Hacía casi un mes y medio que la presidenta no iba a Santa Cruz, y la mitad de ese tiempo la policía provincial había estado de paro por un reclamo salarial. Aquel Día del Amigo Cristina Kirchner llegó a Río Gallegos y se instaló en su casa de Barrio Jardín, cerca de la Jefatura de Policía, expectante por los resultados de la negociación entre los representantes de los agentes y el gobernador Daniel Peralta.
Aunque lo había hecho en numerosas ocasiones como secretario de Trabajo de Néstor Kirchner en la provincia, Peralta se había negado a dialogar con los huelguistas. Había firmado por decreto un aumento del 34% y había pedido la asistencia de la Gendarmería para patrullar las localidades sin seguridad. Y ya.
Pero aquel viernes cambió de opinión y participó de una negociación larguísima, de casi ocho horas, al cabo de la cual se terminaron los 19 días de paro de la policía santacruceña. Una mejora salarial en dos partes y las promesas de reestructurar la fuerza y recibir mensualmente a los delegados lograron el acuerdo de todos.
El Indec reveló que el índice de actividad económica había registrado una caída interanual de 0,5% en mayo, una noticia que según la perspectiva política se comunicó como “Por primera vez en 34 meses se contrajo la economía” o “Por primera vez en 34 meses el gobierno reconoció la contracción económica”.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunció que estaría “detrás de cada uno de los temas que presentan las provincias”, ante las necesidades de asistencia financiera que se acumulaban. “La provincia de Buenos Aires no es la única que ha recibido asistencia extraordinaria”, dijo. Pronto le había seguido Santa Cruz.
En la ciudad de Buenos Aires los comerciantes de la avenida Sáenz, donde se expropiaban varios locales comerciales para extender la línea H del subte, cortaron la calle para protestar contra el gobierno de Mauricio Macri. Muchos trabajaban en la zona desde hacía décadas pero no eran propietarios de los locales: la indemnización no contemplaba valores como el fondo de comercio, sólo el terreno y las construcciones.
“El gobierno no responde nada, sólo con intimaciones y desalojos”, dijo uno de los afectados. “La semana próxima seguiremos con nuestro reclamo”. En atención a la gran cantidad de reclamos, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Alicia Pierini, presentó a la Legislatura un proyecto de ley.
Pero la noticia más importante del día llegó del exterior, de un suburbio de Denver, en Colorado: en una de las habituales masacres por la disposición irrestricta de armas, 12 personas murieron y casi 60 quedaron heridas en un cine. Al grito de “Soy el Guasón”, James Eagan Holmes entró a la sala de cine donde se estrenaba Batman: el caballero de la noche asciende, con un fusil semiautomático AR-15, una escopeta Remington, dos pistolas Glock y dos granadas de gas lacrimógeno.
Holmes disparó durante más de 10 minutos, y en la oscuridad el público confundió los tiros con efectos especiales de la película de Christopher Nolan.
El hecho sucedió en Aurora, a unos 35 kilómetros de Columbine, donde hubo otra famosa masacre en 1999, en una escuela secundaria: dos estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold, asesinaron a 12 estudiantes y un profesor dejaron dos docenas de heridos y se suicidaron.
Muchas salas suspendieron la proyección de la nueva entrega del Batman se Christian Bale. Holmes —quien sería condenado a cadena perpetua en 2015— fue detenido y anunció que su casa tenía trampas explosivas; la policía debió evacuar cinco edificios.
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