A 10 años de la muerte de Chávez: 10 medidas de Maduro para consolidar la dictadura en Venezuela

El 5 de marzo de 2013 Nicolás Maduro apareció en cadena nacional de radio y televisión y anunció lo que se venía especulando desde días previos: Hugo Rafael Chávez Frías había fallecido tras 15 años gobernando Venezuela.

Si bien el de Chávez fue un gobierno autoritario -que persiguió a opositores, cerró medios de comunicación críticos y buscó controlar todos los poderes del Estado-, al día de su muerte aún existían en Venezuela algunos contrapesos que mantenían vivo un mínimo Estado de Derecho.

Sin embargo, al ascender al poder Maduro siguió el camino iniciado por Chávez y llevó al país a su década más oscura, una década sangrienta que puso fin a más de 50 años de democracia.

A continuación un recuento de 10 pasos seguidos por Maduro en estos 10 años para consolidar la dictadura en Venezuela:

La hegemonía comunicacional que comenzó a imponer Hugo Chávez, quien dio el primer zarpazo en 2007 con el cierre de RCTV, el canal pionero de Venezuela, fue completada por Maduro.

Durante estos 10 años de Maduro en el poder, más de 200 medios de comunicación han sido cerrados, decenas de periodistas arrestados y siete trabajadores de la prensa asesinados, de acuerdo a los registros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). En total, en esta década entre 2013 y 2023 se han documentado más de 3.200 casos de violaciones a la libertad de expresión según la ONG Espacio Público.

Con la llegada de Maduro, los pocos medios críticos que quedaban en el país terminaron de ser asfixiados hasta su clausura o venta. El canal de noticias Globovisión, la única televisora opositora que quedaba en Venezuela, fue vendido en 2013 a testaferros chavistas que hoy día están prófugos de la Justicia estadounidense, que los acusa de sobornos y lavado de dinero. Mismo camino siguieron importantes periódicos como Últimas Noticias o El Universal.

En paralelo, el régimen restringió la importación de papel para asfixiar a los diarios que se negaron a arrodillarse, por lo que decenas de periódicos locales dejaron de circular. Uno de los casos más representativos fue el del diario El Nacional, que hasta su sede fue incautada y puesta bajo el control del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

En el caso de las emisoras de radio se desató una cacería y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sólo en 2022 cerró más de un centenar de estaciones. Las radios que aún sobreviven lo hacen bajo una fuerte autocensura de sus locutores y periodistas, que evitan entrevistar a líderes opositores o hacer críticas al régimen.

Por si fuera poco, los canales de televisión internacionales que informan sobre la crisis en Venezuela -como CNN en Español, NTN24 o Todo Noticias- fueron sacados del aire de las cableras y empresas satelitales.

En este contexto, el único espacio libre que les queda a los venezolanos para informarse y expresarse es internet. Sin embargo, los portales de noticias -como Infobae- son sistemáticamente bloqueados para que no se pueda acceder desde Venezuela, y decenas de personas han sido detenidas por publicar mensajes críticos en redes sociales como Twitter.

“¡Que les echen gas del bueno!”, es una de las frases célebres de Hugo Chávez. Pronunciada en 2009 en cadena nacional cuando ordenó reprimir a estudiantes universitarios que protestaban contra la enmienda constitucional que buscaba imponer la reelección indefinida.

Siguiendo los pasos de su padre político, Maduro desató en Venezuela una maquinaria represiva que lo ha llevado a ser el único presidente en ejercicio en Latinoamérica con una investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.

En esta década el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) ha contabilizado más de 300 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones callejeras. La mayoría de ellas murieron por disparos de militares, policías y grupos paramilitares chavistas (conocidos como colectivos).

A esas víctimas en protestas se suman al menos 18.000 personas que murieron por presuntas ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad en barrios pobres, como parte del control social para infundir temor y evitar protestas populares según ha denunciado Human Rights Watch (HRW).

