Por el escándalo de corrupción en PDVSA, Colombia suspendió el plan para comprar gas venezolano

En una reunión de urgencia, la compañía colombiana Integral Energy Plus S.A.S decidió cancelar la operación

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Foto de archivo ilustrativa del logo de PDVSA en una refinería de la compañía en Willemstad, Curazao 
Abril 22, 2018. REUTERS/Andres Martinez Casares
Foto de archivo ilustrativa del logo de PDVSA en una refinería de la compañía en Willemstad, Curazao Abril 22, 2018. REUTERS/Andres Martinez Casares

Días atrás comenzó a circular la información de que empresas colombianas importaría gas venezolano. El plan generó mucha polémica pero la purga interna chavista por el entramado de corrupción en la petrolera venezolana PDVSA terminaron de frenar la iniciativa.

Es que el fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, confirmó las detenciones de un total de 25 personas, entre ellos 14 funcionarios del Estado y 11 empresarios.  Uno de los involucrados es Bernardo Arosio, quien es accionista de la sociedad Prodata Energy C.A. que iba a exportar desde Venezuela a Colombia el gas.

Por esta razón, a través de un comunicado, la compañía colombiana  Integral Energy Plus S.A.S informó que en una reunión de urgencia acordó disolver y liquidar de forma inmediata la sociedad, con lo que se suspendió el acuerdo de una posible importación de gas.

“En la mañana de hoy el Fiscal General de Venezuela anuncio que dentro de las personas imputadas en las investigaciones que se adelantan en dicho país por casos de corrupción se encuentra el señor Bernardo Arosio. Teniendo en cuenta que el señor Arosio es accionista de la sociedad Prodata Energy C.A., los accionistas de la empresa Integral Energy Plus S.A.S. se reunieron en la mañana de hoy en asamblea extraordinaria de accionistas y acordaron disolver y liquidar de forma inmediata la sociedad”, se lee en el comunicado.

El fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek Saab, en Caracas, Venezuela, el 25 de marzo de 2023. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
El fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek Saab, en Caracas, Venezuela, el 25 de marzo de 2023. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Además, aclaran que si bien Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., “su calidad de socio en Prodata Energy C.A., de la cual es accionista uno de los accionistas de Integral Energy Plus S.A.S. hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia”.

La sociedad colombiana reiteró que por el momento no se había adelantado ningún contrato de importación de gas, ya que este “estaba sujeto al visto bueno de la Office of Sanctions Coordination del US. Department of State del gobierno de los Estados Unidos, conforme a la solicitud que se presentó en noviembre de 2022″.

Continúa la purga

Este sábado, en una rueda de prensa, el fiscal chavista explicó que casi la totalidad de los implicados guardan relación con irregularidades cometidas dentro de la Superintendencia de Criptoactivos y la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de la estatal petrolera PDVSA.

De igual forma, adelantó que la Policía busca a otras 11 personas por estos hechos, que vinculan, de una forma que no fue aclarada todavía, al diputado oficialista Hugbel Roa, bajo arresto, y al ex ministro de Petróleo Tareck El Aissami, que renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones.

Durante la declaración, el funcionario mostró un video del material incautado, en el que se observan decenas de vehículos nuevos de alta gama y avionetas, sin especificar la cantidad de unidades encontradas ni el monto al que asciende el desfalco, una cifra que la Fiscalía espera presentar en los próximos días.

Entre los funcionarios detenidos destaca Antonio José Pérez Suárez -vicepresidente de comercio y suministros de PDVSA-, quien aparece como jefe principal de la estructura de corrupción; Joselit Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos; y Hugbel Rafael Roa, ex diputado que usaba su condición de parlamentario para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban.

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