La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela hizo una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño y acusó régimen de Nicolás Maduro de seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad.
La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe actualizado sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y aseguró que “serias violaciones a los derechos humanos se siguen llevando a cabo en Venezuela hasta la fecha”.
La misión aseguró que en la última temporada en el país las manifestaciones públicas se han visto sometidas a la intimidación de las fuerzas de seguridad del régimen, haciendo que las personas se sientan desprotegidas por carencia de justicia contra los funcionarios que han cometido crímenes contra los manifestantes.
Asimismo, aseguró que millones de personas continúan abandonado el país lo que se traduce en la éxodo de personas más grande de la historia reciente.
Las detenciones contra personas que se openen al régimen continúan siendo objeto de detenciones arbitrarias en Venezuela, “en relación con informes de asociaciones civiles 292 civiles y militares” siguen en codición de presos políticos por la dictadura chavista.
Además agregó que se ha adoptado una nueva forma de detenciones selectivas.
La misión continúa recibiendo reportes que demuestran que las personas detenidas y sus familiares reciben amenazas sistemáticas y que presentan dificultades para poder acceder a la alimentos y tratamientos médicos, así como restricciones para recibir visitas de sus abogados y parientes, al igual que violaciones al debido proceso.
Valiñas manifestó en la sesión su preocupación por las restricciones que padecen los venezolanos en cuanto a sus derechos civiles y democráticos, por lo que anunció que en este nuevo periodo la misión ha decidido tomar este flagelo como una prioridad en su investigación.
La presidenta de la misión aseguró que debido a la disminución de manifestaciones masivas por la intimidación estatal, en los últimos meses la persecucón de régimen se ha enfocado en personas específicas como periodistas, miembros de organizaciones sociales y opositores políticos.
Valiñas también aseguró que los ataques a la prensa se han intesificado en los últimos meses. Recordó que en el mes de septiembre 19 estaciones de radio fueron cerradas en el estado Táchira y otras 31 en Zulia.
La Misión Internacional Independiente de la ONU ya había presentado un informe en septiembre en el que denunciaba los críemenes cometidos tanto por el Sebin (siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar).
“Ambas agencias cometieron violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y entre éstos se incluyen la tortura y otros malos tratos, la violencia sexual y de género, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración”, subrayó ante el Consejo de la ONU, en esa oportunidad.
El informe, que se publicó y presentó en rueda de prensa, documentó al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares -algunas clandestinas- del Dgcim, así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del Sebin.
“Tanto el Sebin como la Dgcim utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas, a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violaciones o amenazas de violaciones, con el propósito de intimidarlas y humillarlas”, subrayó Valiñas.
La jefa de misión negó que los crímenes fueran cometidos por individuos aislados sin conexión con las jerarquías, ya que los órganos de inteligencia “forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores”.
Este plan fue orquestado “desde el más alto nivel político”, subrayó Valiñas.
En la actualización presentada este miércoles, estas denuncias fueron reiteradas por la presidenta de la misión quien aseguró que este tipo de abusos se siguen cometiendo de manera sistemática en el país, por lo que pidió auotirzación para acceder a Venezuela y continuar con las investigaciones.
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