El temible juez que aterrorizaba a los presos políticos está detenido por corrupción: “Cayó Macsimino”

La guerra interna en el chavismo empieza a hacer estallidos. La Policía Anticorrupción, una de las armas que la revolución inventó para justificar las acciones que toman según los intereses de sus grupos, está siendo usada para dar demostraciones de “justicia”. Lo que han demostrado las revoluciones es que todos los funcionarios son comodines desechables según se necesite, no importa cuánto haya servido a viles intereses ni cuanto poder haya tenido; ahora le tocó a uno de los jueces más crueles contra los presos políticos, el del Tribunal 4º Antiterrorista, José Macsimino Márquez García.

Siempre andaba escoltado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), quienes, violentando las normas legales, ingresaban a las audiencias preliminares o de presentación e incluso lo hacían con sus armas largas. Pregonaba que era protegido de Diosdado Cabello, lo que se infería como cierto ya que no solo sus escoltas eran funcionarios de ese organismo sino que juicios como los de la Operación Gedeón los realizó en las instalaciones del SEBIN. organismos controlado por Cabello Rondón a través del General en Jefe Gustavo González López.

Paradógico aun es que fueron funcionarios del SEBIN quienes detuvieron al juez Macsimino Márquez y lo llevaron el viernes a las instalaciones de El Helicoide, cárcel controlada por el SEBIN, lugar donde hay un número importante de víctimas de la violación al debido proceso por parte del juez. Cuando llegó detenido los presos eufóricos coreaban al unísono “cayó Macsimino, cayó Macsimino”. Muchos habrán aceptado la existencia de la justicia poética.

La excusa para detener al juez fue la liberación de Oswaldo José Cheremos Carrasquel, quien fue detenido, el 21 de octubre 2023, en el municipio Pedro Zaraza, estado Guárico, por tráfico de arma de guerra y por integrar la mega banda Tren del Llano. Alias “Pelón Cheremos” fue dejado en libertad el 9 de enero 2023 por instrucción de Mario Aquino, asistente del presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret. No se ha mencionado por qué el fiscal de ese caso no se opuso a la libertad del Pelón Cheremos, pero es evidente que está siendo protegido porque no fue detenido por ese caso.

Es importante destascar que la norma es que el presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas lo nombre el presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que correspondía a la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado. Pero no fue así y con el tema de la revolución judicial, alguien decidió que lo nombrara la Asamblea Nacional y es así como el nombramiento recae en Cristóbal Cornieles Perret, preparado en materia de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes (LOPNA), quien vive en una de las zonas más costosas de Caracas.

“En tribunales siempre se supo que Cornieles era un individuo muy cuestionado; el abogado Mario Aquino, asistente de Cornieles, entraba a las audiencias y se permitía decirle a los jueces, delante de los abogados y detenidos, qué debía hacer y qué decidir”, revela a Infobae un abogado.

Alias Pelón Cheremos aceitó el camino con contactos hasta la Asamblea Nacional (AN). “Con la asistente abogada del diputado Pedro Carreño, con Cornieles y Aquino, logró que el juez Macsimino Márquez le dieran medida cautelar de libertad bajo presentación cada 15 días”. La que recibió los 240 mil dólares, de parte de Oswaldo José Cheremos Carrasquel fue Loreannys Mariana Mejía Díaz.

Cuando se hace evidente que alias Pelón Cheremos está en libertad, lo detuvieron y entonces se preguntó extrañado, palabras más palabras menos, “¿Por qué me tienen aquí si yo pagué? Yo vengo del alto poder, de la Asamblea Nacional”. Después habría contado que dio 250 mil dólares en hacienda, carros y otras cosas. Desde ahí viene la detención de varios implicados.

José Macsimino Márquez García era mesonero en un restaurante de arepas en Caracas. Su nivel de servilismo a la revolución le permitió ser uno de los jueces predilectos para los expedientes de tipo político, entre ellos: Operación Aurora, que llevó a la cárcel a 12 indígenas, quienes fueron torturados e incomunicados en la DGCIM, uno de ellos, Salvador Franco, murió en la cárcel por falta de atención médica, cuando al entonces ministra Penitenciaria Mirelys Contreras no permitió su traslado al hospital. Tambien era el juez del caso Operación Gedeón.

Llevó el caso del asesinato de Carlos Lanz. Ordenó la detención de Nicmer Evans, director del portal de noticias PuntoDeCorte. También la de los dirigentes de Voluntad Popular: Freddy Guevara, Roland Carreño (Voluntad Popular). Son numerosos los militares y civiles que fueron víctimas del juez Macsimino Márquez.

