Los objetivos de la purga de la Policía Contra la Corrupción son Tareck El Aissami y el general Néstor Reverol

El régimen venezolano ha desplegado una cacería contra una veintena de funcionarios, que realmente busca minar el poder de Tareck El Aissami y el general en jefe Néstor Luis Reverol Torres, la pieza militar más importante que ha tenido El Aissami. El alto oficial que se mueve más entre la sombra y alejado de las cámaras, tiene mucho poder sobre funcionarios claves de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y sobre poderosos negocios más allá del ecónomico. Maduro ha ido minando el poder de Reverol, quien ha sido ministro del Interior y Justicia, comandante general de la Guardia Nacional y ahora ministro de Energía Eléctrica. El objetivo principal, planificado en Cuba, es despejar el camino para quien ocupe el poder y mantenga la vigencia de la revolución bolivariana. En el juego de ajedrez que se ha desatado con las detenciones, la mayoría serán peones, algunos caballos y otros alfiles.

El grupo más cercano de El Aissmi lo integran miembros del Grupo Utopía 78, que nace en el año 1992, y con el que el ahora ex ministro de Petróleo logró, en su epoca de estudiante en la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida, el triunfo en el Centro de Estudiantes de la prestigiosa casa de estudios. El Aissami como el ex minisro Haiman El Troudi, fueron figuras relevantes de Utopía 78.

No es casual que entre el equipo de El Aissami estén egresados de Derecho o Criminología de la ULA, entre ellos los ahora detenidos: jefe de la Superintendente Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho; el abogado y politólogo Hugbel Rafael Roa Carucci, quien es diputado por el estado Trujillo, ex ministro de Educación, Ciencia y Tecnología; ex diputado Edwin Antonio Rojas Mata, quien en la época de mayor poder de El Aissami, fue nombrado Gobernador del estado Sucre, después que obligaron a Luis Acuña a abandonar el cargo; como los anteriores Rojas es egresado de la ULA.

Hay una relación estrecha entre los casos del Pelón Cheremos por el que detuvieron a jueces y el de los 3 mil millones de dólares de petróleo de PDVSA. He aquí las caras más relevantes.

Superintendente Nacional de Criptoactivos de Venezuela

Contra Ramírez cursa un caso en el distrito sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU; lo acusaron de prestarse para que se violaran las sanciones OFAC, además de conspiración para lavar dinero. Por información sobre él los EEUU ofrece 5 millones de dólares.

El régimen venezolano, con la Policía Contra la Corrupción, lo señala de ser parte de la presunta desaparición de 3 mil millones de dólares, producto de la venta de petróleo que debían entrar a las arcas estadales, pero que no se sabe a dónde fuero a parar.

Su relación con el ahora ex ministro Tareck El Aissami tiene años, quien siendo Vicepresidente Ejecutivo lo nombró director general del despacho. Muchos jóvenes abogados, la mayoría de ellos egresados de la Universidad en Mérida, se hicieron parte del equipo más cercano de El Aissami desde la época universitaria, lo han acompañado en su paso por la Gobernación de Aragua y más recientemente en la actividad relacionada al petróleo.

Ser jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), le dio a Ramírez el acceso a millonarios recursos por la venta de petróleo, de lo que 3 mil millones habri3an desaparecido.

Presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas

El 29 de octubre de 2022, en el auditorio de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue juramentado como juez de la Corte de Apelaciones y Presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Desde abril de 2022 también es primer suplente en la Sala Constitucional del TSJ. Desempeñó anteriormente un trabajo reconocido en materia de la Ley de Protección de Niños y Adolescentes, siendo integrante de la Comisión para la Reforma e Implantación de la LOPNA. Profesor en postgrado.

El 14 de diciembre de 2022, según resolución Nr. 2022-0008, publicada en gaceta Nr. 459.858 del 14 de febrero de 2023, Gladys Gutiérrez nombra a Cornieles como integrante de la recién creada Sala Especial Primera de la Sala Político Administrativa, que estudiaría los expedientes recibidos hasta noviembre del año 2022.

