnicidio están colombianos y estadounidenses. “¿Ustedes vieron el cohetazo que le mandaron al general iraní Qasem Soleimani? Imagino que ese dron no era para matar a Nicolás Maduro, porque si hubieran atacado con el dron, todavía lo estuviéramos velando”.
“Yo fui a la audiencia preliminar con la juez Carol Padilla, una señora que actúa exactamente igual que usted. Como le dije, bien orgulloso estoy de ser preso de esta dictadura, pero a ustedes no les afecta la vida, a nosotros no nos afectan la vida, sino que lamentablemente también a todos los que puedan llevarse por delante: familia, niños, hogar. Son incompetentes con acusaciones absurdas de una vaina que se ve que ustedes no estudiaron; me voy para mi celda otra vez con mi conciencia bien tranquila, bien quieta, usted no es más que un pobre ser humano”.
Dirigiéndose a la secretaria y al alguacil les dijo: “Quédense tranquilos, esto es una lucha que se va dando paso a paso. Ellos hoy no tienen nada más que el poder de unas Fuerzas Armadas como único pilar de la dictadura. Nosotros no tenemos armas para combatir y eso significa que tenemos que seguir poniéndole el pecho a las balas que ellos nos disparan y en este camino han caído compañeros, han secuestrado a otros y han muerto hermanos al lado nuestro; no nos queda otra que secarnos las lágrimas y seguir avanzando. ¿Cuándo termina esto? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que mientras tengamos vida no nos queda más que seguir luchando a ritmo de la fuerza y la voluntad, por nuestra familia, por el presente y el futuro de este país y para que estos señores paguen todo lo que han hecho con la justicia venezolana”, finalizó diciendo.
El caso en números
- Una juez: Hennit Carolina López Mesa, del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia Exclusiva a Nivel Nacional para Conocer de causas Vinculadas con Delitos de Terrorismo.
- Dos fiscales nacionales: Farik Karin Mora Salcedo (Nr. 67) y Jonathan Eliecer Carrero Arráiz (Nr. 83).
- Once abogados defensores: Alejandra Tosta, Charytti Flores, Eliécer Peña Granda, Guillermo Heredia, Joel García, Juan González, Líbano Leo Hernández Useche, Stefanía Migliorini, Theresly Malavé, Yalira Granda y Zoraida Castillo de Cárdenas.
- 62 expertos.
- 33 testigos.
- 7 víctimas militares: primer teniente Benny Ortiz Belatis, S/1 Darwin Moreno, S/1 Jesús Gómez Dorante, capitán José del Valle Núñez Martínez, Tec. Lisneydi Guerrero Salazar, Cad/2 Luis José Alexander Molina Torres y Cad/3 Víctor Hernández Morán.
- 86 funcionarios que actuaron.
- 17 acusados y años de prisión: Alberto José Bracho Rozque (30), Alejandro Pérez Gámez (30), Ángela Lizbeth Expósito Carrillo (24), Argenis Gabriel Valero Ruiz (30), Brayan de Jesús Oropeza Ruiz (30), Emilendris Carolina Benítez (30), Héctor Armando Hernández Da Costa (16), Henryberth Enmanuel Rivas (30), José Eloys Rivas Díaz (20), José Miguel Estrada González (30), Juan Carlos Monasterios Vanegas (30), Juan Carlos Requesens Martínez (8), Oswaldo Gabriel Castillo Lunar (30), Pedro Javier Zambrano Hernández (30), Wilder Ánderson Vásquez (5), Yanin Fabiana Pernía Coronel (30) y Yolmer José Escalona Torrealba (30).
- Condenas: 30 años de prisión para 12 de los detenidos por delitos de: homicidio intencional calificado en grado de frustración con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración, lanzamiento de artefactos explosivos en reuniones públicas, traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir. Angela Expósito, la única con 24 años de prisión por: financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. José Rivas el único con 20 años de prisión por: financiamiento al terrorismo. Hernández Da Costa recibe 16 años de prisión por: conspiración; igual delito para Requesens, quien obtuvo 8 años de cárcel. Y para Wilder Vásquez, cinco años por: encubrimiento de terrorismo.
El abogado
El Tribunal y el Ministerio Público cometen una serie de violaciones a la Ley, omisiones y sin fin de irregularidades. El primero de ellos fue detener a un diputado de la República sin previo allanamiento a su inmunidad parlamentaria. Impedirle a familiares, amigos, diputados y diplomáticos que ingresaran a la sala de audiencia, aun cuando el juicio es oral y público; solo se le permitió a Paula Martínez, madre del parlamentario preso.
El abogado Joel García, defensor del diputado Requesens, emplazó a la juez Hennit Carolina López Mesa a que preguntara quiénes eran las personas que estaban ahí como público. “Pregúntele ciudadana juez, ¿de quiénes son amigos en esta sala? De nadie, son funcionarios infiltrados. Pregúnteles a esos ciudadanos que están ahí ¿quiénes son? ¿a quiénes representan? ¿a quiénes visitan?”. La juez no preguntó.
García dijo que hablar de magnicidio “no es cualquier caso ni cualquier delito. Estamos hablando de la frustración de matar al primer mandatario nacional. En Venezuela hemos tenido dos situaciones similares: la del Coronel Alejandro Chalbaud en 1950 y la del presidente Rómulo Betancourt en 1960 y luego una situación parecida el 04 de agosto 2018; este proceso estará inserto en las páginas de nuestra Historia Nacional y con nuestra conducta veremos si estaremos en las páginas negras o blancas. Lo que decidamos aquí, nuestra descendencia lo sufrirá en carne propia”.
Recordó que los diputados gozan de un privilegio especial, la inmunidad parlamentaria, un fuero distinto al común porque él es representante directo del pueblo venezolano y en este caso del estado Táchira. Juan Carlos Requesens fue aprehendido el 07/08/2018 por funcionarios adscritos al SEBIN, sin orden judicial y sin haber sido sorprendido en flagrancia. El homicidio frustrado fue el 4 de agosto y a él lo detienen el 7 además estando en compañía de su hermana Rafaela Requesens, entonces presidenta del Centro de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, le es allanado su inmueble y eso no consta en el expediente y lo robaron, hasta los perfumes”.
Al otro día, el 8 de agosto, cuando ya estaba detenido es que la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autoriza la aprehensión de Requesens “porque cometió delitos de naturaleza permanente”, lo que le abogado desmiente al destacar que “Requesens está siendo acusado hoy en esta audiencia por Traición a la Patria, Terrorismo, asociación, instigación, posesión de armas y municiones y homicidio, ninguno de naturaleza permanente”, destacando que Traición a la Patria es un delito político.
Insta a la juez a que se declare incompetente “porque usted no es el Juez natural, no es el Juez competente y así como lo dijo la doctora Theresly Malavé que es la competencia especial de Terrorismo, es contra la Ley, esta competencia no aparece regulada en la norma adjetiva y la competencia en materia penales de orden público”.
“El Ministerio Público utilizó como premisa un video tomado a Juan Carlos Monasterio donde él manifiesta que el diputado Requesens lo ayudó a entrar y salir de un lugar; ese video lo hizo bajo tortura, bajo coacción y además ese video no lo va a encontrar promovido por nadie en este expediente”; también se refiere al video grabado a Requesens donde habla del paso de Monasterios, “que fue realizado bajo sustancias psicotrópicas y ese video tampoco forma parte del expediente, porque lo quisimos incorporar y la respuesta del Ministerio Publico es que no lo incorporan porque no aportaban nada a la investigación”, dijo el abogado Joel García.
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