Familiares de un coronel preso por acusaciones de Maduro y de una joven por relación con las FARC reclaman respeto a sus derechos

Los casos de dos personas, una es civil, el otro es militar, en los que se clama por justicia, respeto al debido proceso, asistencia médica y alimenticia. La impotencia de sus familiares los lleva como único recurso a denunciar a través de los medios de comunicación. La civil es María José Gualdrón Rivas, presa en la cárcel de Santa Ana, estado Táchira, acusada por relaciones con las disidencias de las FARC; el militar, es el coronel retirado de la Guardia Nacional, José de Jesús Gámez Bustamante, recluído en la cárcel 26 de Julio en San Juan de los Morros, estado Guárico. El padre de la mujer dice que no tiene dinero para pagar al fiscal y que la joven está pasando hambre. El coronel tiene tuberculosis lo que agrava la precaria situación de salud.

Ana Teresa Gámez Bustamante, le dice a Infobae: “Soy hermana del Coronel José Gámez Bustamante, quien está aquejado de una enfermedad motivado a las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias en las cárceles del país. Las autoridades del Ministerio Penitenciario han tratado de mantener en secreto la enfermedad de mi hermano, pero lo más grave es que no se le ha suministrado el tratamiento médico obligatorio necesario para combatir la enfermedad, retardado con inútiles procedimientos burocráticos el tratamiento”.

Relata que su hermano, el Coronel Gámez, “ha sufrido dos ACV y es paciente cardiopático, por lo que tememos que ocurra un desenlace fatal. Por lo tanto, estoy preocupada temiendo por su salud en ese centro penitenciario. Le pido que a través del medio de comunicación haga conocimiento de esta penosa enfermedad por la que está pasando mi hermano”.

Pide atención a la opinión pública nacional e internacional, “a las organizaciones no gubernamentales que velan por los Derechos Humanos y a los diferentes medios de comunicación para que se hagan voz de lo que sucede y evitar que mi hermano fallezca en ese lugar”, dice finalmente, resaltando que el coronel Gámez siempre fue un hombre honesto y trabajador.

Este oficial retirado de la Guardia Nacional fue detenido el 21 de enero de 2015, cuando Nicolás Maduro lo señaló a través de los medios de propaganda del Gobierno, de ser quien destruyó con fuego una res de abastos y lo señaló de pertenecer al Movimiento Uno.

Gámez Bustamante y su esposa Carmen Alicia Gutiérrez Acevedo son detenidos casi de inmediato por funcionarios policiales. Tiempo después su esposa fue liberada, mientras el oficial lleva ocho años preso, en condiciones infrahumanas, sin atención médica y en una cárcel para delitos comunes del estado Guárico, muy lejos de su familia.

El 15 de diciembre de 2022, María José Gualdrón Rivas fue condenada a cuatro años y seis meses. A ella la detuvieron, en abril de 2021, en un proceso muy irregular, porque la torturaron, no le permitieron comunicación con su familia ni defensa en el marco de la justicia. El problema surge por la relación que la joven tendría con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización guerrillera que mantuvo estrecha relación con altos funcionarios militares y políticos de la revolución bolivariana.

La situación no causó mayor atención hasta que, luego del Acuerdo de Paz que las FARC firmó con el Gobierno Colombiano, grupos disidentes de esa organización, especial el Décimo Frente y todo el grupo que aglutinó alias Gentil Duarte, se negaron a sumarse al proceso de paz, por lo que siguieron funcionando en territorio colombiano, así como venezolano.

Quizá no se habría desatado la crisis de no ser porque surgió otro grupo de las FARC, con Jesús Santrich e Iván Márquez, entre otros, quienes crearon la Segunda Marquetalia, la cual entró en conflicto con Gentil Duarte por el control del territorio en la frontera venezolana.

Ese conflicto entre los guerrilleros de las FARC puso en la mira a quienes estaban relacionados, de alguna manera, como colaboradores o amigos del Décimo Frente, principalmente por la batalla entre las disidencias de las FARC y el Ejército venezolano entre marzo y junio 2021.

En mayo de 2018, personas de Apure y quienes habían estado intercediendo por María José, le dijeron a Infobae que a ella la detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en la alcabala La Pedrera (Táchira), cuando se dirigía hacia Guasdualito (Apure), siendo trasladada de inmediato a la DGCIM Caracas.

Ni su familia ni amigos sabían nada de la joven. Pasaron 10 días cuando una familia la vio en el Teatro de Operaciones de Guasdualito, sede de la 92 Brigada de Caribes, lo que causó alarma porque estaba “muy golpeada”. Desde entonces permanece detenida y fue trasladada a la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira, donde a su familia le es imposible visitarla por lo lejos, las dificultades de transporte y no tener dinero. Los cuatro hijos de María José están en manos de sus familiares, para quienes la situación es crítica porque detuvieron a otros hermanos y primos a quienes llevaron presos para Caracas.

José Ricardo Gualdrón, padre de María José, vive en el municipio Páez del estado Apure y le dice a Infobae que “estamos sufriendo, aguantando hasta hambre, desnudez”, por lo que se dirige al Fiscal Tarek William Saab, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello que lo ayuden.

“Mi hija está pasando sufrimientos en esa cárcel de Santa Ana. Quiero que me la saquen de ahí; ella probó su inocencia. Nosotros somos pobres, no tengo dinero para pagar abogado, para pagarle a ese fiscal que está detrás del caso de mi hija; no tengo plata (dinero) para pagarle”.

Pide al Fiscal, Maduro y Diosdado que ordenen la liberación de su hija, destacando que “somos leales al proceso y todo el mundo lo sabe aquí. Estoy muy triste por todo lo que ha pasado con mi hija. Señor presidente Nicolás Maduro nosotros lo elegimos a usted para que gobierne, también para que perdone cuando cometemos errores. Si hay que elegirlo las veces que quiera, nosotros somos leales, yo y mi familia”.

“Quiero pedirle que suelte a mi hija María José, quien es madre de cuatro hijos, y tengo otro hijo allá en Caracas que también está preso. También quiero que libere a esos muchachos de la Corriente (Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, CRBZ). Vivimos en la frontera y estamos llevando broma por ese caso de las sanciones de EEUU”.

Dijo que “el salario no alcanza para nada” y relata que es muy triste porque son once personas en la familia. Y enfatiza que no ha podido visitar a su hijo preso en Caracas porque no tiene dinero.

Seguir leyendo: