Más de 400 presos de una cárcel del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, reciben malos tratos y son privados de varios derechos por no pagar extorsiones al cabecilla de los delincuentes en el centro de detención, según denunció este miércoles la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
En una nota de prensa, la organización detalló que se trata del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como Vista Hermosa, donde permanecen unos 1.790 privados de libertad, de los cuales “al menos unos 400 hombres son rechazados por el pran (líder de la cárcel), quien tiene el control”.
Los presos, prosigue el escrito, están obligados a pagar 20 dólares a la semana, y quienes no cumplan con esta cuota son expulsados y obligados a dormir a la intemperie y sin “derecho a recorrer las instalaciones, ni recibir visitas” o los alimentos que les llevan sus familias.
“Vista Hermosa tampoco escapa de las enfermedades que azotan a las cárceles venezolanas. Se pudo conocer que existen al menos 34 reclusos con tuberculosis y tres con VIH, quienes no reciben atención médica con regularidad y mucho menos el tratamiento adecuado”, afirmó la ONG.
El pasado mes de diciembre, el OVP aseguró que los líderes de las cárceles, conocidos como “pranes”, manejan “alrededor de cuatro millones de dólares al año” que obtienen a través de actividades ilícitas.
Explicó que, según sus registros, estos impuestos tienen de media un valor semanal de entre 25 y 50 dólares en las cárceles del país, y que son los familiares de los detenidos quienes deben costear el pago para garantizar el bienestar de los privados de libertad.
Agregó que el poder de los pranes “trasciende las paredes de las cárceles” y los convierte en jefes de estructuras criminales que extorsionan y asesinan para atacar a la ciudadanía en general.
El martes la ONG Foro Penal afirmó que en Venezuela hay 269 presos políticos, uno menos en comparación con su recuento anterior, difundido el pasado 7 de febrero.
En una imagen publicada en Twitter, la organización indicó que, de los 269 casos contabilizados, 256 son hombres y 13 son mujeres. Además, 119 son civiles y 150 militares.
Asimismo, detalló que, del total, 115 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal.
Según Foro Penal, se han registrado 15.777 “detenciones políticas” desde 2014 y, además de los llamados presos políticos, “más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.
El pasado 12 de febrero, la organización aseguró que, en 2022, “fueron reportadas un total de 26 detenciones con fines políticos”, 25 de estas aplicadas a civiles, tres de ellos mujeres, y una a un funcionario militar retirado.
Sobre el motivo de las detenciones, Foro Penal subrayó que 13 de ellas fueron por hechos asociados con “conspiración”, 9 se produjeron en el contexto de manifestaciones y 4 por “gestión pública”.
La ONG instó al régimen de Nicolás Maduro a que “respete el pedido de la comunidad internacional y de las organizaciones que defienden los derechos humanos, en cuanto al cese de las violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, que se ponga fin a la persecución y la represión y sean liberados” los “presos políticos que existen en Venezuela”.
(Con información de EFE)
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