La maquinaria represiva también incluye arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y torturas. Antes de que Maduro llegara al poder, Chávez ya tenía una treintena de presos políticos. Una cifra que se multiplicó en los últimos 10 años.

Entre 2013 y 2023, más de 15.700 personas han sido detenidas arbitrariamente por razones políticas y sometidas a procedimientos judiciales vulnerando su derecho a un debido proceso. De acuerdo a la ONG Foro Penal, actualmente en Venezuela persisten 269 presos políticos, de los cuales 256 son hombres y 13 mujeres, y 119 son civiles y 150 militares.

Durante esta década,10 presos políticos han muerto bajo custodia del régimen, algunos por ser sometidos a condiciones de reclusión inhumanas, en las que no se garantiza el acceso a un médico de confianza a pesar de sufrir problemas de salud, como el exministro Raúl Isaías Baduel. Otros, por ser torturados hasta la muerte, como el exconcejal Fernando Albán, que fue lanzado al vacío desde el décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), o el capitán Rafael Acosta Arévalo, que fue asesinado mientras se encontraba Michelle Bachelet en Caracas en una visita oficial de Naciones Unidas..

Estas sistemáticas violaciones a los derechos humanos han sido documentadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos.

“¡Te voy a barrer del mapa político venezolano! desgraciado, bandido, hampón, mafioso, corrupto y ladrón!”, gritó en televisión Hugo Chávez en 2008 al amenazar con cárcel al entonces gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, que se vio obligado a exiliarse en Perú. Dos años antes Rosales se había enfrentado a Chávez como candidato unitario de la oposición en las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006.

Esta persecución que inició Chávez para acabar con los principales líderes opositores, fue ampliada y masificada por Maduro. En los últimos años el régimen chavista forzó el exilio de cientos de dirigentes políticos.

Una de las figuras más destacadas ha sido el ex alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, quien fue encarcelado arbitrariamente en el año 2014 en una prisión militar. En 2019 López logró escapar de Venezuela y exiliarse en España, donde también está el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien en 2017 logró fugarse del arresto domiciliario al que había sido sometido.

Pero otro mecanismo utilizado por el régimen chavista para acabar con la disidencia ha sido la imposición de inhabilitaciones que les impiden presentarse como candidatos en las elecciones y ejercer cargos públicos, una medida calificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violatoria del derecho a la participación política.

Estas inhabilitaciones han sido impuestas contra unos 2.000 dirigentes opositores en dos décadas de chavismo, entre ellos el dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, que en 2017 fue inhabilitado por 15 años lo que le impediría postularse para la elección presidencial de 2024.

La Constituyente impulsada por Hugo Chávez a su llegada a la presidencia en 1998 cambió por completo el sistema de poderes públicos que funcionaba en Venezuela. Con ello, el chavismo logró ubicar en cargos clave a funcionarios leales y comenzó a erosionar la separación de poderes en el país.

Este proceso se aceleró en 2004 con la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que modificó la composición de la máxima corte. En ese entonces HRW ya advertía que la independencia del Poder Judicial estaba amenazada en Venezuela.

Pero el fin del Estado de Derecho se concretó tras la llegada de Maduro al poder. Luego de que en 2015 la oposición ganara por amplia mayoría las elecciones legislativas, en 2016 el Tribunal Supremo controlado por el chavismo obstruyó el funcionamiento del parlamento y un año después emitió una serie de sentencias en las que arrebataba las competencias y facultades de la Asamblea Nacional.

La ruptura del orden democrático producida en 2017 con este golpe al parlamento fue denunciada por la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que hasta ese momento era aliada del chavismo.

Ante esto, Maduro impuso una asamblea constituyente paralela a la Asamblea Nacional opositora, y desde este órgano destituyó a la fiscal Ortega Díaz quien tuvo que exiliarse en Colombia. En su lugar fue nombrado como nuevo fiscal general el exgobernador chavista Tarek William Saab, quien se ha mantenido leal al régimen.

Actualmente Maduro controla todos los poderes del Estado: la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y, especialmente, el Tribunal Supremo de Justicia.