Abogados en conversación con Infobae relataron las temerarias actuaciones del juez ahora detenido. “Macsimino llegó al extremo de llegar con funcionarios del SEBIN y sacar a un alguacil a punta de arma de un tribunal, porque hubo entrega de un dinero que entiendo era para el juez y el alguacil lo recibió y no se lo entregó; ese alguacil está preso todavía”.

Muchos abogados coinciden en que Márquez prohibía las apelaciones, se negaba al nombramiento de defensores privados y solo aceptaba defensores públicos en las audiencias de presentación. “Macsimino se prestó para hacer la audiencia de la Operación Gedeón en la sede del SEBIN, lo que es gravísimo desde el punto de vista del debido proceso, porque obligaba así a los detenidos a sentirse coaccionados en el organismo que los detuvo y los torturó”.

Otro hecho recurrente en el juez preso es que se negaba a dar copia de los expedientes. “Humillaba a muchas mujeres abogadas y las sacaba del tribunal, las ofendía con adjetivos descalificativos”. Un grupo de abogados del estado Apure renunció porque cuando pretendieron ejercer un recurso de apelación, Macsimino Márquez los amenazó con meterlos presos.

También se daba a la tarea de decirles a los detenidos que no contrataran a tal o cual abogado porque eran peligrosos y que podía perjudicarles el caso si nombraban a esos abogados.

Profesionales del derechos, que hablaron con Infobae, precisaron que lo anterior sucedía especialmente con los casos políticos, pero los que no lo eran les tenía tarifas. “Un abogado que salió del tribunal, narró a otros abogados que Macsimino Márquez le pidió 10 mil dólares por un trámite. ‘Juez pero puede dejarlo en 5 mil dólares, porque esa persona no tiene tanto dinero’. La respuesta del juez fue ‘Mi mercado no vale 5 mil dólares’. Ahí se sabía lo que él hacia. Y ante cualquier presión o reclamo decía que se lo diría a Diosdado Cabello”.

Las actuaciones del juez Márquez eran del conocimiento del presidente del Circuito Penal. ‘En varias de las audiencias llegó a decir: “yo sé que usted es inocente, pero si yo no lo meto preso a usted, me meten preso a mí’. Se creía intocable, violentaba la Ley, escondía los expedientes y funcionaba en complicidad con los fiscales y con la secretaria Fabiola Torrealba, su cómplice”.

La historia del teniente (GNB) Richard Rafael Alemán Castellano, de la Operación Puerta Morocha que aparece en el expediente de Operación Gedeón, es dolorosa y terrible. El juez Macsimino Márquez se encargó de dejar impune la violación de los derechos humanos del oficial retirado y a su vez violentar del debido proceso de la familia Alemán.

La DGCIM detuvo al Capitán Erickson Alexander Chaya Barroeta, cuñado del teniente Alemán Castellano, a las hermanas Yolimar y Andreína Aleman Castellano. El juez Macsimino lo convenció de incriminar a otras personas a cambio de liberar a sus hermanas y en caso de negarse detendrían a sus padres. Alemán no tuvo más alternativa que ceder a la presión, pero aun así sus hermanas y su cuñado siguieron presos. En una de las audiencias Richard Aleman le dijo al juez “usted me prometió que los liberaría si implicaba a varias personas y yo lo hice aunque sé que son inocentes”.

El capitán activo del Ejército Alfredo Saba Peña Díaz narró en la denuncia que hizo por tortura cómo fue golpeado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pero lo más signficativo fue lo que manifestó cuando vio al juez Márquez García en los tribunales y quien inicialmente no se identificó y le preguntó que si lo habían golpeado. “Mi respuesta fue que sí y él me dijo que no me preocupara que eso era normal en estos casos y que él daría la orden para que no me golpearan más. Se metió en una oficina de la cual salió después para identificarse como Juez y como quien realizaría la audiencia”.

Antes de salir del DGCIM hacia el Tribunal la capitana Carla Da’Silva le dijo al capitán Peña que ya estyaba hablado con el juez Márquez para que hiciera una delación y le colocarían el delito menor de “porte ilícito de armas” con medida bajo presentación. El capitán le creyó, pero lo engañó y el juez, al final de la audiencia, dijo que tenía los delitos de terrorismo, tráfico de armas y asociación para delinquir.

Dijo Peña que “cuando concluyó la audiencia el Juez me pregunta ‘¿sabe lo que es una orden?’, respondí que sí. ‘Bueno, yo sé que tú eres inocente, pero yo estoy cumpliendo órdenes’. Le pregunté que para qué ese show si ya tenía una orden. Me trasladaron para el DGCIM aunque la orden de reclusión fue para Ramo Verde, pero en Dgcim pero tuvieron varios días preguntándome dónde estaba la camioneta y preguntando por dinero”.

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