Ni te cases ni te embarques ni de tu casa de apartes: aquel viernes 13 estaba tan frío en Argentina que ni Jason se hubiera aventurado sin motivo a las calles. En su despacho de la gobernación, en La Plata, Daniel Scioli seguía sacando cuentas para ver dónde podía encontrar el dinero necesario para pagar los aguinaldos de los estatales bonaerenses, que habían rechazado su división en cuotas y continuarían con los paros.
La idea que se le ocurrió aquella mañana fue extender las licencias de 16 bingos que operaban en la provincia de Buenos Aires: si les daba otros 10 o 15 años podría conseguir de $1.000 millones a $1.500 millones. El gobierno nacional —que no le había dado los $2.300 millones que necesitaba y esperaba, sino $1.000 millones y un prolongado tirón de orejas en público— consideraba enviarle un adelanto de fondos para completar el pago en dos cuotas en lugar de cuatro, pero no sería gratis: tendría que imponer un aumento tributario en los sectores de más recursos.
El juez Luis Arias volvió a dejar sin efecto el fraccionamiento del aguinado, con lo cual el tiempo del actual ministro de Desarrollo Productivo de Alberto Fernández se acortaba: Scioli tenía cinco días para cumplir. Arias, además, advirtió a la Legislatura sobre las acciones del gobernador: “Se aparta de expresas previsiones legales”.
Luego de tres meses de juicio y una investigación de más de ocho años, la causa conocida como Cromañón II había pasado a sentencia con pedidos de prisión para todos los imputados. Pero el Tribunal Oral 24 sólo sentenció a Rafael Levy, el dueño del local donde hace 17 años murieron casi 200 personas y quedaron heridas más de 1.400, y en cambio absolvió a los tres funcionarios porteños acusados de permitir el funcionamiento del club en condiciones inaceptables: el ex secretario de Seguridad, Juan Carlos López; su segundo, Enrique Carelli y el ex director de Seguridad Privada, Vicente Rizzo. También el ex comisario Gabriel Sevald acusado de recibir coimas, fue absuelto.
Mientras el juez Marcelo Alvero leía el fallo, los familiares de las víctimas comenzaron a golpear el vidrio blindado que los separaba de magistrados, representantes y acusados. “Metan preso a alguien por el amor de Dios”, gritó uno. “Si tuviéramos plata estarían todos presos”, añadió otra.
Además, Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Llanos establecieron que la condena a cuatro años y medio para Levy, quien había alquilado el club a Omar Chabán, no se hiciera efectiva hasta que el fallo quedara firme luego de las apelaciones.
El genocida Jorge Videla y Santiago Riveros, ex jefe de la Zona IV de ejército, y de las instalaciones de Campo de Mayo donde desapareció el cadáver de Mario Roberto Santucho, debieron enfrentar sus versiones sobre el destino del cuerpo del líder del ERP. “Fue algo analizado por la Junta, fue una decisión compartida, una especie de pacto de silencio”, dijo Videla, y repitió que él dio la orden “de que el cuerpo no aparezca”.
Pero a diferencia de lo que había dicho meses antes, cuando aseguró que se lo había indicado a Riveros, fue más vago en el careo: “Supongo que el destinatario fue quien tenía responsabilidad en esa zona, que era Riveros, pero no sé si él la recibió”. No la había dado en persona, agregó, ni por escrito. Riveros no fue más preciso.
Como todos los viernes, el gabinete español se reunió, encabezado por el jefe de gobierno, Mariano Rajoy; como pocos viernes, aprobó un ajuste de €65.000 millones hasta 2014. En la Puerta del Sol de Madrid un millar de empleados públicos protestó por tercer día consecutivo, y hubo otras marchas en el País Vasco, Galicia, Valencia y Cataluña. Hubo disturbios frente a la sede del PSOE, al que los manifestantes acusaron de no saber actuar como oposición durante la crisis.
Frente a la sede del Partido Popular —“Ahí está la cueva de Alí Babá”, la definieron los manifestantes— cantaron: “Hunden al obrero, rescatan al banquero” y “Rajoy, si no tienes soluciones, convoca elecciones”. Tanto la Unión General de Trabajadores (UGT) como las Comisiones Obreras rechazaron el ajuste más duro de la historia reciente española, que incluía recortes al subsidio de desempleo, y convocaron a una gran manifestación el siguiente jueves 19.
También había gente reunida alrededor de la cancha de River, y el motivo era otra protesta: contra el presidente del club, Daniel Pasarella. La dirigencia del club, que acababa de regresar a la Primera A, había decidido que no renovaría los contratods de Alejandro Domínguez y Fernando Cavenaghi, que habían regresado de Europa cuando el club estaba en la B, y la publicación de los premios que habían recibido en la página del club desató la ira de 1.500 hinchas, que casi ingresaron al estadio.
El Monumental, dicho sea de paso, acababa de ser clausurado por 20 días por una larga lista de irregularidades —exceso de público, seguridad privada no autorizada, falta de iluminación de emergencia, equipos que no funcionaban, desprendimientos de hormigón— y había recibido una multa de $110.000. Poco antes, la tribuna de la barra brava había sido cerrada por el asesinato de un hincha.
A los 92 años y luego de sufrir Alzheimer murió Leda Valladares, la investigadora de la música argentina que trazó un mapa antropológico del folklore, una memoria popular de los sonidos del norte al sur del país. Había crecido en un hogar lleno de música en San Miguel de Tucumán: su padre era serenatero y su hermano Rolando, un artista del folklore. Allí conoció a músicos como Cuchi Leguizamón o el Mono Villegas. Si bien su obra se identifica con la pesquisa, la recopilación y el registro —”llegué y nunca más salí del mundo de la baguala”, dijo, “una música ancestral fabulosa”—, también fue compositora y dirigió el Fondo Nacional de las Artes.
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