Esta falta de independencia del Poder Judicial es lo que ha llevado a la Corte Penal Internacional a declararse competente para abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El desconocimiento de los triunfos electorales de la oposición ha sido una constante del chavismo. Luego de que en 2008 el opositor Antonio Ledezma resultara electo como alcalde metropolitano de Caracas, Hugo Chávez lo despojó de sus competencias y recursos, convirtiendo a la Alcaldía en un cascarón vacío. Hasta el edificio de la sede municipal le fue arrebatado.

Con la llegada de Maduro al poder esta política fue extendida a todo el país, imponiendo los denominados “protectores”, funcionarios chavistas paralelos a los alcaldes y gobernadores opositores, pero con más recursos que las autoridades legítimamente electas.

Sin embargo, esto no le bastó al régimen e incluso algunos alcalde opositores fueron destituidos de sus cargos, perseguidos y varios terminaron encarcelados en los centros de tortura, como fue el caso del ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.

Los alcaldes de importantes localidades como Chacao, Ramón Muchacho; de El Hatillo, David Smolansky; de San Diego, Enzo Scarano; y de Lecheria, Gustavo Marcano, también fueron perseguidos y tuvieron que irse al exilio, por el simple hecho de permitir que en sus municipios se desarrollaran protestas en contra del régimen chavista.

Pero el mayor zarpazo, en cuanto al desconocimiento de los triunfos opositores, ocurrió luego de que en 2015 la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganara por amplia mayoría en las elecciones legislativas. El chavismo anuló la elección de los diputados del estado Amazonas para impedir así que la oposición alcanzara los 112 diputados, es decir las dos terceras partes, que les permitiría aprobar leyes orgánicas, reformas constitucionales e incluso destituir a Maduro declarando su vacancia.

A partir de esa elección quedó en evidencia que el chavismo era minoría en Venezuela y Maduro comprendió que la única manera de imponerse en unos comicios era manipulando el sistema electoral.

En 2017, para imponer la Asamblea Constituyente se realizaron elecciones fraudulentas. La empresa trasnacional Smartmatic, que brindaba soporte técnico al Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció que la votación fue adulterada e inflada. Ese mismo año el régimen cometió fraude en las elecciones regionales, donde le arrebató el triunfo a candidatos opositores como Andrés Velásquez y Carlos Ocariz en los estratégicos estados de Bolívar y Miranda.

En 2018, cuando correspondía realizar elecciones presidenciales, el calendario electoral fue manipulado arbitrariamente y las elecciones adelantadas a conveniencia de Maduro, quien se negó a ofrecer las condiciones electorales que la oposición demandaba en la mesa de negociación que se instaló en República Dominicana.

Dichos comicios fueron repudiados por la comunidad internacional, al considerar que no fueron unas elecciones limpias, justas ni transparentes, y el nuevo mandato de Maduro fue desconocido por casi 60 países.

A partir de 2017, cuando el régimen dio el golpe al parlamento y se quebró el orden democrático en Venezuela, también se produjo una ruptura por parte de diversas figuras del chavismo que comenzaron a manifestar públicamente sus diferencias con Nicolás Maduro.

Una de las más relevantes fue la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que fue destituida, perseguida y forzada a exiliarse en Colombia. Pero ese año también fue destituido uno de los hombres más poderosos y leales de Chávez, el exministro Rafael Ramírez, quien estuvo al frente de la estatal PDVSA durante más de una década, manejando la gran caja de petrodólares que ingresó al país, y fue acusado de varios casos de corrupción.

Un año después de la llegada de Maduro al poder, Ramírez fue desplazado de PDVSA y designado como embajador ante las Naciones Unidas, cargo que ocupó hasta 2017 cuando fue destituido tras expresar críticas hacia el gobierno. Desde entonces el régimen desató una cacería en contra de Ramírez, quien ha dicho que estaría dispuesto a enfrentar a Maduro en unas elecciones si se le permite volver al país. El exministro chavista está exiliado en Italia, que se ha negado a extraditarlo a Venezuela como reclama el régimen. Mientras, sus familiares también han sido perseguidos y sus propiedades en Venezuela fueron incautadas.

