La orden de Maduro es enfrentar a los docentes venezolanos y sustituirlos por estudiantes en el primer nivel educativo

Como parte de la bestial arremetida contra los docentes, desde el nivel de la educación primaria hasta el universitario, que desde hace tiempo lleva adelante el Gobierno de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica; tras la excusa del “derecho de la juventud estudiantil a organizarse en los consejos estudiantiles”, la intención es que estudiantes de educación media sustituyan a los maestros de la primera etapa de educación. Es la respuesta del régimen venezolano a los maetsros que no han abandonado la calle reclamando salarios dignos, porque los actuales oscilan entre los 7 y los 23 dólares mensuales.

Varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han dicho desde que los educadores arrancaron las protestas en enero 2023 que los maestros pueden ser sustituidos, incluso por estudiantes. Jorge Alberto Arreaza Monserrat, ministro para las Comunas y Movimientos sociales, así como Vicepresidente del PSUV y enlace de ese partido con el estado Barinas, dijo en un acto público: “Ustedes, que se están graduando de bachilleres, que ya se graduaron o que están en tercer año en adelante, ustedes también pueden dar clase en las escuelas, si se niegan a dar clase los maestros”.

Por otra parte, el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar dijo en un evento con miembros del PSUV “que con ayuda del Gobierno y del partido vamos a hacer un diagnóstico escuela por escuela”, con la intención de saber cuántos profesores o maestros tienen y cuántos no están asistiendo, para sí avanzar en tres direcciones: equipo político estadal, de la Jpsuv y municipales. “Vamos a asumir el trabajo voluntario, con. Una dos, tres y cuatro horas de clase”.

Agregó que “nos vamos a cubrir las vacantes de los profesores”, especificando que sería transitoria. Como segunda tarea, “usted va a buscar la nómina de profesores y educadores jubilados y jubiladas y vamos a reunirnos, señor Gobernador, y los que quieran los reincoporamos a las aulas de clase”, dijo el parlamentario con la seguridad que puede saltarse la Ley, que no hay división de poderes así que cualquiera puede ser empleador y sustituir a trabajadores que ejerzan el derecho a la protesta.

Fenasopadres ha dicho que objetivo final es el control político y social del estudiantado de educación media y, con ello, de la familia venezolana. “Viola abiertamente el derecho a la libre asociación y participación al establecer como derecho una forma de organización, como los consejos estudiantiles, por encima de cualquier forma de organización del movimiento estudiantil, obligando al estudiantado de educación media a alinearse en torno a organizaciones promovidas desde el Gobierno nacional”.

Está presente la temeraria intención, alerta Fenasopadres, de que menores de edad puedan, con ayuda de un representante legal, “constituir, inscribir y registrar personas jurídicas sin fines de lucro”, lo que en la legislación venezolana solo le está permitido a personas mayores de edad. Además, le quita el poder a que solo sean los padres o representantes quienes tengan la representación legal de un adolescente.

No es un acto improvisado, el sector de la educación venezolana ha sido brutalmente atacado con la reducción del presupuesto de las universidades, sueldos miserables de los docentes, abandono de las instituciones educativas. A eso se le suma la deserción escolar con números alarmantes de 190 mil alumnos que abandonaron el colegio entre el 2021 y 2022, según reflejó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de Venezuela, presentada por la Universidad Católica Andrés Bello.

Padres y representantes, así como docentes, han rechazado la intención de que la respuesta a las protestas sea sustituirlos por personas de la comunidad, estudiantes e incluso otros docentes que no ejercen.

Con intención de darle imagen de legitimidad y legalidad, la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, dijo que entregaba dicha Ley a un grupo de estudiantes y del viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, Wuikelman Paredes, quienes habían sido previamente invitados al Hemiciclo del salón de sesiones.

La excusa es que el objetivo es profundizar la inclusión de la democracia participativa y protagónica dentro de las escuelas, impulsando las vocerías en las instituciones educativas y legitimar los procesos de elección en las aulas por votos democráticos.

Aseguran que se incorpora “la no discriminación, el enfoque de igualdad y la equidad de género, la corresponsabilidad, el interés general y el orden público, además de la libre asociación en el ámbito escolar”.

Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional dijo, al anunciar la aprobación de la segunda discusión de la Ley, que la enviarán al Ejecutivo Nacional para su aprobacion, con lo que dan cumplimiento al Artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Para lo ateniente a la situación que se discute, tendría que haber citado el artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación: “La carrera docente constituye el sistema integral de ingreso, promoción, permanencia y egreso de quien la ejerce en instituciones educativas oficiales y privadas… Tendrán acceso a la carrera docente quienes sean profesionales de la docencia, siendo considerados como tales los que posean el título correspondiente otorgado por instituciones de educación universitaria para formar docentes”.

Durante muchos años, de revolución bolivariana, el deterioro del sector educación es evidente, quizá porque la mejor arma para controlar a un pueblo es la ignorancia y con ello la imposibilidad de que una persona ascienda en la escala social. Líderes de la revolución han reconocido que, entre más probres, más aliados tienen.

La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) calificó la Ley de Participación Estudiantil como violatoria del derecho a la libre asociación y participación de los estudiantes de educación media en Venezuela. El PSUV se excusa diciendo que la Ley busca “promover y desarrollar los medios para la participación protagónica y el ejercicio de la ciudadanía activa de los estudiantes de liceos y escuelas”.

En un comunicado, la Fenasopadres rechazó categóricamente “la decisión del Alto Gobierno Nacional de sustituir a los docentes en las aulas de clase en la escuelas oficiales por agentes externos, militantes de las UBCH y de otras organizaciones de carácter politico partidista, quienes no tienen las capacidades, preparación y competencias necesarias para desempeñarse como tales, lo cual agrava aún más la situación de Emergencia Humanitaria Compleja que impacta la educación desde hace varios años”.

Al igual que los docentes que se han mantenido protestando en la calle y que este 9 de febrero han llamado a otra protesta, dicen que el Gobierno Nacional, en lugar de atender las justas reclamaciones salariales de los docentes, “ha decidido condenarlos a la ignorancia, imponiendo que ciudadanos no calificados sustituyan a los maestros”.

La organización considera que el Gobierno Nacional está violando la Constitución y las leyes, el derecho a la Educación de calidad, libre, gratuita, inspirada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento e impartida por los profesionales mejor calificados. Además de violentar la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como tratados internacionales de derechos humanos que son ley en la República, entre otros, la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Hacen un llamado a los padres y representantes de cada plantel de educación para que repudien “masivamente la insólita decisión gubernamental, que viola flagrantemente el derecho de sus hijos a recibir educación de calidad, en espacios idóneos, con infraestructura en perfectas condiciones y garantizando el cumplimiento permanente de los programas sociales, tales como el Programa de Alimentación Escolar, dotación de útiles y uniformes escolares y transporte”.

Fenasopadres ha enfatizado en varios espacios que la Ley procura la vigilancia y control de los estudiantes a través de las instancias de organización y supervisión del gobierno de Nicolás Maduro. “Esta Ley tiene por objetivo central el control político y social del estudiantado de educación media e indirectamente de la familia venezolana”.

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