Opositores venezolanos calificaron como un gran paso la orden de la CPI para arrestar a Putin: “Maduro es el próximo”

“Maduro es el próximo”, se ilusionaban los venezolanos en las redes sociales cuando la noticias sobre orden de arresto contra el jefe de Kremlin circulaba frenéticamente. De hecho, los opositores venezolanos Julio Borges y Juan Guaidó respaldaron y calificaron como un “gran paso” la medida emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación de niños ucranianos.

“La orden de detención contra Putin es un gran paso para resarcir a tantas víctimas de crímenes de guerra. Esto demuestra que la justicia siempre vencerá al mal”, indicó Borges en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Venezuela también tendrá justicia y los responsables de crímenes de Lesa Humanidad serán procesados”.

Por su parte, Guaidó calificó de “abominables” los “crímenes de guerra” cometidos por Putin.

“Son abominables los crímenes de guerra cometidos por Putin. Deportar a la fuerza a niños ucranianos a Rusia es repugnante. Este tipo de atrocidades son las que apoya Maduro. Todos en el mundo deben condenar lo ocurrido y respaldar la búsqueda de justicia por parte de la CPI”, expresó.

La CPI emitió este viernes una orden de arresto contra Putin, como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.

La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.

El jefe de la Duma o cámara de diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, aseguró hoy que “cualquier ataque” contra el presidente Putin es considerado una “agresión” contra el país, en alusión a la orden de arresto.

Además, el jefe del Comité de Instrucción de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó lanzar una investigación sobre lo que llamó “emisión ilegal por parte del Tribunal Penal Internacional de una orden de arresto contra un ciudadano ruso”.

La Corte Penal Internacional comenzó el pasado 5 de diciembre el proceso para recibir las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El organismo facilitó en su página web un formulario para que las víctimas expliquen su caso y compartan la documentación necesaria.

La Corte abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del régimen en la represión de las multitudinarias protestas contra Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.

El pasado mes de noviembre el fiscal Karim Khan presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares I del organismo solicitando una autorización para que su oficina reanude su investigación en la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Esto, pese al pedido de aplazamiento realizado por la dictadura de Maduro.

Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, Khan ha concluido que “el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación”, indicó en un comunicado.

A fines de marzo del año pasado, en el marco de su visita a Caracas, Karim Khan anunció que la CPI abriría una oficina en Venezuela, luego de que en noviembre de 2021 decidiera abrir una investigación al país caribeño para determinar si se produjeron crímenes de lesa humanidad, tal y como denuncian la oposición y diversas organizaciones no gubernamentales, y a pesar de todos los esfuerzos del régimen chavista para dilatar el proceso en el tribunal internacional.

De esta manera, los resultados de la selección de las denuncias presentadas ante la CPI fueron presentados ante la Sala de Cuestiones Preliminares I hasta el pasado 7 de marzo.

Las investigaciones que se han venido realizando sobre la situación en Venezuela son concluyentes.

La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó en septiembre del año pasado su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar.

Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.

El contundente reporte concluyó que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.

La Misión documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por las fuerzas de la dcitadura chavista desde 2014 hasta la actualidad. La violencia y la persecución, afirma claramente el documento, es sistemática. No se trata de excesos de las fuerzas de seguridad, no se tratan de hechos aislados: en Venezuela hay un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolás Maduro”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Los investigadores documentaron los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos: posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua; golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o de violencia adicional; amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas; y estar encadenado durante largos períodos de tiempo.

Las torturas tenían lugar en la sede del DGCIM en Boleíta, Caracas, y en una red de 17 centros de detención clandestinos en todo el país.

Michelle Bachelet, ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, también constató en reiterados informes durante su gestión graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La ex presidenta de Chile fue detallando año tras año la situación en el país caribeño, y en sus contundentes reportes denunció torturas, asesinatos, crisis sanitaria y migratoria, e inacción por parte del régimen de Maduro ante las denuncias.

En marzo del año pasado, en una nueva actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Bachelet reiteró, entre otras cosas, que “todos los detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad y debe garantizarse el debido proceso”, al tiempo que exigió que reciban “atención médica adecuada”.

Asimismo, denunció atropellos contra la libertad de prensa y de expresión, y expresó su preocupación “por la falta de disponibilidad de información pública”.

Otros organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Human Rights Watch, entre otros, también son férreos denunciantes de las violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.

En base a estas y otras tantas pruebas, la Corte de La Haya no sólo tiene en la mira a Maduro. Lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el dictador pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del estado venezolano. El listado es confidencial, pero de acuerdo al periodo investigado y las posiciones de poder en el organigrama del régimen, estos son los hombres y mujeres clave de la dictadura que pueden ser condenados por la CPI por delitos de lesa humanidad: Nicolás Maduro Moros (dictador de Venezuela); Tareck El Aissami (Vicepresidente hasta el 14 de junio de 2018); Vladimir Padrino López (Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional de 2014 a 2017; Ministro de Defensa -cargo actual-); Delcy Eloína Rodríguez Gómez (Vicepresidenta del régimen de Venezuela. Ministra de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2017. Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hasta el 14 de junio de 2018); Diosdado Cabello Rondón (Vicepresidente del PSUV, diputado chavista y presidente de la Asamblea Paralela que montó la dictadura para desplazar al Parlamento electo democráticamente); Maikel Moreno (desde febrero de 2017 es presidente del Tribunal Supremo de Justicia); Tarek William Saab (Fiscal general de Venezuela desde 2017); Jorge Arreaza Montserrat (Ministro de Relaciones Exteriores de 2017 a 2021); Antonio Benavides Torres (Mayor General, fue Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana desde julio 2016 hasta enero 2018); Carlos Alfredo Pérez Ampueda (General de Brigada, Director de la Policía Nacional Bolivariana desde marzo 2017 hasta mayo 2019); y Néstor Luis Reverol Torres (entre 2014 y 2016 se desempeñó como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana); entre otros.

Todos ellos fueron determinantes en la cadena del horror: o bien porque participaron en la toma de decisión y ejecución de la brutal represión, o porque desde la Justicia sepultaron cualquier tipo de investigación imparcial que garantizara el debido proceso.

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