Otro que rompió con Maduro fue el mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien se desempeñó como su ministro de Interior en sus dos primeros años de gobierno y fue el comandante de la represión desatada en contra de las protestas de 2014.

En 2017 Rodríguez Torres también comenzó a hacer críticas públicas contra Maduro. Al año siguiente, a meses de las elecciones presidenciales, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos con el objetivo de impedir que se presentara como candidato. Ese año fue detenido y encerrado en uno de los centros de tortura que él mismo había creado cuando fue ministro. En enero de 2023 fue desterrado a España.

Pero quizás uno de los casos más ilustrativos de la purga que Maduro ha llevado a cabo dentro del chavismo es el del ex ministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel. El 12 de enero de 2017 Baduel fue sacado de su casa, donde cumplía arresto domiciliario por un caso de presunta corrupción, y trasladado a una prisión. A pesar de que su pena se cumplía en marzo de ese año, el régimen le imputó nuevos delitos para ampliar su condena y mantenerlo tras las rejas en el centro de torturas conocido como La Tumba.

La saña de Maduro contra el general Baduel fue tal que dos de sus hijos. Raúl Emilio Baduel y Josnars Adolfo Baduel también fueron encarcelados. Este último aún sigue en prisión.

En 2018, mediante un decreto presidencial, el ex ministro fue degradado y destituido de la Fuerza Armada Nacional. Dos años después, Baduel fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Fuerte Tiuna. Allí, sin un médico de su confianza, fue sometido el 23 de diciembre de 2020 a una cirugía clandestina, que agravó su estado de salud y terminó provocando su muerte el 12 de octubre de 2021.

La maniobra más reciente de Maduro en contra del chavismo crítico apunta a intervenir el histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV), que desde 2020 rompió con el régimen acusándolo de aplicar una política neoliberal.

En medio del cáncer que padecía, en 2012 Hugo Chávez se lanzó a una campaña electoral histórica. No tuvo precedentes el derroche de recursos con el objetivo de conseguir el apoyo de los votantes para su tercera reelección. Ese año el gasto público creció entre 30% y 50%, según diversas estimaciones, y el déficit fiscal aumentó cerca del 10% del PBI, de acuerdo a Capital Economics.

Con todo el dinero lanzado a la calle, y una inflación ya elevada que rondaba el 20%, Chávez le dejó a Maduro una bomba de tiempo que no tardó en explotar.

En tan solo un año Maduro ya había casi triplicado esa tasa de inflación, superando el 56% en 2013. Los años siguientes el alza de los precios entró en una espiral que llevó al país a una hiperinflación que alcanzó su punto más alto en 2018 con un 1.698.488 %.

En paralelo, el desabastecimiento de medicinas y productos básicos que ya venía registrándose desde los últimos años de gobierno de Chávez, se agravó. Los venezolanos tuvieron que comenzar a hacer inmensas filas en busca de alimentos para subsistir. Quienes no conseguían comprar, por la escasez o por el alto costo, no tuvieron más opción que reducir sus comidas. Entonces se popularizó la denominada “dieta de Maduro”. Algunos solo se alimentaban de los mangos que encontraban en los árboles de las calles. La Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello reveló que durante 2017 dos de cada tres habitantes de Venezuela perdieron en promedio 11 kilos por padecer inseguridad alimentaria. Por hambre.

Desde 2016 la oposición, que controlaba la Asamblea Nacional, ya advertía sobre esta emergencia humanitaria compleja. Pero el régimen se negó a aceptar el ingreso de la ayuda internacional.

Por el contrario, Maduro optó por diseñar un sistema de control social utilizando el hambre de los venezolanos. Consistió en la entrega de bolsas de alimentos de mala calidad, que eran suministrados a quienes se afiliaban al partido de gobierno y eran forzados a votar en su favor. Esto fue denunciado incluso por la expresidenta Michelle Bachelet en uno de sus lapidarios informes como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

Este programa, conocido como las Cajas Clap, además se convirtió en una de las mayores tramas de corrupción del régimen chavista orquestada por el testaferro de Maduro, el empresario colombiano Álex Saab, quien hoy está preso en Estados Unidos enfrentando cargos por lavado de dinero.