En el 2017, durante la ilegal de origen Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue consultor jurídico en esa instancia. Mantuvo estrecha relación con la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez Gómez; Perret fue juramentado como consultor jurídico del parlamento, según Resolución Nr. DP2021-005, publicada en Gaceta Oficial 42.048, del 15 de enero de 2021.

El Fondo Editorial “William Lara” de la Asamblea Nacional publicó su obra “Las medidas coercitivas unilaterales”, presentado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) en julio de 2022. Cuando Alí Rodríguez Araque estuvo como presidente de PDVSA, Cornieles ingresó como apoderado judicial de la estatal petrolera.

Venezuela lo nombró como uno de los tres representantes ante el Consejo Consultivo Honorario, que asesora a la Dirección de la Escuela Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.

El magistrado que el 24 de diciembre pasado cumplió 51 años, está detenido por el presunto cobro de comisiones relacionados a la liberación de Oswaldo José Cheremos Carrasquel alias Pelón Cheremos, detenido el 21 de octubre de 2022, en el municipio Pedro Zaraza, estado Guárico, por tráfico de arma de guerra y por integrar la mega banda Tren del Llano, pero fue dejado en libertad el 9 de enero de 2023 por instrucción de Mario Aquino, asistente de Cristóbal Cornieles Perret.

Juez contra Terrorismo

Sus víctimas lo señalaban como extremadamente cruel. Desbordaba misoginia contra las profesionales del derecho. Se ufanaba de ser protegido del diputado Diosdado Cabello. Varios escoltabas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), con armas de guerra, lo seguían, incluso al interior de las salas sonde celebraba las audiencias.

Hacía demostración de prepotencia. “Todos los presos de Macsimino coincidimos en que ese individuo demostraba gozo cuando nos presionaba para que nos declaráramos culpables de delitos sin haberlos cometidos. A mí me dijo ‘admite los hechos y en lugar de 30 años te lo dejo en 23 años solamente”, le revela a Infobae un preso político.

Un abogado que habló con Infobae recuerda una vez en que oyó cuando una letrada, intentando leer un expediente de uno de sus defendidos, le dijo a Macsimino Márquez: “Yo no puedo leer un expediente con un tipo sentado al lado mío, con un FAL casi apuntándome a la cabeza, así que dile a tu escolta que salga de aquí”.

Muchos abogados lo describen como “muy corrupto”, siempre agregando que “no era un secreto para nadie en los tribunales el cobro que hacía en aquellos casos donde no tenía la orden directa por ser de interés político, pero incluso en casos políticos negociaba determinados beneficios”.

Una abogada destaca que “durante una audiencia vi a Macsimino entrar con un escolta visiblemente armado. Cuando uno de los defensores le dijo que ese individuo no podía estar ahí porque no era parte de la audiencia, el juez le dijo ‘él se queda porque es parte de mi seguridad’. Imagina el concepto de respeto que Macsimino Márquez tienen por la ley y por todo lo que implica los sitios donde se desarrolla la audiencia”.

Varios abogados lo denunciaron y lo recusaron pero no hubo resultados alguno porque Márquez era un juez con el poder de la corrupción y mucho respaldo en las sombras. Solo por el caso Gedeón, contra el juez un solo abogado metió 25 escritos en contra, además de control judicial, apelación y hasta un Amparo Constitucional que duerme el sueño de los justos.

Márquez García tomó relevancia para los intereses del régimen venezolano con el caso de la Operación Aurora, luego tuvo la mayoría de los casos más emblemáticos, donde demostró arbitrariedad, violación al debido proceso, presión para que los imputados no aceptaran defensores privados sino defensores públicos, incluso con el que está en plena vigencia la Operación Gedeón.

Seguir leyendo: