Luego de una semana gélida, se esperaba que el viernes fuera el día más frío del año, con heladas, neblina y una máxima nacional de 13ºC. La ola polar —similar a la que se vivió hace pocos días— también arruinaría el sábado y el domingo; en el mejor de los casos, el clima comenzaría a ser más amable desde el martes. En la ciudad de Buenos Aires, la vicejefa de gobierno reforzaba un operativo para evitar las muertes por hipotermia: “Más de 700 trabajadores sociales recorren día y noche toda la ciudad para asistir a personas en situación de calle”, dijo sobre un problema que 10 años después persiste y ha empeorado. Las estufas y los calefactores habían acumulado un aumento de más del 40 por ciento.
La noticia principal del día fue sin embargo política: el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, había validado el pedido de nulidad de las elecciones en la CGT, a las que había llamado Hugo Moyano para el 12 de julio, y que los antimoyanistas rechazaron argumentando que no se había cumplido con el quórum en la convocatoria.
El secretario general de la central, que buscaba su reelección y enfrentaba al gobierno de Cristina Kirchner, lo negó: habían participado 21 de los 35 representatnes del consejo directivo. Tomada puso en cuestión la presencia de seis.
“Después de criminalizar la protesta social, sólo faltaba esto —declaró rápidamente Julio Piumato, de judiciales—. Intervenir en la vida interna de la CGT es violar la autonomía sindical”. Los moyanistas confirmaron que la votación se haría seis días más tarde y los opositores, que parecían unirse alrededor del metalúrgico Antonio Caló, comenzaron a hablar sobre su propia elección, en septiembre.
Si se tomaba una foto del sindicalismo argentino en aquel momento, la CGT —que ahora sigue con atención los pasos de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis— se había roto en tres pedazos: Moyano, sus opositores (Gordos e independientes) y los 56 gremios de la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo.
En la provincia de Buenos Aires los trabajadores estatales hacían otro día de paro, y resultó “absolutamente masivo”, según Roberto Baradel, secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y titular de Suteba. No hubo escuelas, hospitales ni administración pública.
Los mismo sucedería la semana siguiente, cuando el paro se extendería a 48 horas, el miércoles y el jueves. Y así seguirían hasta lograr su fin, agregó: “Que el gobernador Daniel Scioli dé marcha atrás y pague el aguinaldo en tiempo y forma”. Se hablaba incluso de no volver a las aulas luego de las vacaciones de invierno.
Scioli pensaba alternativas. Desde el día anterior hablaba con los legisladores bonaerenses para plantear que se declarase la emergencia económica. Pero a los gremios no les gustaba la opción: “No vamos a aceptar una ley que plantee más ajuste”, agregó Baradel. “Vamos a hablar con todos. Una ley así no puede pasar”.
La Legislatura no estaba muy receptiva a la propuesta del gobernador, en cualquier caso. El costo político sería altísimo para ellos: ponerle la firma al aguinaldo en cuotas, el origen del problema; jubilar por la fuerza a los que tuvieran la edad, reasignar los presupuestos, reprogramar deudas, vender inmuebles estatales. Muy crisis del 2001: sólo faltaban los patacones.
El kirchnerismo le informó que no tendría los votos: “Con ajuste neoliberal, no pasa. Con negocios inmobiliarios, no pasa”, sintetizó el vicegobernador Gabriel Mariotto. El fraccionamiento del aguinaldo saldría por decreto.
El juez Norberto Oyarbide había establecido una fianza de $4 millones para la libertad de Sergio Schoklender en la causa Sueños Compartidos por el presunto desvío de fondos estatales. Pero el ex apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo apeló y la Cámara Federal redujo la cifra —tanto para él como para su hermano, Pablo— a $40.000. La decisión le recordó a Oyarbide que el Código Procesal Penal prohíbe “fijar una caución de imposible cumplimiento para el imputado”, entre otras consideraciones.
Schoklender, que había acusado a Hebe de Bonafini y su hija Alejandra en sus declaraciones formales, agregó a la prensa que lo esperaba en la puerta del penal: “Detrás de todo esto están el ministro Julio De Vido y el funcionario Carlos Zannini”.
Luego de un año enferma, Serena Williams había vuelto en forma y lo mostró en Wimbledon: fue campeona por quinta vez —y fue su 14º grand slam— al ganarle a Agnieszka Radwanska, que sólo logro controlar un set.
Y la final de hombres mostraría un enfrentamiento histórico: luego de que Roger Federer derrotara a Novak Djokovic y Andy Murray a Jo-Wilfried Tsonga, quedó un dúo de gladiadores muy especial. Si ganaba su séptimo título en el All England, Federer volvería al primer puesto del ranking internacional. Y si el escocés Murray lo lograba, sería para él su primer trofeo en casa y para el Reino Unido el fin de 76 años sin campeones británicos.
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