La emergencia humanitaria compleja creada por el régimen de Maduro y la sistemática violación de derechos humanos forzaron a millones de venezolanos a huir del país para sobrevivir. Es así cómo se provocó la mayor crisis migratoria de nuestro continente.

Sin embargo, la diáspora venezolana no empezó con Maduro. Desde la llegada de Chávez al poder comenzó una emigración, de menor proporción pero paulatina, de quienes tempranamente se dieron cuenta de los riesgos que representaba el modelo socialista que se buscaba instaurar en el país.

Primero fueron familias de clase media y alta las que decidieron irse de Venezuela. Con el paso de los años esa migración fue aumentando, registrándose picos luego de los procesos electorales en los que Chávez era reelecto. Así se fueron sumando a la diáspora miles de jóvenes universitarios, quienes salían de Venezuela en busca de un futuro y oportunidades que no encontraban en su país.

Pero tras la llegada de Maduro al poder el perfil de los migrantes fue cambiando. Luego de las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017, y la feroz represión desatada por el régimen, se comenzaron a ver oleadas de migrantes que escapaban de la violencia y la persecución política.

A esto se sumó la gran masa de venezolanos que tuvo que huir de la crisis económica y la emergencia humanitaria creada por la dictadura. Es así como en 2018 comenzamos a ver en el continente a los llamados “caminantes”, venezolanos que tuvieron que decidir entre quedarse en Venezuela muriendo de hambre o lanzarse a las carreteras, selvas o mares de Latinoamérica en busca de oportunidades.

Hasta la fecha la Plataforma de Coordinación Interagencial de la ONU contabiliza más de 7,1 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo.

Tras la crisis política de abril de 2002, en la que Hugo Chávez fue sacado del poder por 48 horas y luego retornado, el líder socialista comprendió que debía mantener leales a los militares.

Fue así como empezó a proclamar que su revolución era un movimiento “cívico-militar” y delegó parte del poder civil en los uniformados, al designar a funcionarios de las Fuerzas Armadas en importantes cargos de gobierno.

El 25,6% de los ministros que tuvo Chávez fueron militares. De los 152 funcionarios que pasaron por el gabinete durante su gobierno, 39 provenían del sector castrense, según ha documentado el periodista Franz Von Bergen.

Esta política fue continuada por Maduro, quien mantiene un registro similar de 38 ministros militares en una década, periodo en el que ha mantenido a la misma persona en el cargo de ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López.

Pero además del poder político de los militares, Maduro profundizó su poder económico y territorial al permitirles controlar y formar parte de redes criminales responsables de actividades ilícitas, como el contrabando de alimentos, el contrabando de combustible, el tráfico de oro y otros minerales, e incluso el tráfico de drogas.

Es así como altos funcionarios del régimen chavista, incluidos el propio Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, han sido acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo, por presuntamente estar involucrados en actividades relacionadas con la guerrilla colombiana de las FARC y con el denominado Cartel de los Soles, una organización narcotraficante integrada por militares venezolanos.

La sociedad civil venezolana fue uno de los muros de contención ante las pretensiones autoritarias de Hugo Chávez, quien en varias oportunidades intentó avanzar con proyectos para criminalizar a las ONG e impedir su financiamiento internacional.

Aunque Chávez no pudo concretar sus deseos, Maduro sí ha conseguido avanzar con este propósito de cerrar el espacio cívico en Venezuela. Tan solo en 2022 se registraron 396 ataques contra las ONG y los defensores de derechos humanos en el país.

Actualmente, en el parlamento chavista se discuten dos proyectos de ley que amenazan con ilegalizar y clausurar a las ONG que operan en el país, como ha hecho la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

Seguir leyendo: